“Trabajo doce horas y, cuando acabo, me tengo que poner con el papeleo”. Este es uno de los mensajes que los agricultores que protestan desde hace días han ido repitiendo. Creen que hay una burocracia excesiva, cuya utilidad no siempre comprenden y que piden reducir. Esa es solo una de sus peticiones, a la que se suman cuestiones que dependen directamente de Bruselas como los cambios en la Política Agrícola Común (PAC), los acuerdos comerciales con terceros países o las exigencias de la conocida como agenda verde.
La solución a los problemas del campo, o a una parte de ellos, no puede venir solo de Bruselas. De las administraciones españolas dependen cuestiones como la mejora de la Ley de la Cadena, para que haya más inspecciones y sanciones; así como ayudas y medidas fiscales, para solventar el impacto económico derivado de la sequía y de una inflación que persiste.
“Producir alimentos es más complicado que fabricar un coche o un televisor”, justificó el lunes en una entrevista en Onda Cero el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Quiso poner el foco en que para el campo no hay soluciones fáciles porque no hay una realidad única. “Esto no es como negociar un convenio, hay muchas realidades, el que es sostenible y el que no; el que exporta mucho y el que sufre las importaciones”, enumeró. “No hay sostenibilidad ambiental sin rentabilidad empresarial”, resumió.
Para llegar a ese equilibrio, este miércoles está previsto un pleno –en teoría, ordinario– del Observatorio de la Cadena Alimentaria. En él estará Planas, quien volverá a verse con las principales organizaciones agrarias. Pero solucionar el malestar del campo no va a depender de una sola reunión. Resumimos cuáles son los problemas que están sobre la mesa y de dónde pueden venir las posibles soluciones.
Un exceso de papeleo que conlleva días de trabajo adicionales a los del campo. “La excesiva burocracia está suponiendo unos costes inasumibles para agricultores y ganaderos profesionales y no posibilita cumplir los objetivos en materia medioambiental”, se quejaban las principales asociaciones agrarias, UPA, COAG y Asaja, al convocar las protestas. Se refieren no solo al papeleo vinculado a los impuestos o a la Seguridad Social, también a los registros de producción, de superficie, del uso de productos fitosanitarios –pesticidas, por ejemplo– o la documentación que deben rellenar para recibir ayudas y fondos, ya sean autonómicos, estatales o, sobre todo, los que dependen de la PAC.
Desde que estalló la crisis del campo, el Ministerio de Agricultura asumió que una de las soluciones tiene que venir de la reducción de la burocracia. Pasa por simplificar los trámites, reducir la carga administrativa y hacerla más sencilla. Aún no se sabe cómo se hará, pero hay pistas.
Planas reconocía este lunes que llevará a la próxima reunión de ministros de Agricultura en Bruselas, que está prevista para el 26 de febrero, una “simplificación” de la PAC, para que haya “menos normas” y evitar la “superposición” de leyes que deriva en que “a veces, los agricultores y ganaderos sientan una presión muy fuerte”.
Esa simplificación tiene que aterrizarse, por ejemplo, a través del conocido como “cuaderno digital”, que permite, a través de satélites, perimetrar los terrenos agrícolas. “Hay agricultores que tienen miedo de meter los datos en un móvil”, reconoció Planas. Se necesita “formación” y hacer que no vean la tecnología “como el enemigo”. También ha puesto sobre la mesa que “antes de 2027” las ayudas agrarias se puedan solicitar de un modo similar a “como se hace con el borrador de la Renta”.
Ahí la patata caliente está en Bruselas. Los agricultores piden relaciones comerciales más justas y poner freno a las importaciones de países extracomunitarios que no tienen los mismos requisitos medioambientales y sociales y acuerdos comerciales más equilibrados. Unas reivindicaciones que, a veces, quedan empañadas por el nacionalismo, como se vio con la crisis diplomática y política sobre la calidad de los tomates españoles.
Poner freno a los acuerdos de libre comercio no parece una cuestión fácil en el corto plazo, salvo que las prioridades de Bruselas den un giro de 180 grados tras las próximas elecciones europeas de mayo. La pasada semana, la Eurocámara rechazó suspender los tratados de libre comercio. “Se trata de ponerles fin inmediatamente, empujan a los agricultores al peor postor social y ecológico por culpa de una competencia internacional desleal”, se instaba en la enmienda presentada por La Izquierda.
En España, los agricultores han pedido poner fin a las negociaciones de acuerdos comunitarios con el Mercosur y bilaterales entre la UE y países como Chile, Nueva Zelanda, Australia, Kenia, India o México. Ahí no hay mucho margen de maniobra, pero sí a la hora de tratar de impulsar que Bruselas ponga en marcha las denominadas cláusulas espejo. Estas consisten en que, si hay un acuerdo para facilitar las relaciones comerciales, las mismas exigencias de calidad, sanitarias y medioambientales que se aplican en la Unión Europea se apliquen también en el país con el que se pacte, pero siempre dentro de las exigencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC). España ya las ha pedido en Bruselas en varias ocasiones pero ahora, con las protestas del campo en la mayor parte de Europa, el respaldo de otros socios comunitarios a estas medidas puede reforzarse.
