Carmen Benítez López, esposa del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha actuado como procuradora en los tribunales para grandes compañías reguladas por el Ministerio que encabeza su marido en más de una veintena de procedimientos judiciales desde el nombramiento de su esposo al frente de Industria, el 22 de diciembre de 2011.
La semana pasada, cuartopoder.es avanzó que Benítez ha actuado como procuradora para Endesa al menos una vez desde el nombramiento de Soria, y al menos otra en los dos años previos a su llegada a Industria, sin que el ministro se haya inhibido en ninguna decisión sobre la eléctrica, tal y como estipula la Ley de altos cargos de 2015 y su predecesora, la Ley de conflicto de intereses de 2006.
Esta última norma estipula que los altos cargos están “obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubieran tenido alguna parte ellos, su cónyuge o persona con quien conviva en análoga relación de afectividad o familiar dentro del segundo grado y en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público”.
Según datos recogidos de la base de datos de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial, la relación de Benítez con Endesa no se limita a dos casos. La eléctrica es su principal cliente por número de litigios, tanto desde el nombramiento de Soria como en los dos años anteriores a su llegada a Industria. Desde diciembre de 2011, se han dictado 89 sentencias en las que Benítez era procuradora de una de las partes. De ellas, ocho corresponden a litigios de Endesa, con ella como representante. Esto supone que la eléctrica ha ocupado aproximadamente un 9% de su cartera de trabajos.
La tarea de un procurador es la de ejercer como representante legal ante los tribunales en un pleito y requiere una sólida formación jurídica. Estos profesionales no se limitan a recoger papeles en el juzgado: informan a sus clientes del coste aproximado de un procedimiento con carácter previo; se encargan de agilizar los procedimientos; se responsabilizan de todos los trámites (recibir y firmar los emplazamientos, citaciones, notificaciones, y asistir a todas las diligencias a favor de su cliente) y transmiten al abogado todas las resoluciones que reciben y presentan, entre otras funciones.
Benítez, que ha declinado hacer comentarios sobre este asunto a eldiario.es, todavía tiene pendientes de resolución otros cinco litigios de Endesa, empresa que tiene desde hace décadas el monopolio de la generación eléctrica en las islas y de la que es procuradora en Las Palmas desde los 90. De los ocho litigios de Endesa sobre los que ya se ha dictado sentencia desde que Soria es ministro, siete corresponden a juicios por impagos en los que las cuantías en disputa (la base sobre la que se calcula el tanto por ciento que pasa a ser el arancel que cobra el procurador) sumaban unos 174.000 euros. El litigio de mayor cuantía es una sentencia de marzo de 2013 que estimó un recurso de Endesa y el Ayuntamiento de Arrecife contra un auto de un juzgado de Las Palmas que les condenó en junio de 2012 a indemnizar con 2.775.793,33 euros a una asociación de defensa del medio ambiente.
Endesa no comenta este asunto, aunque fuentes cercanas a la empresa argumentan que se trata de casos anteriores a la llegada de Soria a Industria y que era “muy complicado” revocar sus poderes. En realidad, basta con acudir a un notario y ni siquiera hay que fundamentar esa revocación. En el Colegio de Las Palmas hay cerca de 325 procuradores colegiados. Desde el Colegio niegan que Benítez haya vulnerado su Código Deontológico, que estipula que “ningún procurador podrá aceptar encargo alguno en condiciones de conflicto de intereses”, entendida como aquella situación en la que “exista colisión de derechos o intereses que puedan colocar al procurador en una posición equívoca, que entrañe un riesgo para su independencia o su rectitud”.
El fabricante de ascensores Schindler, que es un contratista habitual de la Administración pública y del propio Ministerio de Industria, y la operadora de telefonía móvil Orange, son otros clientes habituales de la esposa de Soria, con cinco sentencias desde diciembre de 2011. En el caso de la operadora, todos son procedimientos relativos a la extinta tasa por ocupación del dominio público local girada por los ayuntamientos de Las Palmas, Arucas, Tías y Barlovento. La cuantía en litigio es indeterminada, por lo que el arancel cobrado por Benítez en cada uno de esos procedimientos rondaría los 300 euros.
Fuentes de Orange, propiedad de la multinacional gala France Telecom, explican que la empresa trabaja en España con más de 200 procuradores y “la práctica habitual” es recurrir a aquellos que ya colaboran con los bufetes que defienden a la compañía. “Son estos despachos los que nos proporcionan los nombres de los procuradores. Ni incluimos ni excluimos a nadie”, señalan en la compañía de telecomunicaciones. Esta trabaja con Benítez desde el año 2008, fundamentalmente para pleitos por impago y recursos por la citada tasa.
“Segunda suplente”
La esposa de Soria también ha representado a Telefónica Móviles en dos procesos judiciales sobre los que se dictó sentencia en 2012. El primero, un litigio contra el Cabildo de Gran Canaria, institución que el propio Soria presidió entre 2003 y 2007, por la legalización de una antena de telefonía móvil; el segundo, un impago de 23.587 euros. Fuentes de la compañía subrayan que los servicios prestados por Benítez “no tienen ninguna relevancia” y no están vinculados a asuntos regulatorios; la esposa de Soria “forma parte del pool de procuradores en la provincia” desde hace 15 años, aunque para la operadora es la “segunda suplente”.
Otra empresa directamente relacionada con el negociado de Soria es Proyectos y Desarrollos Renovables, S.A., del armador gallego Manuel Vidal Pego, con una trayectoria salpicada de incidentes judiciales relacionados con la pesca. Benítez la representó en un recurso por el que logró anular en enero de 2014 la adjudicación de un concurso eólico en Fuerteventura por parte de la Consejería de Industria de Canarias.
Preguntado sobre la vinculación de la esposa del ministro con empresas de sectores regulados por su departamento, y por si Soria hizo constar esta circunstancia en la preceptiva declaración de intereses previa a su nombramiento, Industria no ha hecho comentarios.