A 1 de octubre de este año, había 64.000 personas encarceladas en España, de las que apenas 615, menos del 1% (en concreto, el 0,96%) cumplían pena por delitos económicos. El detalle lo ha ofrecido esta mañana Caridad Gómez-Mourelo, jefa de la Unidad de Delito de la Agencia Tributaria, durante la segunda jornada del XXIV Congreso Anual de Inspectores de Hacienda del Estado que hoy se clausura en Bilbao.
En concreto, según Gómez-Mourelo, a uno de octubre había en las cárceles españolas 87 personas condenadas por blanqueo; 300 por apropiación indebida; 50 por alzamiento de bienes; 150 por delitos contra la Hacienda Pública; doce por fraude a la Seguridad Social; otras doce por contrabando y apenas cuatro por delitos societarios. No obstante, hay más personas con delitos contra la hacienda publica en prisión pero no es el principal delito que han cometido.
La directiva de la Agencia Tributaria ha atribuido que haya “tan poca gente” condenada por delito fiscal (esas 150 personas) a que, en muchas ocasiones, el condenado regulariza su situación abonando la suma defraudada, con lo que el delito “se borra”, en virtud de la última Ley Antifraude que entró en vigor el año pasado.
Además, según la jefa de la Unidad de Delitos de Hacienda, la “bajada típica” de penas a los condenados por delitos fiscales suele venir por dilaciones en el proceso, por lo que ha abogado por “tratar de reducir el tiempo de instrucción” permitiendo a la Administración tributaria asumir parte del proceso que actualmente gestionan los tribunales, como ya se hace en algunos países.
Góme-Mourelo ha explicado que cada año los tribunales emiten alrededor de 300 sentencias firmes por delitos fiscales de las que dos tercios son favorables a la agencia. De estas, un tercio se dictan por conformidad entre las partes.