La condena a Montserrat Caballé por fraude fiscal ha devuelto a la actualidad las prácticas con las que las grandes fortunas tratan de evitar el pago de impuestos y que en el caso de la soprano consistió en simular la residencia en Andorra, país con una menor carga tributaria.
Entre los instrumentos legales con los que cuentan los ricos para disminuir su aportación al fisco están las sicav o las sociedades patrimoniales, aunque en algunos casos recurren a mecanismos ilícitos como ocultar el dinero en paraísos fiscales o evadir impuestos a través de entramados societarios.
Las sicav -sociedades de inversión de capital variable- son el instrumento favorito de los grandes patrimonios, ya que cuentan con un bajo gravamen (1 %) que solo se aplica cuando se realizan las plusvalías.
Según explica a Efe el secretario general de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, la “trampa” de las sicav está en que suelen pertenecer a una sola persona o familia que aglutina la mayoría del capital y toma las decisiones de inversión, mientras que el resto de partícipes -hasta los cien obligatorios- son socios de paja a los que se conoce como “mariachis”.
Sobre el 80 % de las más de 3.000 sicav que hay en España -en algunas de las cuales participan apellidos tan célebres como Koplowitz, Abelló, Del Pino, Palatchi o Bhavnani-, existe la “sospecha seria” de que están en manos de particulares, asegura Mollinedo.
Por otra parte, quienes tienen muchos inmuebles constituyen sociedades patrimoniales para evitar los pagos que por ellos tendrían que hacer en el IRPF y porque el impuesto sobre sociedades permite compensar las pérdidas, aunque esta figura no exime del pago del impuesto sobre el patrimonio, como recuerda el presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín.
Trasladar la residencia fiscal a Andorra es otro clásico entre deportistas y artistas, por su cercanía y baja tributación, pero Sanmartín subraya que hay que pasar al menos 183 días en el país vecino para que Hacienda no ponga pegas, de lo contrario al contribuyente le puede ocurrir lo mismo que a Caballé o anteriormente a la tenista Arantxa Sánchez Vicario.
Llevarse el dinero a cuentas en paraísos fiscales es otra opción, pero Sanmartín incide en que cada vez hay una menor opacidad informativa, puesto que el problema del terrorismo ha dado un impulso al levantamiento del secreto bancario cada vez en más países.
Otra fórmula que bordea la ilegalidad es la utilización de empresas para explotar los derechos de imagen, fórmula lícita salvo en el caso de que Hacienda detecte que hay una estrategia de ocultación de ingresos para no pagar al fisco, como le ha ocurrido a los futbolistas Mascherano y Messi.
Al respecto, Mollinedo hace hincapié en que para que haya delito fiscal no sólo tienen que defraudarse más de 120.000 euros, sino que también tiene que haber dolo, es decir, la voluntad deliberada de cometer el delito, algo que no ha existido por ejemplo en el caso del cantante Joaquín Sabina, que está pleiteando con Hacienda por diferencias de criterio en sus liquidaciones fiscales.
Asimismo, está el caso de los entramados de empresas pantalla creadas para acreditar una pretendida actividad empresarial, como fue el caso del Instituto Nóos y la red de empresas asociadas, con las que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres generaban gastos ficticios para justificar sus declaraciones.
Es un caso parecido, recuerda Mollinedo, al de Emili Cuatrecasas, socio principal del bufete de abogados que lleva su nombre, condenado por crear negocios simulados para deducirse gastos personales como si fueran de sus empresas.