El impuesto a las energéticas es la nueva gran batalla fiscal que enfrentará a los socios a izquierda y derecha del Gobierno de coalición. El compromiso del Ejecutivo de convertir en un tributo permanente el gravamen temporal que se diseñó en 2022 se ha quedado fuera del “paquete” de medidas aprobado esta semana en el Congreso por el rechazo de PNV y Junts, que se han alineado con los intereses de las empresas del sector, principalmente con Repsol. Pero eso no quiere decir que haya sido descartado.
EH Bildu, ERC, Podemos y BNG lo convirtieron en una línea roja de las negociaciones y han conseguido un compromiso del Ministerio de Hacienda para prorrogarlo mediante una proposición de ley o un real decreto antes de que termine el año, cuando su vigencia caduca. La clave ahora pasa a ser su nuevo diseño, que deberá incluir bonificaciones para las empresas que inviertan en la transición ecológica para convencer a PNV y Junts y que no deberá quedar tan descafeinado como para espantar al bloque de la izquierda.
Según ha podido saber elDiario.es, la propuesta de ERC y EH Bildu (la enmienda 37 que el Congreso rechazó el jueves), que prevé una deducción por inversiones estratégicas que estén recogidas en un Plan de Inversiones aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica, será el punto de partida de estas formaciones. Mientras, fuentes del PNV adelantaron el mismo jueves que el partido nacionalista “verá cuando se arranque la comisión negociadora, que han pactado PSOE y Podemos, cuál es la posición que fija en base a la propuesta impositiva que se haga y a la posterior negociación”.
El tributo se diseñó en 2022 para gravar los beneficios extraordinarios conseguidos por las empresas del sector energético por su capacidad de aprovechar la crisis de inflación para elevar los márgenes de sus negocios. “Tanto las entidades de crédito como las energéticas acumulan cifras récord de beneficios, por lo que es coherente una mayor contribución fiscal, que redunde en mejores servicios públicos para la mayoría social de país”, defendía Hacienda a finales de septiembre de este 2024, cuando publicó el dato de recaudación del tributo a grandes eléctricas y petroleras, que fue de 1.164 millones sobre sus ganancias de 2023, una cifra similar a la del año anterior.
“Estos gravámenes siguen las recomendaciones de los organismos internacionales que solicitan una mayor contribución de aquellos sectores con grandes beneficios”, incidía el departamento que lidera la vicepresidenta María Jesús Montero en septiembre. El compromiso del Gobierno de coalición es, efectivamente, prorrogarlo, como ha hecho con el gravamen de la banca y como le exigen sus socios a la izquierda. “Un impuesto permanente está motivado principalmente por las posiciones de poder monopolístico, en sectores estratégicos donde el poder de los grandes oligopolios detrae rentas de la ciudadanía de manera estructural y compromete el bienestar de la mayoría”, explica la Plataforma por la Justicia Fiscal, que incluye a sindicatos, a asociaciones de consumidores, ecologistas y a otras organizaciones que luchan contra la desigualdad.
“Nos preocupa la falta de concreción y claridad en torno al impuesto a las energéticas. En un momento en que el sector sigue en niveles de resultados de récord histórico y con un poder de mercado tan significativo, sería un retroceso que quedara en un diseño cosmético sin impacto sustancial”, advierten en Oxfam Intermón, una de las organizaciones más activas en la lucha por la justicia fiscal.
Las cuatro mayores energéticas cotizadas de España (Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol) alcanzaron un beneficio conjunto de 10.247 millones de euros en los nueve primeros meses de 2024, superando las ganancias récord de 9.037 millones que lograron hasta septiembre de 2022. Ese año, los precios del gas natural pulverizaron todos los máximos tras la crisis energética que siguió a la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Cepsa, que no cotiza en bolsa, suma casi 500 millones de beneficio neto en el mismo periodo de 2024.
El Gobierno logró este jueves el apoyo de sus socios para aprobar en el Congreso de los Diputados el paquete fiscal previo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025. La negociación a izquierda y derecha fue agónica, por momentos rocambolesca, pero el suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales, el aumento del IRPF a las rentas del capital de los más ricos o el nuevo tributo a la banca, entre otras medidas, reunieron 177 votos a favor de los diputados PSOE, Sumar, PNV, Junts, EH Bildu, ERC, Podemos y BNG, frente al rechazo de PP, Vox y UPN, y la incomparecencia de José Luis Ábalos.
Esta “reforma” que se “ha quedado en paquete” —según lamentó Carlos Martín Urriza, portavoz de Economía y Hacienda de Sumar, en la tribuna del Congreso— ha perdido muchas propuestas iniciales por el camino, desde el incremento de la tributación del diésel para igualarlo a la gasolina hasta la eliminación de los privilegios fiscales de las SOCIMIs, aunque la clave que ha bloqueado y desbloqueado las negociaciones ha sido realmente el gravamen temporal a las energéticas.
Desde hace semanas, el Ministerio de Hacienda y el PSOE han ido cediendo protagonismo a cada uno de sus socios siempre con el impuesto a las energéticas como eje central de las discusiones. A finales de octubre, tras una campaña liderada por el trinomio PNV-Junts-Repsol en contra del compromiso del Gobierno de coalición de prorrogar este tributo, el PSOE entregó en el Congresó sus medidas del paquete fiscal sin incluirlo y el partido independentista presumió en una nota de prensa de haberlo eliminado “para garantizar la inversión de las energéticas en Catalunya y evitar la recentralización de competencias, apoyando así el tejido industrial del país. También se evita la subida de precios de las facturas de electricidad, gas natural, gasoil y gasolina en ciudadanos”.