Flexibilizar la PAC –en cuestiones como la exigencia de destinar un 4% de los terrenos al barbecho– o flexibilizar la aplicación de esta política comunitaria de aquí a 2027 son otras de las cuestiones pendientes, para que no sea tan complicado recibir las ayudas y, en parte, para que haya menos requisitos medioambientales, como se ha visto con el uso de fitosanitarios, donde la Comisión Europea ya ha dado su brazo a torcer.
Los agricultores instan a que, además de reformar la PAC, se pongan en marcha medidas fiscales y ayudas, como las ligadas al cambio climático y la sequía, que está golpeando a los sectores más tradicionales y menos intensivos.
No se parte de cero, porque en los dos últimos ejercicios las ayudas al sector primario superan los 4.000 millones de euros. Además, hace un año ya se aprobó un paquete fiscal por valor de 1.800 millones de euros que no hay que descartar que se refuerce tras el malestar agrícola.
Lo que sí depende del Estado –también de las comunidades autónomas– es la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria. Esta legislación se aprobó hace algo más de un año –con el rechazo de las derechas– para tratar de establecer unas relaciones más justas entre agricultores, fabricantes de la industria y empresas de distribución. Entre otras medidas, recogió que los contratos se tuviesen que sellar siempre por escrito, que no se puedan cambiar las condiciones de forma unilateral y prohibió la venta a pérdida. Una expresión que significa pagar al proveedor menos de lo que a este le ha costado producir.
Para agricultores y ganaderos la ley fue una buena noticia –por ejemplo, ha recuperado los precios que cobran los ganaderos por la leche–, pero es insuficiente. Desde que entró en vigor, se han puesto 195 multas por un importe conjunto de algo más de 641.000 euros. La más alta no llega a 43.000 euros y no ha habido ninguna por saltarse la venta a pérdida.
Los agricultores y ganaderos piden más inspecciones y sanciones más altas, para que tengan un efecto disuasorio. De momento, el Ministerio ya ha abierto la puerta a que haya más inspecciones, aunque ahí las comunidades autónomas también tienen su parte, porque tienen competencias para investigar posibles irregularidades. Además, las asociaciones agrarias reclaman que el Observatorio que tiene que supervisar la cadena –el que se reúne esta semana– publique índices de precios y de costes, así como los análisis que realice respecto a cómo está funcionando la relación entre los operadores.
También, que las investigaciones que ponga en marcha la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio, tengan en cuenta factores como los “precios anormalmente bajos”, como ocurre actualmente, señalan, con el limón. De ahí, de ese previsible refuerzo de la Ley de la Cadena, podrían llegar algunas de las medidas que se pongan en marcha para tratar de mitigar las críticas del campo.
Precisamente, Podemos ha adelantado este lunes que va a presentar en el Congreso una Proposición no de Ley para modificar la regulación de la cadena alimentaria y que se publique periódicamente informes sobre costes de producción y márgenes de los diferentes operadores.
Otras medidas no son tan rápidas porque hay que empezar de cero. Ahí entraría la futura ley de la agricultura familiar, una de las promesas del Ejecutivo de coalición para esta legislatura que aún no tiene fecha en el calendario y que ahora puede comenzar a materializarse tras las protestas.
De hecho, las organizaciones agrarias, al convocar las movilizaciones, hablaron de “facilitar, mediante mecanismos voluntarios, el acceso a la tierra de los jóvenes y de nuevos agricultores”. También, “de frenar la especulación y la compra de tierras que están realizando los fondos de inversión y agentes fuera del sector agrario”.
Que los grandes inversores han puesto el foco en las tierras agrícolas no es nuevo, pero va a más. La consultora CBRE calculaba a finales del año pasado que la inversión institucional en el campo, que denomina agribusiness, alcanzó en 2023 los 2.000 millones de euros, duplicando el nivel de inversión del año anterior. Una inversión, al calor de la inflación de los alimentos, que no se vio empañada por el efecto de la sequía en la producción.
El Gobierno asume que, además del efecto que puede tener en el campo una nueva legislación que facilite el relevo generacional y reforzar la Ley de la Cadena, las medidas tienen que venir de Bruselas y de las comunidades autónomas, porque tienen competencias en sus territorios. “No todas las medidas dependen del Estado, sino que hay algunas que vienen del ámbito comunitario y otras que dependen de las propias comunidades autónomas”, justificaba este lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En cuanto a las comunidades, no todas están reaccionando igual. En algunas ya se han dado pasos, como el Gobierno foral de Navarra, que ha aprobado medidas fiscales que se aplicarán en 2025, pero serían retroactivas para incluir 2024.
Aquí entra también la capitalización política, con PP y Vox tratando de disputarse el favor del campo. Ambos partidos han puesto el foco en la actuación del Gobierno, en un contexto en el que la formación de Santiago Abascal tiene las consejerías de Agricultura en cuatro comunidades autónomas donde gobierna con el PP: Castilla y León, Comunitat Valenciana, Aragón y Extremadura.
“Estamos viendo una batalla entre el PP y Vox por ocupar el voto rural”, aseguró el lunes Luis Planas en la citada entrevista, donde también apuntó que otra de las peticiones del campo es poner coto a la instalación de plantas de renovables en terrenos agrícolas, cuando la competencia territorial sobre dónde se pueden poner o no estas instalaciones depende de los gobiernos regionales.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.