“Retomaremos el impuesto a la banca en 2019 según la contribución de las entidades financieras a la fiscalidad”

La ministra María Jesús Montero se dispone a pisar el acelerador del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 (PGE). Aunque ella niega que este trámite se haya puesto nunca en duda –“a mí el presidente no me ha trasladado otro mensaje que trabajar intensamente para presentar los presupuestos”, afirma– sí que hubo un momento en que algún miembro del Ejecutivo aseguró que no se arriesgarían a un “revolcón” en el Congreso sin tener los apoyos amarrados.

En una entrevista concedida tres días después del “shock” de las elecciones andaluzas, la comunidad donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera política esta médica de profesión, Montero lanza un mensaje a los grupos políticos que hasta ahora han hurtado su apoyo a las cuentas del estado por la situación judicial de los líderes independentistas: “Para todos debe ser un elemento de reflexión, también para los grupos catalanes, porque la aparición de partidos de extrema derecha es preocupante”.

Además, repasa las principales medidas impositivas que prepara el Gobierno –“tenemos unas restricciones importantes, pero no vamos a subir el IVA, lo vamos a bajar en aquellos productos en los que entendemos que las subidas que se han producido en años anteriores no están justificadas”– y advierte de que la existencia de un paraíso fiscal como Gibraltar dentro de nuestro marco geográfico “no es ni mucho menos deseable”. Plantea también abrir reflexiones como si debe ser compatible para un funcionario pasarse a la empresa privada para trabajar contra el interés público.

El presidente ha vuelto a cambiar de postura con respecto a los Presupuestos de 2019, ¿se puede hacer una gestión adecuada de su Ministerio con tantos volantazos?

No comparto que haya habido un cambio de posición, quizás ante las preguntas insistentes de algún medio de comunicación se dan unas fechas que luego se alargan. A mí el presidente no me ha trasladado otro mensaje que trabajar intensamente para presentar los presupuestos. Entre presentarlos en el mes de diciembre o en el mes de enero no hay gran diferencia.

Otra cuestión es que no depende de nosotros su aprobación sino que depende de otras formaciones políticas. PP y Ciudadanos han dicho desde el primer momento que no van a apoyar ninguna iniciativa política de este Gobierno y otros partidos, como los independentistas catalanes, se autoexcluyen en cuanto dicen que además de hablar de las cuentas públicas quieren hablar de otros temas. El Gobierno ya ha dejado claro que no va a hablar de otros temas que no sean sanidad, educación, financiación, políticas que permitan el impulso económico. En el ámbito de Catalunya hablamos de más de 2.000 millones de inversión y los presupuestos son un vehículo para hacer llegar ese dinero a la comunidad autónoma.

¿Ha notado algún cambio de opinión de los independentistas catalanes tras las elecciones andaluzas?

La situación vivida en Andalucía provocó una conmoción en todo el arco parlamentario porque concierne a todos los grupos políticos, los que directamente se han presentado y los que no se han presentado pero conocen el programa político que tiene Vox. Para todos debe ser un elemento de reflexión, también para los grupos catalanes, porque la aparición de partidos de extrema derecha es preocupante. Hay que pensar qué estrategias se siguen para frenar el avance de los partidos de ultraderecha. ¿Va a significar que los partidos independentistas cambien de posición? Hemos asistido a expresiones distintas, esperamos que quieran apoyar unas cuentas públicas para mejorar la situación de Catalunya, aunque no nos lo han transmitido.

¿Comparte la sensación de que la ambiciosa política fiscal que mostró el Gobierno se ha ido diluyendo?

Si alguien tiene la sensación de que figuras fiscales que no tienen un proyecto de ley se pueden hacer por vía real decreto la respuesta es que no es posible. Pero no porque no se haya rebajado nuestra ambición fiscal, todo lo contrario. Estamos preocupados porque si no hay presupuestos no se cumplirá el objetivo de estabilidad, que quiero recordar que el ultimo dato de analistas internacionales lo sitúan en el 2,4% frente al 1,8%. La política fiscal que se acordó en el debate nuclear de presupuestos con Podemos sigue intacta. El acuerdo con Podemos es la columna vertebral del proyecto de presupuestos. La tasa digital, el impuesto a las transacciones financieras, el impuesto de sociedades, de patrimonio, IRPF o impuestos medioambientales se mantienen en la hoja de ruta.

