Es media mañana en una céntrica oficina de empleo de Madrid. Veinte personas aguardan su turno en la sala de espera. A diez metros, apenas una docena de funcionarios atienden sus mesas. “Entre los doce atendemos a unas 230 personas al día”, explica Antonio, el director de la oficina, que prefiere no dar su nombre real. Después de ocho años en su cargo y más de veinte en las oficinas de empleo, Antonio ha visto de todo, y quizá por eso la situación actual le escandaliza aún más. “Desde finales de 2007 el trabajo se ha triplicado, y el personal apenas ha aumentado un 20%. Los tiempos medios de atención son muy cortos, la calidad ha empeorado necesariamente, aquí todo el mundo hace lo que puede pero los milagros no existen”, explica.
Sindicatos y trabajadores alertan: tanto el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) como el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) están al borde del colapso y la atención a las personas desempleadas ha empeorado. Mientras el paro se desbocaba, sus plantillas, preparadas para una población menos numerosa y una tasa de paro muy inferior a la de los últimos años, apenas han aumentado. Hace cuatro años, con 2,1 millones de parados, el SPEE contaba con 8.000 trabajadores; actualmente, hay cerca de 9.300 funcionarios y 5,6 millones de desempleados.
El SPEE es el segundo organismo público con más oficinas después de Correos. Cuenta con 764 centros repartidos por toda España. El 37% de ellos tienen tres o menos trabajadores, y el 25% funciona con dos o menos de dos. “Cuando se hizo el diseño, se pensó que ninguna oficina debería funcionar con menos de cuatro personas, y eso las más pequeñas. Con menos gente, cualquier pequeño incidente, como una baja, las deja en una situación delicada y más con esta carga de trabajo”, explica Josetxo Gándara, secretario general de la Sección Sindical Estatal de CCOO del Ministerio de Empleo.
De los cerca de 9.300 trabajadores, 5.100 se encargan de la atención directa al público. De ellos, 1.700 son interinos. De momento, los sindicatos han conseguido que sus contratos se prorroguen, pero temen lo que pueda suceder si los recortes continúan. La tasa de reposición es cero, es decir, no se cubren las bajas que se producen.
Los sindicatos piden un plan que fije incorporaciones escalonadas para los próximos años y asegure el funcionamiento fluido del organismo. “Si la cuerda se tensa aún más, cualquier día no podremos gestionar todo, ¿qué pasaría si la gente empezara a tardar dos o tres meses en cobrar sus prestaciones”, se pregunta Gándara. El coordinador nacional del CSIF en el SPEE, Manuel Galdeano, cree que hacen falta reformas que permitan al SPEE mejorar su gestión: “El organismo arrastra desde su creación graves deficiencias, como su exigua plantilla estructural. Desde 2007, está desbordado de trabajo, en primera línea de batalla”.
“Pocos organismos dan un servicio como el SEPE. Se han mantenido los niveles de gestión y atención. No vemos riesgo de demora”, asegura un portavoz del organismo, que admite que la prórroga del personal interino era fundamental para que el organismo mantuviera su ritmo de trabajo. “No prorogarles sí hubiera sido un problema. Pero pensar en más incorporaciones en las circunstancias en las que estamos no se plantea”, afirman desde el SEPE, donde destacan que la calidad y rapidez del trabajo de los funcionarios se ha mantenido. ¿A costa de qué?, se preguntan los sindicatos.
Efectivamente, a pesar del aumento del número de beneficarios de prestaciones, el Servicio Público de Empleo ha conseguido que el tiempo medio que se tarda en reconocer una prestación sea de sólo dos días. Los sindicatos subrayan el “enorme sacrificio” que ha supuesto para la plantilla mantener esta ratio. “El trabajo a destajo es incompatible con la calidad. Con la plantilla que tenemos, si la prioridad es pagarle a la gente inmediatamente, se dejan de hacer otras cosas, como estar pendiente de vigilar posibles fraudes”, señala Galdeano, que asegura que hay funcionarios que llegan a llevarse el trabajo a casa, una práctica irregular. Tanto CCOO como CSI-F alertan del desgaste de la plantilla. “Ahora te enfrentas con situaciones más dramáticas, es raro el día en que alguien no se pone a llorar. Muchas veces hemos tenido que llamar a la policía por altercados”, cuenta el director de la oficina de empleo madrileña.
