Los sindicatos y la dirección de Alcoa han alcanzado un preacuerdo esta madrugada mediante el cual la empresa invertirá 20 millones de euros en la planta de Avilés (Asturias) y otros 20 en su planta de A Coruña (Galicia) para garantizar el mantenimiento del empleo hasta el 30 de junio de 2019. El texto debe ser ratificado por los trabajadores de ambas plantas y depende de que el Gobierno se comprometa a “mantener el empleo más allá de junio de 2019”, informa CCOO en un comunicado.
El principio de acuerdo ha sido suscrito entre las partes en el último día del periodo de consultas del ERE que anunció la multionacional estadounidense y que afecta a 686 empleados de estas dos fábricas. De no haber acercado posturas, los despidos anunciados de los dos tercios de la plantilla de cada una de las plantas (369 empleos en A Coruña y 317 en Avilés) podrían haberse ejecutado a partir de este miércoles.
Los 20 millones de euros que invertirá Alcoa en cada fábrica permitirán mejorar las instalaciones de las series de electrolisis y el posible rearranque de las mismas. El Ejecutivo es el encargado de buscar un inversor que garantice el funcionamiento de las dos fábricas. Los representantes de los trabajadores, además, piden el compromiso del Gobierno central, el Principado de Asturias y la Xunta de Galicia de mantener el 100% de los puestos de trabajo a partir del 1 de julio “si no existe ningún inversor que garantice su funcionamiento a partir de esa fecha”.
Los sindicatos entregarán el preacuerdo a los responsables de Industria y Trabajo durante la mañana de este miércoles y pedirán que se ratifiquen en el compromiso de conservar la totalidad de los puestos de trabajo, un aspecto que para los representantes de los trabajadores es de obligado cumplimiento dar por cerrado un acuerdo.
Sobre la mesa está el futuro de casi 700 trabajadores de estas dos fábricas de la multinacional estadounidense, que la dirección pretende cerrar debido a su “improductividad”. La compañía estadounidense productora de aluminio inició su actividad en España como resultado de la privatización de INESPAL, aprobada en enero de 1998 por el Gobierno de José María Aznar por unos 400 millones de euros.