Creemos que el proyecto de presupuestos tiene en este reflejo de ingresos el colchón necesario para poder incrementar las pensiones, el gasto en dependencia, la seguridad social de las cuidadoras, las políticas de alquiler y de vivienda, entre otras.

La Comisión y el Eurogrupo ha pedido a España más ajustes para cumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. ¿Esta petición de ajustes cómo afectará a los PGE? 

Lo que la Comisión Europea y el conjunto de los organismos que han analizado el plan presupuestario —el FMI y la OCDE— han dicho es “adelante con los presupuestos”. Esto es importante porque hay países, como es el caso de Italia, que no tienen el visto bueno. Hemos tenido una evaluación más favorable que países como Francia o Portugal. La Comisión ahora espera que haya coherencia entre el plan presupuestario presentado y lo que llevemos al Congreso. Estoy convencida de que cuando se vea el proyecto de presupuestos con todas las medidas fiscales y las políticas de gasto se va a consolidar más la credibilidad de España.

Nuestra previsión de déficit el año que viene va a estar en el 1,8% frente al 2,7% o 2,8% con el que cerraremos 2018, lo cual es un salto de nueve décimas que se hará incrementando las políticas sociales. Para el Gobierno estas políticas son una línea roja. El objetivo de estabilidad que tenemos marcado es del 1,8% para estos presupuestos y en caso de que no lo consigamos presentaremos el objetivo anterior, con el 1,3%.

Otra de las pegas que ha puesto la Comisión Europea es que no se rebaja nada el déficit estructural. ¿Se plantean alguna medida en este sentido?

No. La Comisión dice que hay que velar de forma expresa por que se cumpla la política de ingresos y gastos comprometida, porque las nuevas figuras fiscales pueden arrojar alguna duda de que se puedan conseguir los recursos previstos. Seguimos afirmando que hay un ajuste estructural del 0,4% dentro del presupuesto. Es cierto que el esfuerzo que pedía la CE era del 0,6%, pero en las conversaciones que mantuvimos les trasladamos que no era posible sin que tuviera una repercusión negativa en términos de crecimiento y creación de empleo.

Lo importante es que la curva de inflexión del objetivo de déficit no se quiebre. En esta legislatura se le da mucha importancia a lo que dice la Comisión en este sentido pero falta la perspectiva de lo que ocurrió en años anteriores cuando no se cumplía con las perspectiva de estabilidad ni con los objetivos de déficit. Entonces formaciones políticas como Ciudadanos apoyaron esos presupuestos, pero me temo que no se leyeron el informe de la CE, y ahora intentan desacreditar nuestro proyecto.

Si no se aprueban los presupuestos, ¿qué decretos concretos está preparando su Ministerio?

El decreto que se va a aprobar sí o sí es el de elevar el salario mínimo interprofesional a 900 euros, que tiene que entrar en vigor el 1 de enero. No estamos trabajando en paralelo con otras medidas.

¿Se plantean alguna modificación o flexibilización de la regla de gasto, que no permite determinadas inversiones pese a tener superávit?

Estamos trabajando en ese sentido. Nos reunimos con la Federación de Municipios y Provincias y con los ayuntamientos para ampliar el catálogo de inversiones que se pueden ejecutar con cargo a las inversiones financieramente sostenibles. 

Ahora bien, en ningún caso se permitirá la derogación de la regla de gasto, que es un parámetro fiscal que intenta asegurar que en el futuro las cuentas públicas sean sostenibles y no dependan del ciclo económico de una manera tan acusada. Y que si se produce una caída de ingresos importante tengamos un colchón de deuda que, ampliándola, nos permita atender las necesidades urgentes. Otra discusión es cuando no haya deuda en esas Administraciones cuál puede ser el destino de ese superávit.

¿Se plantean introducir la construcción de vivienda pública entre las inversiones financieramente sostenibles?

Es un elemento que puede plantearse para que forme parte de las inversiones municipales y autonómicas. La vivienda de protección oficial debe ser una de las inversiones prioritarias dentro de la ejecución financiera del superávit.

