Reforma laboral, subida de las pensiones e impuestos: las claves de la reunión de sindicatos y patronal con Pedro Sánchez
La ronda de consultas de Pedro Sánchez con diversos colectivos de la sociedad civil llega este jueves a una de sus citas más esperadas: el encuentro con los sindicatos mayoritarios y la patronal. El Ministerio de Trabajo se alzó como uno de los principales escollos en las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para la formación de un gobierno de coalición, que acabaron en fracaso. En dos reuniones en La Moncloa, primero con CCOO y UGT y luego con CEOE y Cepyme, se abordarán algunas de las materias más urgentes para los agentes sociales, como los cambios en la reforma laboral, las pensiones –con especial atención a la subida anual de 2020– y la política fiscal, entre otros temas.
A las 11.30 horas están citados los secretarios generales de las centrales sindicales mayoritarias, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), que se reunirán con el presidente del Gobierno en funciones y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Desde ambas organizaciones han subrayado la necesidad de que los partidos de izquierdas alcancen un acuerdo de Gobierno y son muy críticos con la falta de entendimiento entre los socialistas y Unidas Podemos, que deja en el aire la posibilidad de una repetición electoral.
“No quiero ni pensar qué pasa en nuestro país si llega el 23 de septiembre y hay una nueva cita electoral en noviembre”, sostuvo Pepe Álvarez este martes y advirtió a ambas formaciones políticas de que “es muy difícil” que la ciudadanía entienda el bloqueo actual. El día de la investidura fallida de Sánchez, Unai Sordo calificó el escenario como “dantesco” y lamentó que no era “de recibo” que no se hubiera llegado “a un acuerdo de gobierno y programático”.
Reforma laboral y de pensiones
Así, los líderes sindicales van a exigir a Sánchez que logre los apoyos necesarios para formar un gobierno progresista, sin decantarse por una fórmula concreta –gobierno de coalición o acuerdo programático–. El objetivo, insisten, es que puedan ponerse en marcha las políticas que consideran imprescindibles para el país y que no verán la luz sin un Ejecutivo de izquierdas. Entre ellas, sobresalen dos como prioritarias y en las que insistirán Sordo y Álvarez: desmontar la reforma laboral de 2012 y revertir la legislación del PP en materia de pensiones de 2013.
La derogación de los elementos “más lesivos” de la reforma laboral sigue siendo una promesa de los socialistas –como afirmó Pedro Sánchez en su discurso de investidura–, aunque la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha desinflado en varias ocasiones las expectativas de estas modificaciones y ha apostado por centrarse en la aprobación de “un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo XXI”.
Para CCOO y UGT la legislación laboral puede revisarse a fondo en el nuevo Estatuto, pero demandan que antes y con carácter de urgencia se reviertan algunos elementos de la reforma laboral de 2012. Sobre todo, reclaman, para recuperar poder de negociación frente a los empresarios, la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa y restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, su prórroga cuando termina su vigencia sin que se haya acordado uno nuevo. También reformas en la subcontratación, para garantizar las condiciones laborales de los trabajadores externalizados respecto a los de la empresa principal.
En el caso de las pensiones, los sindicatos demandan la derogación de la reforma que aprobó el Ejecutivo de Rajoy en 2013 y una nueva legislación que vincule de nuevo la revalorización de las pensiones al IPC y que busque nuevas fórmulas para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.
Las centrales sindicales destacan las pensiones como una de las materias que más exige evitar el escenario de repetición electoral: sin un cambio en la legislación actual las pensiones se revalorizarán un 0,25% en enero. Los sindicatos creen que un Gobierno en funciones no puede evitar este incremento mínimo al comienzo del año, mientras que en el Ministerio de Trabajo aseguran que es “complicado” pero “posible” aprobar un real decreto-ley que eleve las pensiones más allá de ese 0,25%.
Además, CCOO y UGT recordarán a Sánchez otras de sus prioridades para el país, como aproximar el salario mínimo interprofesional (SMI) al 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea, avanzar en la redistribución de la riqueza y reducir la desigualdad mediante cambios en la política fiscal, apostar por el empleo de mayor calidad y combatir la brecha de género, entre otras materias.
Los empresarios huyen de “los extremos”
El segundo turno será para las principales patronales de empresarios. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de CEPYME, Gerardo Cuerva, acudirán a La Moncloa para una reunión a las 13 horas. Garamendi ha reiterado en los últimos días la necesidad de que haya estabilidad política, sobre todo por el escenario de desaceleración económica, y de la formación de un Gobierno de “moderación”.
El líder de la principal patronal del país afirmó esta semana en una entrevista en ABC que “los empresarios lo hemos dejado claro desde un primer momento: no nos gustan los extremos” y optó por un Ejecutivo “de moderación”. En el pasado, Garamendi pidió a PP y Ciudadanos su abstención para que saliera adelante un gobierno del PSOE sin Unidas Podemos y afirmó que tal vez era “mejor” una repetición de elecciones en noviembre que dejara un país “más estable y tranquilo”.
En cuanto a sus propuestas concretas, fuentes de la CEOE destacan dos áreas en las que el presidente de la patronal ha insistido en sus últimas intervenciones: combatir el déficit público y “mantener la consolidación fiscal”. Garamendi destaca que “elevar la presión fiscal es una forma de romper la competitividad de las empresas y desincentivar a los empleados, castigando el ahorro”, como defendió en su entrevista con el periódico conservador.
Los empresarios reclamarán a Pedro Sánchez reformas en el ámbito de la formación, tanto la dual como la formación continua de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, medidas para acabar con “la economía sumergida”, entre otras materias.
