El Ministerio de la Seguridad Social trabaja en un decreto para facilitar la devolución fraccionada, a plazos, de las prestaciones cobradas de manera “indebida”, como las denomina el organismo público cuando concluye finalmente que no le correspondían al beneficiario. Es una situación que puede afectar a cualquier prestación, como una pensión o prestaciones a los autónomos, pero que tiene un especial eco respecto al ingreso mínimo vital (IMV), por su volumen y los graves trastornos ocasionados a las familias afectadas por estas devoluciones.
El departamento que dirige José Luis Escrivá, ahora en funciones, ha llevado a Audiencia Pública un real decreto con varias medidas que modifican reglamentos de la Seguridad Social. Una ellas se refiere a la devolución “de las prestaciones indebidamente percibidas”, para facilitar el pago fraccionado a plazos de las personas afectadas, entre ellas las beneficiarias del ingreso mínimo vital, confirman fuentes del Ministerio.
El proyecto de real decreto recuerda que la posibilidad de solicitar la devolución en “diversos plazos” ya existía, “si bien su concesión, se vincula a la discrecional apreciación por el órgano competente para resolver de que la situación económica y demás circunstancias concurrentes impidan efectuar su reintegro en el plazo indicado en la reclamación”.
La Seguridad Social argumenta que “la experiencia adquirida en la práctica de gestión” de este procedimiento “aconseja, ahora, eliminar este factor de discrecionalidad en la resolución sobre las solicitudes de fraccionamiento del pago de las cantidades adeudadas, posibilitando su concesión en cualquier caso en que sea solicitado por el interesado”.
El proyecto de real decreto pretende, además, dar algo más de margen a las personas afectadas cuando no puedan cumplir con algún pago. “Se considera necesario atenuar los supuestos que dan lugar a entender revocada la autorización para el pago fraccionado”, argumenta el Ministerio en el texto.
En estos momentos, con “la falta de pago de uno solo de los plazos”, se procede a revocar esta opción de pago a plazos. La propuesta de la Seguridad Social plantea “que cabrá entender revocada dicha autorización únicamente cuando se produzca la falta de ingreso del importe correspondiente a tres de los plazos de fraccionamiento concedidos”.
El proyecto recoge que, una vez solicitado, los órganos de la Tesorería General de la Seguridad Social “establecerán dichos plazos de fraccionamiento, con un importe mínimo de 100 euros mensuales y hasta un máximo de cinco años”. En el caso del ingreso mínimo vital, hay cierta regulación específica sobre las devoluciones en caso de los hogares sigan percibiendo la ayuda contra la pobreza, con descuentos en la prestación, “garantizando el percibo del 30% mensual” de su cuantía.
Varias ONG y colectivos sociales, como la EAPN y RMI Tu Derecho, denuncian los estragos que están ocasionando las reclamaciones de la Seguridad Social de cobros indebidos a las personas beneficiarias de IMV, en riesgo de pobreza y con muy escaso margen para hacer frente a estos pagos.
“El problema va mucho más allá”, responde Hontanares Arranz, de RMI Tu Derecho, sobre la opción de facilitar la devolución a plazos de la ayuda. “El problema es que a una familia empobrecida le pidan la devolución de la prestación por sistemas de cálculos anacrónicos”, denuncia Arranz.
El ingreso mínimo vital se concede en función de la situación económica de los beneficiarios el año anterior. Después, las cuantías del IMV se revisan con más de un año de demora, según cómo ha evolucionado la situación de los hogares en ese periodo. En ocasiones, tienen como consecuencia la reclamación de cantidades muy cuantiosas, que acumulan muchos meses de percepción de la ayuda.
Hace unos días, la Cadena Ser informaba del caso del actor y doblador Jason Tigreros, de la serie Fariña, al que la Seguridad Social reclama casi 4.000 euros por la asignación de un IMV superior al que le correspondía según los ingresos que había acabado generando en el año en cuestión. Debe devolverlo “en seis cuotas”, explicó el afectado, un dinero que no tiene: “Prácticamente, estamos en la quiebra total”.
El Defensor del Pueblo ha advertido también de los problemas que genera este sistema de revisión. “Aun teniendo en consideración la complejidad de gestión del ingreso mínimo vital y el gran volumen de trabajo que genera, que puede conllevar una demora razonable en la tramitación de todas las revisiones y actualizaciones de las cuantías de la prestación, no parece adecuarse a los propios objetivos de la prestación el método de su actualización existente”, concluyó en su informe anual de 2022.
Según información facilitada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a la institución, “en 2021, tras la correspondiente actualización, se generaron prestaciones indebidas en 99.690 expedientes”. elDiario.es ha preguntado cuántas devoluciones de IMV se han cursado por la Seguridad Social, pero no ha obtenido respuesta del Ministerio.
En RMI Tu Derecho denuncian que el actual mecanismo de revisión genera un “gravísimo problema” a miles de familias cada año, de manera sistemática, por lo que exige su reforma. En concreto, destacan una situación “sangrante”: las reclamaciones de cobros indebidos de IMV que fueron reconocidos de oficio por la Seguridad Social, sin que sus beneficiarios lo hubieran solicitado. Por ejemplo, Vanessa explicaba esta situación a Infobae en esta pieza.
Hontanares Arranz denuncia que el “drama” de los cobros indebidos es que el IMV acaba “penalizando” a las familias empobrecidas, generando deudas y presión económica a hogares que no pueden ni atender pagos corrientes en su día a día, por lo que mucho menos la devolución de miles de euros. “Además la deuda persigue a todos los miembros del hogar”, lamenta la activista de RMI Tu Derecho, que deben hacer frente a su abono de manera solidaria.
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