Vamos a articular que pueda ser financieramente sostenible la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años, que ayude a crear una red pública de escuelas de 0 a 3 años que permita que en el momento adecuado, con dialogo con las Comunidades, se universalice ese nivel de atención y que forme parte del ciclo educativo. Los países que tienen un mejor resultado académico y mejores tasas de inserción de los jóvenes en el mercado laboral tienen cubierta esa etapa escolar. Para nosotros es una prioridad asentar ese derecho sobre una realidad, que actualmente está en torno a las escuelas concertadas con las que habrá que seguir contando.

En Francia, el presidente Macron ha tenido que dar marcha atrás en una tasa a los carburantes por las protestas. ¿Temen que esa situación se repita en España? 

Estamos dialogando con todos los sectores y entendemos las reclamaciones que nos llegan en las mesas de trabajo. Lo que ha ocurrido en Francia se debe a causas distintas y no solo asociadas al incremento del impuesto de los carburantes. Europa tiene que tomar nota del descontento que vienen expresando los ciudadanos. Hay que trabajar dentro del pacto de estabilidad presupuestaria y de consolidación fiscal pero de la mano de la recuperación y la devolución de derechos a los ciudadanos, si no nos vamos a encontrar con situaciones no deseadas de apariciones en el arco parlamentario de formaciones populistas. 

¿Puede afectar a cómo se va a articular finalmente el impuesto al diésel?

No, desde el primer momento trasladamos que los transportistas profesionales no se verían afectados, algo que en Francia se iba a hacer de otra manera. El Gobierno español ha decidido equiparar progresivamente el precio del diésel con el de la gasolina porque anteriormente, cuando se creía que el diésel contaminaba menos, se hizo una discriminación positiva con este carburante. La tramitación de este impuesto se hará vía presupuestos, pero si no se consigue la aprobación de las cuentas públicas se hará vía Ley de Cambio Climático.

¿Le sorprendió el episodio del Tribunal Supremo con el impuesto de las hipotecas? ¿Es tan poderosa la clase financiera en España?

Me sorprendió como a todos los españoles. Un cambio tan brusco de doctrina del Tribunal Supremo después de la notificación de la primera sentencia nos dejó a todos un poco estupefactos, incluido el sector bancario. No obstante, el debate que se provocó sacó a la luz una inquietud sobre quién se tiene que hacer cargo de ese impuesto. Se trata de un caso en el que el Gobierno tiene que estar atento para cuando se produce una interpretación legal vuelva a legislar y poner las cosas en su sitio. El impuesto de Actos Jurídicos Documentados que acompaña a la hipoteca es un documento con el que el banco ejerce su derecho de recuperación del dinero en caso de impago. ¿A quién le interesa dar fe de que se ha producido ese préstamo? Es lógico que lo pague el banco.

Lo incomprensible es que el PP ahora pida que lo paguen los ciudadanos a través de sus servicios públicos esenciales o, dicho de otra manera, que lo pague el Estado. Me llama la atención que no estuvieran alarmados cuando lo pagaban los ciudadanos y que ahora que lo pagan los bancos pidan la supresión del impuesto. ¿Y los millones que se aportan a los servicios públicos quién los cubre?

¿Y el impuesto a la banca?

Vamos a ver cómo evoluciona el sector financiero en 2019. Tendremos el impuesto de transacciones financieras, que afecta directamente a la banca por sus operaciones, y el impuesto de sociedades, que también le afecta con el mínimo del 18% (banca y petroleras están tres puntos por encima del 15% que se ha establecido como mínimo). Cuando termine el año y veamos cómo queda la contribución efectiva de las entidades financieras al conjunto de la fiscalidad plantearemos la posibilidad de retomar el impuesto a la banca.

¿Se plantean revisar los beneficios y exenciones de grandes empresas? ¿Cómo van a garantizar esa tributación mínima del 15% de las sociedades?

En el conjunto de una legislatura de cuatro años hay que hacer una revisión a fondo del impuesto de sociedades. Yo considero que el impuesto de sociedades tenemos que repensarlo para que los beneficios fiscales que se contemplen respondan a los criterios que se tienen pensados. Hemos encargado a la Airef que haga un análisis independiente de cómo se están comportando esos beneficios fiscales.