Con la excepción de Sumar, que asumió su papel de socio de Gobierno y siguió la posición del PSOE, este movimiento enervó los nervios en el bloque de socios de izquierdas. Con distintas palabras, el mensaje de ERC, EH Bildu, BNG o Podemos era el mismo: sin impuesto a las energéticas, no habría apoyo a ninguna otra medida fiscal. El lunes, en la Comisión de Hacienda previa a la votación definitiva en el Pleno del Congreso, ERC, EH Bildu y BNG, rozando la medianoche tras horas de negociación, arrancaron un acuerdo al Ministerio de Hacienda para “la presentación de un real decreto-ley para prorrogar durante todo el año 2025 el impuesto a las energéticas”.
Inmediatamente después, exactamente a las 0.55 horas ya del martes, Hacienda emitió un conciso comunicado de tres líneas: “El Gobierno quiere aclarar que mantiene su acuerdo con Junts para no gravar a las empresas energéticas que mantengan su compromiso efectivo de inversión para la descarbonización”. La “aclaración” se refiere al pacto de finales de octubre que difundió el partido independentista, aunque lo modifica sobre la marcha, porque aquel acuerdo hablaba de “eliminación” del tributo, en ningún momento de la posibilidad de que existiera dejando exentas las inversiones que fomenten la transición ecológica. Una posición, por cierto, que sí había contemplado en otras ocasiones el PNV.
Podemos, que no tiene representación en dicha Comisión, jugó su papel el mismo día del Pleno del Congreso, el jueves, y apuró las horas de negociación hasta que, empezado el debate sobre el paquete fiscal, anunció el compromiso del PSOE de impulsar una proposición de ley que contenga un impuesto a las empresas energéticas y a abrir una comisión negociadora con el bloque de investidura para sacarla adelante. El acuerdo anunciado por la formación morada añade que si no saliese un consenso antes del 31 de diciembre, el Gobierno tendrá que aprobar un real decreto con la prórroga durante todo el año, en la misma línea que lo que habían pactado previamente ERC, EH Bildu y BNG con Hacienda.
Hasta ahora (2022, 2023 y 2024), el gravamen a las energéticas ha afectado a los operadores principales, “de acuerdo con la normativa reguladora de los mercados y la competencia, así como las personas o entidades que desarrollen en España actividades de producción de crudo de petróleo o gas natural, minería de carbón o refino de petróleo y que generen, en el año anterior al del nacimiento de la obligación de pago de la prestación, al menos el 75% de su volumen de negocios a partir de actividades económicas en el ámbito de la extracción, la minería, el refinado de petróleo o la fabricación de productos de coquería”, según explica Hacienda.
No obstante, están exentos del pago aquellos operadores principales cuyo importe neto de la cifra de negocios correspondiente al año 2019 sea inferior a 1.000 millones de euros y aquellos cuyo importe neto de los ingresos correspondiente, respectivamente, a los años 2017, 2018 y 2019 derivado de la actividad que hubiera determinado su consideración como operador principal de un sector energético no exceda del 50% del total de dicho importe cada año respectivo. La base imponible es el importe neto de la cifra de negocios anual, sobre la que se aplica un porcentaje del 1,2%.
En la prórroga de este gravamen temporal de 2023, el Gobierno añadió a este diseño, tras acordarlo con el PNV, “el establecimiento en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2024 de un incentivo que resultará de aplicación a los obligados al pago en el sector energético por las inversiones estratégicas que sean esenciales para la transición ecológica en nuestro país, tales como el almacenamiento energético, nuevos combustibles renovables —como el biogás, el biometano o el hidrógeno verde— y sus posibles infraestructuras de red asociadas, así como inversiones asociadas a cadena de valor nacional y europea, para contribuir a la autonomía estratégica, que realicen desde el 1 de enero de 2024 en relación con las magnitudes a considerar respecto del año mencionado”. Esta condición no llegó a prosperar porque nunca hubo Presupuestos de 2024.
El punto de partida en la negociación entre los socios del Gobierno para la prórroga del impuesto a las energéticas es la negociación sobre las bonificaciones por las inversiones en descarbonización y en la transición ecológica. Esta misma semana, el Club Español de la Energía, que reúne a BP, EDP, Endesa, Iberdrola, Moeve (Cepsa), Naturgy, Repsol y TotalEnergies, publicó un comunicado en el que avisó de que “nuevas cargas impositivas condicionarán el futuro de las inversiones del sector energético”.
Según explica este lobby, “prorrogar o incluir nuevas cargas impositivas a las compañías del sector energético dificultarán la materialización de las inversiones que es necesario llevar a cabo, estimadas en más de 30.000 millones de euros para los próximos tres años, así como el desarrollo y viabilidad económica y financiera de los proyectos”.
Su principal argumento es que “la transición energética es la gran oportunidad de España para liderar un nuevo modelo de crecimiento más sostenible, y de reindustrializar y crear empleo aprovechando todo el potencial de las energías renovables, en las que nuestro país posee una ventaja comparativa frente a otros países de nuestro entorno (por su posición geográfica, abundancia de recursos naturales, talento, infraestructuras energéticas, etc.)”.
En un momento convulso para las noticias de economía, es más importante que nunca estar bien informado. Las repercusiones de cada movimiento de empresas, de la política económica de los gobiernos y su impacto en los ciudadanos, explicadas desde un punto de vista riguroso y diferente.