“Están obligadas a entenderse”. Nueve sindicatos de funcionarios, encabezados por UGT y Comisiones Obreras, se han manifestado este miércoles ante la sede de Unespa, la patronal de las aseguradoras privadas, para exigir una “solución urgente” a la crisis abierta por Muface, la mutualidad a través de la cual los funcionarios públicos pueden optar a la sanidad privada. Esta tarde, las organizaciones sindicales redoblarán las protestas con concentraciones ante las puertas de la sede central de la entidad, en Madrid, como en las capitales provinciales.
En la protesta de esta mañana, a la que según UGT han acudido “centenares de personas”, los sindicatos han reclamado un acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras, “por responsabilidad social y con el colectivo de mutualistas, que tienen que tener garantizada una prestación sanitaria de calidad”, ha indicado la responsable del Sector de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca.
Pese a esa “prestación sanitaria de calidad”, referida al sector privado, desde el propio sindicato señalan que “las nuevas generaciones del funcionariado, que son menos costosas en términos de atención, están optando mayoritariamente por el sistema público”. De hecho, en 2022, dos de cada tres nuevos trabajadores públicos eligieron la sanidad pública. Algo que fuentes del Ministerio de Función Pública atribuyen a una edad media de ingreso al funcionariado más elevada, que hace que ya conozcan la sanidad de todos. Este cambio de tendencia ha hecho que, pese a ser mayoritario el número de funcionarios que eligen la privada, el porcentaje haya caído 12 puntos en apenas una década.
El secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha señalado que, tras la firma del nuevo convenio en el que trabaja ya el Gobierno, “será imprescindible abrir un espacio de reflexión para garantizar el futuro de la asistencia sanitaria de funcionarias y funcionarios públicos, que no pueden verse sometidos cada dos o tres años a esta incertidumbre”. Precisamente, desde el Ejecutivo han planteado, en paralelo a la nueva licitación, una “reflexión sobre el modelo”, con cambios entre los que se barajan que los funcionarios elijan si prefieren sanidad pública o seguro privado para siempre, en lugar de hacerlo cada mes de enero, como ocurre actualmente.
Muface publicó este martes el informe final de la consulta preliminar de mercado que había planteado a las aseguradoras, para que estas justificasen un hipotético incremento de las primas, tras rechazar el primer concierto, con un aumento acumulado del 17% en dos años, aunque concentrado principalmente en 2025. “Habría sido deseable obtener una mayor información de los costes que justifiquen el incremento de la prima por parte de los operadores”, considera la mutualidad, que valora “favorablemente” la propuesta de un “incremento de primas por edad”. “Parece adecuarse más a la realidad actual”, considera.
A la espera de la afluencia de la convocatoria de esta tarde, los sindicatos han lanzado un comunicado conjunto en el que reclaman que “se concrete lo antes posible un acuerdo estable, razonable y satisfactorio, que garantice la asistencia y calidad sanitaria de los empleados públicos, en la que los servicios médicos ofertados no se vean mermados, sino que, por el contrario, mejoren sus prestaciones”. “Nosotros entendemos que debería estar hecha para antes de final de año. Volvemos a exigir esfuerzo por parte del Gobierno, pero también de las compañías sanitarias”, ha indicado Loranca, que prefiere que ese concierto sea “mejor de tres años que de dos”. El ministro Óscar López confirmó este martes, tras el Consejo de Ministros, que la licitación estaría lista en ese plazo.
Al margen de estas reivindicaciones, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha convocado su propia manifestación, el próximo sábado en Madrid. Además, esta organización presentó el lunes ante el Defensor del Pueblo un escrito en el que refleja “multitud de quejas” de funcionarios a los que, dicen, las aseguradoras ha retrasado, suspendido o anulado citas ante la situación de incertidumbre. Unas quejas que este mismo miércoles han registrado en el Congreso para que “los partidos políticos tomen nota y propongan iniciativas en defensa de Muface”.
El secretario de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lamas, ha advertido a las puertas del Congreso, de que el sindicato “no va a parar hasta que se dé una respuesta y una solución a este conflicto que se podría haber evitado”.