Por otra parte, tenemos que tener muy claro que tenemos que favorecer la implantación de empresas en los primeros años y su agregación posterior, porque uno de los problemas de nuestro tejido productivo es que está compuesto por pymes, que tienen que empezar a trabajar en agregación de tamaño y en confluencia para conquistar mercados exteriores. Es importante que la fiscalidad contribuya.

Como no da tiempo a revisarlo en lo que queda de legislatura, hemos optado por el mecanismo más sencillo de aplicar, que sobre la base imponible se aplique el 15%. ¿Eso va a permitir que todas las empresas tributen como mínimo el 15%? Vamos a verlo cuando termine el año y habrá que volver a revisarlo.

¿Cuál va a ser la política con el IVA? La OCDE nos pide que se suba y el FMI acortar la lista de productos en IVA reducido.

La política va a ser reducir el IVA femenino y el IVA veterinario. El debate sobre el IVA en Europa es importante y complejo. Hay países que apuestan por elevar los impuestos indirectos frente a los directos. No es la política de este Gobierno. El IVA lo paga todo el mundo con independencia de su nivel de renta y eso tiene una repercusión para las familias más vulnerables. Lo cual no quita para que la CE esté continuamente haciendo una revisión y que España no esté obligada a incorporar [al tipo general] dependiendo qué tipo de productos.

Tenemos unas restricciones importantes, pero no vamos a subir el IVA, lo vamos a bajar en aquellos productos en los que entendemos que las subidas que se han producido en años anteriores no están justificadas. En el caso del IVA veterinario, hay familias que tienen mascotas y que tienen que pagar cantidades importantes cuando tienen que llevarles a vacunar o al veterinario. Y por otra parte, lo que a mí más ilusión me hace, que es empezar a trabajar por una fiscalidad con unas gafas de género y cómo hacer ver que las distintas figuras fiscales hacen mella en los productos femeninos. Por un lado en los productos de aseo personal es obvio, porque no los utilizan los varones, pero hay otros productos que tienen una mayor complejidad porque se utilizan indistintamente, pero sin embargo que sea rosa el formato hace que sea más caro que si es azul, por ejemplo una maquinilla de afeitar. Hay organizadores de consumidores que aseguran que luego la composición es la misma, que no hay ningún producto añadido. Hay que verlo producto por producto, cuáles son los elementos de discriminación, pero por lo menos los de higiene femenina se van a bajar y la Comisión tendrán que entender que es una opción política en nuestra lucha contra la discriminación de las mujeres. Pero es verdad que es un tema controvertido, porque Europa invita siempre a subir y a nosotros nos parece que no es oportuno. 

¿Se plantean cambios en la tributación del juego? El ministro anterior, Cristóbal Montoro, rebajó cinco puntos la tributación por internet. ¿Se va a revertir?

Nos planteamos regular el juego, no un incremento de la tributación, pero sí la regulación de las actividades que le corresponden a Hacienda, que es el juego en línea, el presencial está transferido a las CCAA.

También nos hacemos eco de una preocupación general de cómo están proliferando las casas de juego y las casas de apuestas en el ámbito básicamente juvenil. Se abre una página web y no es raro que aparezca una publicidad sobre apuestas en línea, normalmente protagonizada por personas famosas o de referencia en el entorno social, deportistas, cantantes... y preocupa que no se haga en paralelo un llamamiento al juego responsable o una campaña educativa que permita saber que las ludopatías son un grave problema de salud para las personas y un grave problema económico para las familias. Estamos tramitando una norma, que está ahora en exposición pública, que nos permita restringir la publicidad del juego y ordenar como se tiene que producir esa actividad. 

El IRPF de maternidad y paternidad que se hubiera reclamado con anterioridad al nuevo sistema de reclamación ¿van a poder solicitarlo quienes hayan iniciado otro tipo de procedimientos?

Había personas que ya habían incorporado la petición en papel a la Agencia Tributaria, pero ya les hemos pedido que utilicen el trámite electrónico, que es mucho más seguro. Hay que comprobar una serie de datos, además es más garantía para la persona que pida el reintegro. Papel que entra en la AEAT se acaba tramitando, pero mientras va por los distintos entornos se pierde la pista.

