El Tribunal de Cuentas ha cuestionado una adjudicación de 7,2 millones de euros del nuevo candidato del Gobierno para representar a España en el Banco Mundial, Fernando Jiménez Latorre, a su antigua empresa, el grupo Oliver Wyman, poco después de ser nombrado número dos del Ministerio de Economía, según avanza El Español.
Se trata de la auditoría de la banca que Jiménez Latorre encargó en julio de 2012, tras el rescate de Bankia, a la empresa en la que había estado trabajando hasta su nombramiento en Economía unos meses antes.
El candidato elegido por el Gobierno para el Banco Mundial tras la renuncia de José Manuel Soria, compañero de promoción de este y del ministro Luis de Guindos en la promoción de técnicos comerciales del Estado de 1984, fue secretario de Estado de Economía desde diciembre de 2011 hasta agosto de 2014, cuando Guindos le eligió para representar a España en el Fondo Monetario Internacional. Antes de ser nombrado secretario de Estado de Economía, trabajaba en Nera Economic Consulting, filial de Oliver Wyman, cuya matriz es Marsh, una de las mayores aseguradoras del mundo.
Oliver Wyman fue, junto a Roland Berger, la elegida por el Gobierno para realizar una auditoría completa de la banca que revelara el agujero real de sus balances y que detectó unas necesidades de capital de 59.300 millones de euros en el sector.
Estos contratos debía adjudicarlos y pagarlos el Banco de España, pero en el caso del que se llevó Oliver Wyman, “la empresa de auditoría adjudicataria no fue seleccionada por el Banco de España, sino que lo fue por las autoridades autoras del encargo”, según el Tribunal de Cuentas. Es decir, que fue el Ministerio de Economía el que seleccionó a la empresa del grupo en el que había trabajado Jiménez Latorre hasta unos meses antes.
Se trataba del contrato para elaborar un estudio de los balances de las entidades españolas y obtener “un análisis detallado de las carteras bancarias y una valoración exhaustiva de sus activos”, según informó el Banco de España.
Según el Tribunal de Cuentas, el importe de este contrato se fijó “a tanto alzado”, sin que tuviese un desglose de las diferentes partidas que lo conformaban, y su precio se fijó “aplicando criterios tales como la composición de los equipos (cuantitativa y cualitativa) y las horas de trabajo estimadas”. El Banco de España alegó al Tribunal de Cuentas que la valoración del contrato se había estimado así “por motivos de urgencia”.
El órgano fiscalizador señala que el certificado de Oliver Wyman de estar al corriente de sus pagos con Hacienda “era de fecha 9 de octubre de 2012, cuando el contrato había sido formalizado el 20 de julio de dicho año”. Esto es, que cuando Oliver Wyman recibió el contrato, no disponía del certificado de la Agencia Tributaria.
Por último, el Tribunal de Cuentas apunta que la oferta técnica del contrato estaba redactada en inglés, lo que “incumplió la previsión contenida en el artículo 36 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. Ello “daba lugar a restricciones tanto para la comprensión como para la interpretación de su contenido y, por tanto, para el control y verificación del cumplimiento de las prestaciones comprometidas”, advirtió el organismo.
Jiménez Latorre estuvo ligado durante varios años a NERA Economic Consulting (National Economic Research Associates), una sociedad que, como informó OK Diario el jueves, tiene su sede en Delaware (Estados Unidos), territorio que no es considerado por España un paraíso fiscal para España, pero sí por otros países. Según el Registro Mercantil, fue apoderado de la compañía en España entre el 16 de diciembre de 2009 y el 10 de febrero de 2012.