Dura condena a la corrupción en Asturias por fraude con las subvenciones al carbón en la mina La Camocha (Gijón). Han pasado 16 años desde que 25 directivos y cargos intermedios y administrativos de esta explotación hullera fueran detenidos e interrogados durante horas en el marco de la “Operación Baltasar”, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
El fallo judicial empaña la historia de este pozo, motor, antaño, de la economía de Gijón e impulsor del puerto del Musel. La sentencia supone además un nuevo varapalo a la minería asturiana. Se une a casos como el de Fernández Villa, líder durante décadas del gremio, imputado presuntamente por corrupción a costa de los fondos mineros. También se añade a la fecha límite fijada por la Comisión Europea para el fin de las explotaciones en 2018, al cierre de las térmicas anunciado por Iberdrola y a la crisis del sindicalismo asturiano que ha terminado con 106 años de historia conjunta entre UGT y la corriente sindical minera (Soma). Elementos que contribuyen a apagar la llama de esta actividad económica, una de las principales, durante décadas, en la región.
El magistrado titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, el juez Luis Ortiz Vigil, ha impuesto al ex presidente de la explotación hullera Manuel Martín Martín tres penas de dos años y seis meses de prisión, en total siete años y medio, por sendos delitos contra la Hacienda Pública y al pago de 16 millones de euros.
De igual forma, ha condenado por los mismos delitos al apoderado de Trabajos y Explotaciones (Trabex) y Hullas de Coto Quirós (HCQ), Guillermo Honrubia, a cinco años y tres meses de cárcel y al pago también de 16 millones de euros. Condena al administrador único de HCQ, Ángel García Brugos, a cinco años y tres meses y 16 millones de euros de multa. Además, los tres deben abonar al estado de forma conjunta y solidaria 16 millones de euros, por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La cuarta acusada, Margarita García, directora financiera de la mina, ha quedado absuelta, frente a su anterior condena.
Otros dos de los investigados fallecieron durante el proceso: el dueño de la mina, Fernando García Brugos, durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y exconsejero de Industria del Principado, Víctor Zapico, el pasado mes de abril.
Con todo, las penas son sensiblemente inferiores a las del primer juicio (2014) anulado por “falta de imparcialidad del juez” en la vista oral y después de que se haya tenido en cuenta circunstancia atenuante de “las dilaciones indebidas”. En aquella ocasión el juicio derivó en condenas de nueve años por el desvío de ayudas al carbón.
El actual fallo también incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación, por lo que este caso aún podría extenderse más en el tiempo.
El juez considera probado que los condenados incurrieron en delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social tras adquirir mineral de importación y hacerlo pasar por propio. Al venderlo a las centrales térmicas como carbón nacional, lograban cobrar las subvenciones establecidas para el producto autóctono. El fraude consistió en la mezcla de unas 100.000 toneladas de carbón importado o nacional de cielo abierto, más barato que el propiel de la producción de Mina La Camocha, para su reventa a la térmica de Aboño, entre otras.
Mina La Camocha adquirió directamente una parte del mineral justificándolo como destinado a vales para sus trabajadores, mientras que la mayor parte de las compras se camuflaron a través de empresas interpuestas: Hullas del Coto Quirós, del mismo propietario que Mina La Camocha y Trabajos y Explotaciones (Trabex) quienes habrían entregado el carbón a Mina La Camocha, pero facturando por conceptos distintos.
75 años de actividad extractiva
Mina La Camocha fue una mina subterránea de carbón que estuvo en producción desde 1935 hasta 2008, una de las tres empresas carboneras españolas subvencionadas por el Estado mediante contrato-programa. La Comisión Europea puso fecha de clausura a partir del 31 de diciembre de 2007, por lo que dos días antes la junta general extraordinaria de accionistas decidió la liquidación de la compañía, constituida en 1992 tras la escisión de la Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), propietaria desde 1947 del pozo en el que se comenzó a extraer carbón en 1935.
Su cierre se había incluido en el plan de carbón (2006-2012) por la falta de rentabilidad de la explotación. La Camocha, única mina del litoral español, supuso para Gijón un importante motor económico. La explotación llegó a tener 1.500 trabajadores y supuso el despegue del puerto del Musel, exportador del mineral.