Quiero trasmitir tranquilidad, el primer día los datos han sido abrumadores, son personas jóvenes, en edad fértil, acostumbradas al manejo de la tecnología, y aún así hay que hacer el esfuerzo de que penetre en todo el territorio. De cuatro a siete de la tarde el primer día hubo 30.000 solicitudes. Esta semana se empieza ya a devolver, según se vayan validando las solicitudes se devolverá.

¿Cuál es su opinión sobre el hecho de que finalmente no se haya conocido la lista de personas que se acogieron a la amnistía fiscal de Montoro?

Los que criticamos que se hiciera la amnistía fiscal lo vivimos con cierta frustración, porque nos hubiera gustado por lo menos conocer los que se habían acogido, ya que no se cambió el tipo. Pero el Gobierno está permanentemente sustentado en el Estado de derecho y en el informe jurídico de los abogados del Estado.

Se ha especulado mucho a propósito de esta materia. Yo no he visto quiénes son los amnistiados fiscales, aunque tendría autoridad para hacerlo. Ni siquiera he tenido curiosidad de conocerlo porque me parece que no tiene ya ningún tipo de sentido.

Lo que sí, tomamos nota para el futuro y en la ley de fraude fiscal se va a evitar que se pueda producir, ya no la no publicación, sino situaciones de amnistías fiscales que han hecho que se acogieran con un tipo más bajo que los que pagaron sus tributos por sus ingresos de manera ordenada.

Esta amnistía fiscal fue una frustración para los que creemos en una fiscalidad justa. Y el anonimato de los que se acogieron formaba parte de las condiciones para acogerse a la amnistía. Por eso el Tribunal Constitucional entiende que ninguna de las condiciones, ni el tipo que se pagó ni el anonimato, puede ser revertida. Porque son las premisas por las que el “no contribuyente” se acogió y se benefició de una manera en mi opinión muy injusta.

¿Cómo cree que afecta a la economía andaluza y a la española la existencia de un paraíso fiscal como Gibraltar? ¿Cree que el Gobierno debería hacer algo al respecto aprovechando este terremoto del brexit?

Sí, de hecho lo está haciendo. El Gobierno, tras el éxito de la diplomacia española y del presidente del Gobierno para que cualquier acuerdo entre la UE y Gibraltar o con el Reino Unido implicando Gibraltar tenga que tener necesariamente el visto bueno del Gobierno de España, uno de los parámetros que más se ha trabajado con Gibraltar para hacer posibles los convenios ha sido esta cuestión.

Para nosotros excluir a Gibraltar de los paraísos fiscales requiere que Gibraltar cumpla con una serie de requisitos que son los que permiten sacar o no a un país de esa lista de paraísos. Hoy por hoy, Gibraltar no cumple con esos requisitos y, por tanto, para nosotros no es ni mucho menos una situación deseable, todo lo contrario, que exista dentro de nuestro marco geográfico un territorio donde algunos aprovechen para hacer frente a menos impuestos o para otras cuestiones que serían todavía más delicadas de comentar.

Por eso el plan para el campo de Gibraltar que aprobó el Gobierno con una inversión de más de 1.000 millones, no va solo dirigido al beneficio de la comarca, que ya de por sí lo justificaría, sino al conjunto de la economía española. La lucha contra el blanqueo de capitales, contra las mafias, reforzar la frontera en el campo de Gibraltar y evitar que personas mueran en el mar, es una política global que en un primer momento iba dirigida a la seguridad y a la inmigración, pero también un plan de reactivación económica de la zona. Los caldos de cultivo para esas situaciones se dan cuando hay una población con una vulnerabilidad y ese nivel de desempleo.

En la AEAT hay voces que denuncian las llamadas puertas giratorias para técnicos e inspectores, de manera que las empresas que los contratan pueden contar con su experiencia para tratar de pagar menos impuestos ¿le preocupa esta práctica? ¿se puede hacer algo para evitarla y que haya menos recaudación? 