“Defendemos que la ciudadanía tiene derecho a una buena información y también que el dinero público debe gastarse con rigor y control. La gente depende de una buena atención personalizada, pero nos han llegado a acusar de que nos recreamos en nuestro trabajo, sólo por explicarle a la gente a qué tiene derecho, cuáles son sus opciones, las posibles sanciones… Una mala información puede derivar en pérdida de derechos, pero para la administración, lo importante es que resolvamos los expedientes”, denuncia el secretario de Organización del CCOO en el ministerio de Empleo, Alberto Rosales, que también señala que la falta de tiempo hace que los controles sobre la concesión de prestaciones sean menores. “La prisa puede hacer que a veces reconozcas una prestación a alguien que no tiene derecho, o al revés, que calcules una prestación menor de lo que le corresponde a alguien”, afirma.
Inmaculada trabaja en la oficina de empleo de un pueblo de Sevilla, unas de las provincias con más paro, donde se hacen cargo de seis localidades distintas. Cada una de las diez personas que trabajan en su centro atiende a unas veinticinco personas al día, prácticamente el doble que antes de la crisis. “Antes podíamos atender a una personas en veinte o veinticinco minutos si el expediente era complicado, ahora no podemos dedicarle más de diez o de quince como muchísimo, y conforme pasa la mañana y se acumula la gente, aún menos. Se cometen muchos errores, porque no te da tiempo a todo. Intentas dejar los expedientes más complicados para resolverlos más tarde pero no siempre puedes hacerlo y a veces se toman decisiones importantes sin tener toda la información”, explica.
Inmaculada también insiste en que estos errores suponen una pérdida de control sobre el dinero público y un perjuicio grave para los perceptores de prestaciones.
El Fogasa, ¿carne de fraude?
El Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se encarga de pagar indemnizaciones y salarios a los trabajadores cuyas empresas declaradas insolventes, está en una situación límite. Por un lado, el retraso de expedientes hace que el tiempo medio de cobro sea de casi un año. Por otro, su presupuesto está casi agotado: hasta agosto, había consumido el 84% de toda su asignación anual (que era un 10,7% inferior a la de 2011), según ha denunciado CCOO. Tanto el número de trabajadores que han tenido que acudir al organismo como las cantidades abonadas han crecido respecto al año pasado.
El Fogasa cuenta tan sólo con cerca de 400 trabajadores y acumula un retraso de 85.000 expedientes, lo que equivale al 70% de su gestión anual. El tiempo medio de espera para cobrar es de ocho meses, que se reduce a dos meses en algunos puntos de España y se alarga hasta año y medio en otros. “Los expedientes han aumentado de manera brutal y sin embargo los trabajadores han bajado al menos un 10%”, denuncia Rafael López del Piso, coordinador de UGT en el departamento de inspección de trabajo y Fogasa del ministerio de Empleo.
“Su gestión está quebrada y los ciudadanos soportan sobre sus hombros estas deficiencias. Cobrar los sueldos o la indemnización que te deben en un año no es un buen servicio”, dice Gándara. Los sindicatos calculan que para afrontar una situación pico como la actual deberían incorporarse no menos de 200 efectivos.
Las deficiencias del Fogasa no se manifiestan sólo en retrasos, sino en la falta de vigilancia de los procesos. De los cerca de 400 trabajadores, 170 son letrados, que se encargan, por ejemplo, de determinar cuál es el patrimonio y la responsabilidad de las empresas que se declaran insolventes y envían a sus trabajadores a cobrar indemnizaciones y sueldos al Fogasa. “Como administración estamos dejando de acudir al 50% de las vistas. Si no estás presente no puedes defender los intereses del Fogasa y puede ocurrir que estemos asumiendo pagos que deberían corresponder a empresas que en realidad sí tienen recursos”, explica el cargo de CCOO.
De momento, la única decisión del Gobierno al respecto ha sido recortar las prestaciones que paga el Fogasa. Desde el pasado julio, los topes de pago de salarios e indemnizaciones son menores que antes, un recorte que se ha consumado en los Presupuestos Generales de 2013.