El misterio del déficit tarifario de las eléctricas: de 2.500 a 4.500 millones en 40 días
“El objetivo de esta ley es acabar con el déficit tarifario”, ha sentenciado el ministro de Industria, José Manuel Soria, esta mañana en el debate de las enmiendas a la totalidad. Pero, ¿de qué estamos hablando? Según el ministro: de una deuda acumulada de “26.000 millones” y que se ampliará en “4.500 millones” al cabo del año. Eso sí, en ningún caso ha explicado cómo se ha producido tamaño desajuste entre “lo que se ingresa por la factura de la luz y lo que cuesta esa generación”: 12 millones de euros diarios de desfase que reconoce el Ejecutivo sin aportar los datos de cómo se llega a ese cálculo.
El propio Soria dijo el 20 de septiembre en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros: “Muy probablemente estaremos en un entorno, probablemente, de unos 2.500 a 3.000 millones de euros. Pero eso sí, será el último año de déficit de tarifa (...), ya el objetivo será que en el año 2014 no haya y, si lo hubiera, que entren en funcionamiento los mecanismos automáticos que están establecidos en la propia norma”.
Cuarenta días después, el cálculo se ha disparado entre 2.000 y 1.500 millones. Y eso que, según contó Cinco Días, en la orden de peajes de agosto y en el proyecto de Ley del Sector Eléctrico figuaraba que 2013 se cerraría incluso con superávit de tarifa.
El ministro ha facilitado estas cifras en el debate sobre la nueva ley del sector eléctrico que, además de pretender saldar el déficit asumido por el Gobierno con las eléctricas, cifrado en 26.000 millones a finales de 2012, establece un peaje al uso de los rayos del sol y el viento.
PSOE, CiU, BNG, Compromís, UPyD, ERC e Izquierda Plural (IU, ICV y CHA) han presentado enmiendas a la totalidad, la de este último grupo con articulado alternativo, en las que criticaban el modo de saldar el déficit, el canon por el autoconsumo energético y la retroactividad que sufrirán las compañías de energías renovables toda vez que verán revisados cada tres o seis años los critarios de “rentabilidad razonable” con los que el Estado compensará la inversión inicial.