Es un tema que preocupa. El régimen de incompatibilidades, que no depende del Ministerio de Hacienda, es evidente que no es algo que resulta del todo comprensible para los ciudadanos. Es un derecho del trabajador funcionario, pero hay que ver efectivamente qué periodos son los que en un determinado nivel profesional obligan a tener o no compatibilidad. Nos pasa a los políticos, los que nos dedicamos a determinada actividad tenemos un periodo de tiempo de incompatibilidad.

La ley de incompatibilidad marca que no puedes trabajar en el entorno donde tenías un contrato previo. Va dirigida a que no hayas concedido algo a una empresa y luego te paguen el favor. Hay preguntas de calidad democrática que trascienden quizá la compatibilidad tradicional y que tienen que ver con la formación que una persona recibe donde se emplea, y puede ser un debate interesante.

Pero que también permita el desarrollo profesional. Hay personas que se sacan unas oposiciones pero que después se mudan de ciudad o deciden pasarse a la actividad privada, y tampoco podemos evitar que esas situaciones se produzcan. Donde puede que chirríe es cuando el trabajo que se te encarga sea justamente conocer bien la interioridad de cómo se hace la legislación para que uno pueda aportar beneficios a la empresa donde trabaja. Eso debe ser un debate más amplio.

No solo ocurre en la parte financiera, también en otros ámbitos como el sanitario, donde puede haber compatibilidad pero que puede haber intereses contrapuestos. Es un debate interesante que creo que con calma en el futuro o se puede abordar sin que eso perjudique el desarrollo profesional de alguien que apruebe unas oposiciones y sea permanentemente condenado a trabajar en el sector público.

También se dice que el sistema tributario español es aberrantemente complicado para el ciudadano pero que esta misma complejidad es la que ayuda a determinadas empresas y fortunas a eludir el pago de impuestos, gracias a ejércitos de asesores fiscales. ¿Qué le parece esta idea?

El lenguaje que se utiliza en el entorno económico y fiscal es un lenguaje encriptado para los ciudadanos. Una de mis obsesiones desde mi llegada al Ministerio y probablemente por deformación de mi profesión anterior (soy médica) es que el lenguaje técnico tiene que ser comprensible para la persona que tiene que tomar una decisión. Uno no se puede esconder detrás de los tecnicismos alegando rigor. Se puede ser igualmente riguroso, o incluso más, socializando la información que se contempla dentro de esos elementos técnicos. A mí eso me parece muy importante cuando hablamos de fiscalidad, porque parece que está reservada para una élite o parece que los ciudadanos no te entienden. Si empiezas a hablar de “elementos de consolidación fiscal en el marco...”, creo que se produce incluso una desconexión automática del que te escucha. Yo soy una gran obsesionada de que sea comprensible el mensaje que permita a los ciudadanos tener criterio propio ante las propuestas de fiscalidad que se han planteado por parte del Gobierno. Quiero que los ciudadanos opinen sobre si les parece justo que en estos momentos se les pida un esfuerzo a las grandes corporaciones, a las rentas por encima de 130.000 euros... Me da rabia cuando algunos tratan de confundir con ese mensaje: “Todos vamos a pagar más impuestos”. Deje que el ciudadano elija, decida “esto me gusta más que esto”.

Y haría también un llamamiento a la responsabilidad de los asesores fiscales. Cuando los asesores fiscales recomiendan a sus clientes cómo abordar determinadas materias y luego el criterio de la AEAT es contrario y se ponen sanciones o se ponen complementarias con recargo, ¿dónde está la responsabilidad de cada colectivo? Evidentemente el que tributa tiene la suya propia, pero el especialista que te asesora también tiene una responsabilidad que hay que ver en qué marco se produce, dentro de qué códigos éticos..., otro debate que a futuro tenemos que abordar.

Los propios asesores están en esta idea de que no quieren que se les vea como los hacedores de fraude fiscal, sino como especialistas para capitales que requieren sus actividades profesionales. El asesor fiscal tiene que trabajar en que se cumplan las obligaciones fiscales, aunque sea maximizando los intereses del cliente que le contrata.

Esto le ha tocado a algunos ministros de su Gobierno, durante un tiempo se recomendaba usar determinadas figuras como una sociedad para comprar una vivienda..., ¿qué le parece?

