Los recortes, el empeoramiento de los servicios públicos y las dificultades por las que pasan miles de familias forman una combinación explosiva de múltiples consecuencias. Una de ellas es el aumento de las agresiones a empleados públicos, la cara visible de la administración. Aunque no hay datos oficiales, los sindicatos han constatado un aumento preocupante de este tipo de violencia, y abordarán el asunto con la Administración General del Estado después del verano.
“Las agresiones que sufren los empleados públicos en el desempeño de su trabajo son un reto a afrontar desde ya, porque cualquier violencia en el trabajo resulta inaceptable”, dicen desde CSIF. El sindicato asegura los empleados públicos han sido objeto de una “campaña de desprestigio” que ha puesto en cuestión su trabajo y que ha legitimado muchas agresiones. Eso, unido a la “sobrecarga” de trabajo y los recortes de plantilla, dicen, ha hecho que la atención al público se preste en condiciones muy precarias.
Los sindicatos dicen que es necesario elaborar un protocolo de prevención de las agresiones a empleados públicos. “Hace falta un protocolo. Hay menos personal, más carga de trabajo, las condiciones a veces son muy estresantes, se tarda más en atender a la gente... Eso está generando violencia en muchas personas que se acercan”, explica Visitación Vaquero, portavoz del área de riesgos laborales de la Federación de Servicios de UGT.
Los protocolos, explica, incluyen una primera parte sobre prevención, otra sobre cómo actuar ante una agresión y, finalmente, recomendaciones sobre qué hacer tras la agresión. “Sirven para que el personal sepa cómo resolver esas situaciones”, asegura. Vaquero considera importante, por ejemplo, aumentar la información que se da a los usuarios de los servicios: “Hay que dar información más intensa, que sepan qué está ocurriendo y que muchas de las cosas que están ocurriendo no es algo personal contra ellos”.
“Demandamos datos, sin ellos no hay punto de partida. Lo que sabemos es que las denuncias de los trabajadores a los delegados sindicales han crecido mucho”, asegura Marián Mur, representante del sindicatos CSIF en las mesas de negociación con el ministerio. Tanto CSIF como UGT afirman que la violencia se ha intensificado en servicios como la sanidad, la educación, la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo.
Prevención
Algunos servicios ya cuentan con protocolos especiales para prevenir este tipo de violencia. Mur subraya, sin mebargo, que en muchos casos no están siendo suficientemente eficaces porque, entre otras cosas, las garantías judiciales de los empleados no están suficientemente definidas.
Es el caso de la Dirección General de Tráfico, cuyo programa lleva en vigor dos años. “Una de las situaciones de riesgo que se puede presentar es la violencia que contra los empleados públicos se puede producir en la atención al ciudadano, en el desarrollo de las pruebas de conocimientos, aptitudes y comportamientos para la obtención del permiso de conducción y en el ejercicio de la actividad inspectora a centros colaboradores”, dice el protocolo.
El código contempla recomendaciones como, por ejemplo, buscar lugares de trabajo con buena visibilidad e iluminación “para evitar en lo posible situaciones de aislamiento”, tener zonas de atención al público apropiadas, o mantener localizado al vigilante de seguridad. El documento también incluye un modelo de registro de agresiones para que las personas agredidas dejen constancia de lo sucedido.
Sin embargo, el procolo incluye otras medidas difíciles de garantizar en los tiempos que corren, con la oferta de empleo pública congelada y la amortización de plazas: “Adoptar las medidas organizativas, los recursos necesarios que permitan una atención al público ágil y adecuada, en función de la demanda”.