Acuerdo del Gobierno de coalición y los sindicatos para la reforma de pensiones, que ambas partes han calificado de “histórica” este miércoles, de la que los empresarios se desmarcan. Tras meses de negociación, el respaldo de CCOO y UGT a la propuesta del Ejecutivo se ha cerrado este miércoles, después de que el Ministerio de José Luis Escrivá incluyera algunas medidas que seguían reclamando los representantes de los trabajadores. Las patronales de empresarios se quedan fuera con un rechazo “frontal” a la legislación, que refuerza el sistema con más ingresos a través de un aumento de las cotizaciones sociales, sobre todo de los salarios más altos, por encima de los 4.500 euros brutos al mes.
El ministro Escrivá y los líderes de ambas organizaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han firmado este mediodía el acuerdo y han comparecido para informar a los medios de su contenido. “Creo que esta reforma de pensiones va a ser una referencia internacional”, ha sostenido el ministro Escrivá dado el respaldo de Bruselas a un nuevo enfoque para reforzar el sistema desde la extensión de los ingresos y no los recortes del gastos. Varios países están negociando reformas de sus sistemas y España les abre un nuevo camino con su ejemplo, ha apuntado el responsable de la Seguridad Social.
Los líderes sindicales han celebrado que España haya logrado el visto bueno de las autoridades europeas a políticas sociales y laborales como esta reforma y también la laboral, que están alejadas de los marcos imperantes hasta la fecha en la Comisión, más conservadores y liberales. “Con esta reforma podemos ver hasta qué punto hay un cambio de paradigma” económico, ha destacado Unai Sordo. Los dirigentes de CCOO y UGT han lamentado que los empresarios se hayan descolgado de la legislación. “No hay razones para que la patronal no esté en esta firma”, ha afirmado Pepe Álvarez, que ha recordado que desde 1982 las cuotas empresariales se rebajaron en cuatro puntos.
Entre los cambios de última hora que pedían los sindicatos antes de su 'sí' definitivo, y que ha podido confirmar este medio, el Gobierno ha retirado la mención a que los Presupuestos pudieran limitar la “cuota de solidaridad” a los salarios más altos.
También se concreta más las pensiones mínimas que aumentarán en los próximos años, como reclamaban CCOO y UGT, y se asume el compromiso de abordar la reforma de la jubilación parcial antes del 30 de junio, con la referencia de la regulación de 2011 y no los recortes del PP de 2013. “Se garantiza la aplicación del MEI (Mecanismo de Equidad Intergeneracional) incrementado a todo el sistema de la Seguridad Social”, celebran también desde los sindicatos, y se confirma que el complemento de género se actualizará también anualmente con el IPC.
El respaldo de los sindicatos mayoritarios se intuía desde la semana pasada, cuando los dos partidos de la coalición progresista lograron una propuesta de consenso basada en el refuerzo del sistema de pensiones desde los ingresos y sin recortes del gasto en la que habían trabajado también mucho CCOO y UGT durante meses. Sin embargo, en la reunión de diálogo social convocada el pasado lunes las centrales sindicales pidieron al Gobierno varias “concreciones” antes de apoyar la norma, por ejemplo respecto a la “cuota de solidaridad” de los sueldos más elevados y la senda de subidas comprometidas para las pensiones mínimas.
Este miércoles las organizaciones sindicales han sometido el último texto a una votación en sus órganos internos, que ha confirmado el respaldo por unanimidad de CCOO y UGT. El ministro José Luis Escrivá comparecerá esta tarde en el Pacto de Toledo para dar cuenta del acuerdo a las formaciones políticas y la norma será aprobada por el Consejo de Ministros en los próximos días. Una de las opciones que se barajan es este jueves, en un consejo extraordinario.
Histórica reclamación: 'destope' de los salarios más altos
Como han destacado- esta semana los líderes de ambas organizaciones, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), la reforma consensuada apuesta por una de sus reclamaciones desde hace años, la de ampliar los ingresos de la Seguridad Social a través del llamado 'destope' de los salarios más altos. Es decir, poner fin poco a poco a la exención que se aplica a los sueldos más elevados y que supone que España sea uno de los países donde menos cotizan las altas remuneraciones.
Con la reforma, el actual límite a la cotización –a partir de los 4.500 euros al mes– se elevará progresivamente entre 2024 y 2050 y, además, se establecerá una “cuota de solidaridad” para los sueldos por encima de la nueva base máxima resultante. En CCOO y UGT han subrayado que estas medidas afectan a las empresas “con mejor situación económica y márgenes sobrados”, en palabras de Unai Sordo, y además se aplicarán poco a poco a lo largo de las próximas décadas. “No es de un día para otro”, ha destacado Pepe Álvarez.
Los sindicatos han felicitado también que el elemento que más les alejaba, la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión, haya sido finalmente suavizado con un sistema opcional durante las próximas dos décadas, entre los actuales 25 años o los 27 mejores años de los últimos 29 de carrera laboral, en el que impera la alternativa más beneficiosa para el pensionista.
Ambas organizaciones han celebrado además que el acuerdo sobre pensiones haya sido más amplio de lo inicialmente previsto, como pedían, con un aumento de las pensiones mínimas y varias iniciativas para reducir la brecha de género, por ejemplo. También hay otros elementos muy reclamados en la letra pequeña del decreto, como la regulación por fin para que todos los becarios coticen, ya hagan prácticas remuneradas o no pagadas.
Los empresarios hablan de reforma “confiscatoria”
Las patronales por su parte se reafirmaron este lunes en su rechazo a la reforma, que tildan de “confiscatoria” por elevar las cotizaciones sociales y de “impuesto al talento”, por hacer contribuir a los sueldos más elevados. “Es un impuestazo al empleo”, criticó este martes el líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha afirmado que este pacto “puede ser un problema de muchos años, el problema de las pensiones”.
Ante las quejas de una pérdida de competitividad, el ministro José Luis Escrivá ha respondido a los empresarios que España seguirá con unos costes laborales “muy por debajo” de la zona euro incluso cuando se desplieguen estas medidas. Entonces, supondrá un aumento medio de las cotizaciones “de 40 céntimos/hora trabajada”, ha cifrado el ministro. “Es demagogia pura”, criticó el responsable de la Seguridad Social anoche en una entrevista en la Cadena Ser.
El responsable de la reforma de pensiones ha criticado también a los empresarios por no negociar en los últimos meses y ahora denunciar una falta de diálogo. Antonio Garamendi ha insistido este martes en que se les ha “orillado” en este debate. “Llevamos esperando desde el mes de octubre propuestas de la patronal”, contestó Escrivá este lunes desde Bruselas. “Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad”, añadió el ministro.
En la última reunión del lunes, la patronal pidió en la mesa de diálogo social que el refuerzo de los ingresos para pensiones parta de los impuestos, como IRPF o IVA, en lugar de las cotizaciones que abonan las empresas. El Gobierno alegó que “ya no había tiempo” para abordar estos otros planteamientos, indicó a la salida Rosa Santos, negociadora de la patronal. El Ejecutivo debería haber aprobado la norma antes del pasado 31 de diciembre. “Con estos mimbres es imposible” el acuerdo, resolvió Santos.
Los empresarios además ya han avisado de que la reforma de pensiones interferirá en la negociación para subir salarios, que aún ni se han reactivado después de un 2022 de intensa pérdida de poder adquisitivo de los salarios y aumento de los beneficios de las empresas. La reunión entre los sindicatos y las patronales para intentar reactivar un pacto salarial a nivel estatal está prevista para el próximo 22 de marzo.