Siempre digo que mientras se utilice para aquello para lo que están diseñadas, perfecto. Yo no tengo ninguna sociedad patrimonial ni tengo ninguna empresa de este tipo, pero respeto que otras personas hagan uso de lo que la legislación pone a su alcance. Sobre todo en los casos a los que usted se refería normalmente son personas con una realidad fiscal complicada, porque trabajan en muchos países distintos, generan beneficios dependiendo de la época del año... Todos los casos que se han conocido tienen un denominador común: son personas que han tenido una actividad internacional compleja. Y esto obliga a un asesoramiento que conozca la legalidad fiscal de todos los países y que se vea que lo que contribuye aquí no contribuye allí... Es decir, necesitan ponerse en manos de asesores fiscales para tributar correctamente. Mientras se destine para eso me parece correcto.

El problema es cuando se interpone una figura societaria para no hacer frente a tu declaración de impuestos que te correspondería. Ahí es donde se descafeína y no tiene sentido y el presidente en esto siempre ha sido extraordinariamente estricto: que no se utilicen instrumentos que no están diseñados para esto para ocultar renta. En ninguno de los casos que hemos conocido se ha producido ni se ha pretendido ocultación de renta, lo que se ha producido son otras cuestiones que tienen que ver con si se pagaba o no el alquiler de la vivienda en la que se estaba, pero en ninguno de los casos se han hecho ocultaciones de renta y, de hecho, los medios de comunicación recogieron que era legal.

El anterior Gobierno aparcó la financiación autonómica. Llevan mucho tiempo pendientes de reformarla. ¿Con las actuales tensiones territoriales es el mejor momento?

Yo creo que estamos en el momento adecuado. Es verdad que se necesita generosidad, concepto de país y tener al ciudadano en el centro del debate. Son las tres premisas importantes: el ciudadano es ciudadano viva donde viva, contribuyen las personas y no los territorios. En este debate parece a veces que es la tierra la que contribuye, pero contribuyen las personas. Y por tanto si hay un volumen de personas con un mayor nivel de renta en un territorio, su aportación tiene que ser mayor. En este debate solemos llegar a acuerdos sobre los temas globales y estamos trabajando políticamente para calibrar cuáles son los recursos necesarios para tener un estado del bienestar de calidad. Es decir, cuánto dinero adicional tiene que aportar el estado en la financiación autonómica. Yo creo que ahí nos vamos a poner de acuerdo. Podrá haber una pequeña discrepancia, pero nos vamos a poner de acuerdo, porque yo soy de las que opinan que la financiación autonómica es insuficiente. Incluso los que están mejor financiados tienen menos recursos de los que se necesitan para proveer el estado del bienestar.

El problema viene cuando empezamos a hablar de población ajustada y de las características que de alguna manera hay que singularizar para que los territorios que tienen envejecimiento, concentración versus dispersión, insularidad, paro... Un montón de variables que hay que incorporar pero que en el fondo lo que tienen que perseguir es que los servicios públicos sean homologables, dentro del respeto a las competencias autonómicas, vivan donde vivan. Creo que es la premisa con la que se parte en el modelo de financiación, que básicamente va dirigido a garantizar los servicios públicos, aunque también hay una parte para el estímulo económico, la convergencia, las inversiones..., las políticas no asociadas al estado del bienestar.

La financiación autonómica es el blindaje del estado del bienestar, que es lo que quiere hacer este Gobierno, y por eso no va a escatimar esfuerzos.

El momento puede ser complicado por las tensiones territoriales, pero me parece más necesario que nunca este debate, porque hay gente que está cuestionando las transferencias autonómicas y el Estado de las autonomías. Y no me refiero solo a Vox, que no cuestiona el Estado de las autonomías, directamente lo deroga. Me estoy refiriendo al PP, que de vez en cuando se descuelga diciendo que habría que recentralizar políticas como sanidad o educación, que llama la atención después de tantos años de éxito. Creo que el modelo autonómico ha sido un modelo de éxito que tenemos que cuidar, tenemos que preservar y que ante los desafíos territoriales, autonomía como la que hemos construido en la Constitución es el mejor antídoto.