El día de la marmota. El Gobierno volvió a presentar este martes su objetivo de estabilidad, que incluye el marco de déficit y deuda sobre el que se construirán los presupuestos. Se trata del mismo esquema que ya fue tumbado la pasada semana por el Senado gracias a la mayoría absoluta del PP en esta Cámara. Si la historia se repite, siete comunidades autónomas incumplirían con el nuevo marco que entraría en vigor, más restrictivo para sus cuentas.
Un informe publicado por el Ministerio de Hacienda recoge los presupuestos presentados y aprobados por las comunidades y concluye que siete de ellas han elaborado sus cuentas con un resultado del déficit por encima del 0%, que sería la referencia que entraría en vigor si el PP tumba por segunda vez el marco propuesto por el Gobierno, que es más flexible con las autonomías.
El informe, elaborado al cierre de 2023, concluye que con los presupuestos que se conocen –a falta de Catalunya y Castilla y León– el déficit de las comunidades autónomas supondría el 0,1%. Esto cumpliría con el esquema planteado por el Gobierno, que les permite ese descuadre de las cuentas para este ejercicio. Sin embargo, si la norma vuelve a decaer, tendrían que cumplir con el equilibrio presupuestario. Es decir, el 0% de déficit.
La diferencia se basa en la referencia que se tomaría para cumplir con el objetivo del 3% de déficit este año comprometido con Bruselas. El plan del Gobierno, que ya presentó al Congreso –con el apoyo de la mayoría de partidos– y el Senado –con el voto en contra del PP–, establece un objetivo para la administración central del 2,7%, del 0,1% para las comunidades y del 0% para los ayuntamientos; además de un 0,2% para la Seguridad Social.
Por contra, si el PP volviera a tumbar esta referencia en el Senado, no se cerraría la puerta a los Presupuestos, sino que entraría una nueva referencia para todas las administraciones. Sería la que envió el año pasado en el programa de estabilidad de primavera a Bruselas. En aquel documento se comprometía ese 3%, pero las comunidades estarían obligadas a un 0% de déficit y los ayuntamientos, a un 0,2% de superávit. Es decir, serían más restrictivos.
La situación afectaría a seis comunidades autónomas, de las que cuatro están gobernadas por el PP. Estas cuatro regiones estarían obligadas a buscar una manera para reducir el descuadre de sus cuentas, ya sea por la vía de los ingresos o del gasto, para encajarlo en el marco que puede forzar su propio partido con su rechazo en el Senado. Se trata de Andalucía, Aragón, Murcia y la Comunitat Valenciana.
Este hecho ha sido utilizado por la propia ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, durante los debates parlamentarios en los que el PP votó en contra de los objetivos del Gobierno. “Votar en contra sería ir contra sus propios intereses, pegarse piedras en su propio tejado, es incomprensible desde el punto de vista racional”, apuntó durante el debate en el Senado en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo tumbó el esquema.
A esos cuatro territorios se suman Euskadi y Asturias. La primera está gobernada por PNV y el PSE y la segunda, por el PSOE. El resto de comunidades, a falta de Catalunya y Castilla y León, han elaborado unas cuentas que tienen como objetivo un déficit del 0%, en línea con el esquema que puede ser el que finalmente entre en vigor.
Las cantidades no son abultadas en relación a presupuestos que son de una importante envergadura. Las seis comunidades suman 850 millones de euros de déficit previsto en sus presupuestos para este 2024. El desfase más importante es el de Euskadi, que en sus cuentas tiene un descuadre del 0,3%, lo que serían unos 265 millones de euros. Le sigue la Comunitat Valenciana, con 235 millones, y Andalucía, con 200 millones.
Estos desajustes entre los ingresos y los gastos obligarían a las comunidades autónomas afectadas a realizar algún ajuste en cualquiera de estas partidas para cuadrar. Hasta ahora, los últimos ejercicios han estado marcados por la suspensión de las reglas fiscales de la UE. Sin embargo, estas han echado a andar de nuevo tras el acuerdo en Bruselas entre los distintos países y, aunque más suaves que las anteriores, mantiene exigencias para evitar desequilibrios presupuestarios.
La ley de estabilidad presupuestaria, aprobada por el PP en 2012, es la que rige actualmente esta obligación de las comunidades autónomas de cumplir con los objetivos de estabilidad que aprueba el Gobierno y que previamente les han sido planteados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La propia norma establece una serie de obligaciones y posibles sanciones a los territorios que incumplan estos objetivos.
Este año tiene una peculiaridad respecto al calendario habitual de los presupuestos. Normalmente, las comunidades autónomas realizan sus leyes de presupuestos una vez que el Gobierno haya aprobado la senda de estabilidad, que se hace meses antes del cierre del año. Sin embargo, el retraso provocado por las elecciones y las largas negociaciones ha obligado a retrasar los Presupuestos Generales del Estado. Los gobiernos autonómicos han tenido que realizar sus cuentas en base a cifras que podrían variar y por eso varios territorios han redactado unos presupuestos con el esquema del programa de estabilidad que se aprobó en abril y que entraría en vigor si el PP vuelve a tumbar los objetivos planteados por el Gobierno.
Los datos recopilados por el Ministerio de Hacienda muestran, eso sí, que hay tres territorios que incluso con el objetivo de déficit más leve, el del 0,1%, lo rebasarían. Se trata de Euskadi, que alcanzaría un descuadre del 0,3%. Pero también dos comunidades gobernadas por el PP como son la Comunitat Valenciana y Murcia. Ambas han redactado unos presupuestos con un desajuste entre ingresos y gastos del 0,2%, es decir, el doble de lo que permitiría el plan del Gobierno. Cabe recordar que estas tres comunidades elaboraron sus presupuestos antes de conocerse el objetivo para 2024.
El PP ha instrumentalizado esta votación en el Senado para dar un castigo al Gobierno y retrasar durante varias semanas la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. Por ahora están en vigor las cuentas de 2023, que fueron prorrogadas, pero el Ejecutivo tiene el firme propósito de aprobar las nuevas “cuanto antes”, como expresó esta semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
La crítica del PP al Gobierno no ha estado tan basada en criterios económicos y técnicos en cuanto al plan de estabilidad, sino en lo referente a cuestiones políticas. El partido llegó a plantear en el Senado que votaba en contra para no ser “cómplice” del Gobierno y de su dependencia de Junts. Estas palabras se realizaron antes de conocerse en más detalle las conversaciones que tuvo el partido independentista con el propio Partido Popular.
En las próximas semanas, el Gobierno volverá a llevar a las Cortes el plan de estabilidad, que incluye los objetivos de déficit y de deuda. Presumiblemente, el Congreso aprobará la norma como ya lo hizo en enero en el primer intento, gracias a la mayoría parlamentaria sobre la que se construyó la investidura. Del mismo modo, se espera una nueva negativa del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Tras ello, el Gobierno elaborará las cuentas del Estado y comenzará su trámite parlamentario.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.