La subida de la luz se ha cebado en los últimos meses con los suministros (la mayoría domésticos) en el mercado regulado de electricidad, el conocido como precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), expuesto a los vaivenes diarios del denominado pool. Pero la escalada ya golpea también a muchas pymes con contratos en mercado libre que han empezado a revisarse. En algunos casos, la actualización se ha hecho en enero, al incluir cláusulas de revisión automática con el nuevo año.
Un ejemplo es el Obrador Abantos, una panadería artesanal en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) que elabora pan con masa madre procedente de harinas ecológicas. Abrió sus puertas a finales de 2019, poco antes de la pandemia, y cuenta con nueve empleados. Tenían un contrato a precio fijo con Iberdrola y hasta ahora se habían librado del efecto de las espectaculares subidas del pool. Además, se beneficiaron (como todos los consumidores) de las medidas aprobadas por el Gobierno para contener esa brutal escalada, como las rebajas fiscales y el drástico recorte de los cargos (parte regulada del recibo) que ha decaído desde principios de año.
“Hasta ahora no lo había notado”, asegura David Solana, propietario del obrador, que hace unos días recibió una mala noticia de Iberdrola. “Me han mandado una carta con una estimación y es directamente el doble”, asegura. “De pagar unos 550 euros mensuales vamos a pasar a unos 1.100-1.200”.
No es el único coste extra que afecta a su negocio, que para poder funcionar requiere de unos 21 kilovatios (kW) de potencia eléctrica y que reparte a domicilio por muchos municipios de la Sierra de Guadarrama. También se han encarecido drásticamente materias primas como el aceite de oliva virgen extra, “que ha subido un 40%”. Por ahora no han aplicado subidas de precios generalizadas “a costa del margen”, con alzas puntuales y bajadas de algunos productos.
Lejos de Madrid, en Buñuel (Navarra), en pleno Valle del Ebro, está La Noria, “la finca de mi bisabuela Eufrasia”, como la define Carlos Álvarez, ingeniero industrial que desde hace más de una década gestiona Bio-Trailla, empresa familiar que vende fruta y verdura ecológica a domicilio a diferentes grupos de consumo por toda España. Con unos 25 empleados, una tienda física en Zaragoza y planes para abrir establecimientos en Madrid, hace unos días comunicaron a sus clientes la primera subida de sus cestas en “más de doce años” debido al incremento de los precios del mercado.
“Todo ha subido y ha sido todo a la vez; no recibíamos más que comunicaciones a lo largo de diciembre anunciando subidas de tarifas”, resume la esposa de Álvarez, Ana Domínguez, que se encarga del área de facturación y Recursos Humanos. Han subido sus cestas, de media, el 13%, aunque no de forma lineal para todos los clientes, ya que influyen enormemente aspectos como la distancia a la que hay que llevar los pedidos.
Álvarez calcula que en 2021 el aumento medio del coste de la electricidad con respecto a 2019, año previo al hundimiento de precios del pool que propició la pandemia, fue de cerca del 31%. “No son facturas mensuales de 200.000 euros”, pero sí es un coste importante. La principal partida en su caso es para el bombeo del riego por goteo. También tienen cámaras frigoríficas para los pedidos que preparan, hasta que llegan los camiones de reparto. En ellas se guarda, si lo hay, el sobrante de la cosecha diaria, pese a que su política es “trabajar a stock cero”, tratando de recolectar exactamente la cantidad necesaria para servir los pedidos.
Según Álvarez, últimamente lo raro ha sido no recibir una subida de tarifas por parte de sus proveedores. “Es una pasada. No es la luz solamente. Están las cajas de cartón. En estos doce años han tenido igual cuarenta o cincuenta subidas, pero este último año, cada dos o tres semanas ha habido revisión de precios; luego están los transportes que contratamos, por el gasoil, que nos penaliza bastante; las bolsas de material biodegradable que van en las cestas… Estamos en un punto en el que cuando recibo un e-mail de algún proveedor anunciando una subida ya no me llama la atención”.
Volvemos a la sierra madrileña. En Villalba, Roberto Redondo regenta Supracolor, uno de los muchos talleres de chapa y pintura que se ubican en un gran polígono industrial (el P-29) de esta localidad al norte de la capital. Redondo se ha acostumbrado a que las facturas de la luz que alimenta parte de la maquinaria del taller, que requiere unos 13 kW, se vayan hasta los 750-800 euros mensuales, “el doble” que hace un año.
“Una pasta” que se suma al coste del gasóleo que alimenta la cabina de pintura, que también se ha disparado. “Funciono porque gracias a Dios tengo mucho trabajo, pero un taller que esté a medio gas te lo funden”, resume.
También hay excepciones. No muy lejos de Villalba, en Galapagar, está la tintorería Soberanía 19, en el centro de esta localidad de 33.000 habitantes. Lleva abierta desde 1994 y también realiza arreglos de ropa, copias de llaves y reparación de calzado. Tras el mostrador, su propietaria desde hace 10 años, Carmen Canales, asegura que no se han visto especialmente afectados hasta ahora por las subidas.
Carmen lo atribuye a un contrato que, “harta” del servicio que le prestaron durante años las grandes eléctricas, firmó con la comercializadora Aldro Energía y que le gestionó la Asociación Profesional de Tintorerías y Lavanderías de la Comunidad de Madrid. Tras años en los que la factura eléctrica de su negocio “llegó a ser de 800 euros”, está satisfecha: explica que le hicieron un estudio de consumo energético para implementar medidas de eficiencia y, asegura, hasta ahora se ha librado de sustos, en un contexto en el que “está subiendo todo, de las perchas a los plásticos”.
En Lorquí (Murcia), la familia Cano regenta un negocio de lavandería industrial que este 2022 no ha tenido más remedio que elevar sus tarifas para repercutir parte de la subida de la luz, el gas y el gasóleo que utilizan para el reparto. “Desde 2020 no tocamos los precios por la pandemia, pero este año hemos tenido que hacerlo como última medida: los clientes tienen que asumir una parte; si no, al final trabajamos para pagarle a Cepsa o a Iberdrola”, dice su gerente, Mariano Cano.
En electricidad, “hasta ahora hemos notado una subida, pero no especialmente alta”, algo que atribuye a que tienen una tarifa con discriminación horaria y que, para intentar mitigar en lo posible esta situación, han tomado medidas como adelantar la jornada para aprovechar las horas más baratas. Lo peor ha sido el gas: tienen un depósito de propano de 1.000 litros que calienta el agua de las secadoras para reducir el gasto eléctrico. “Hemos notado subidas muy importantes: de pasar de una factura de 1.000 euros a 1.500 en algunos meses”, explica Cano.
Efecto en el IPC
La subida de la luz se ha reflejado hasta ahora especialmente en la tarifa PVPC, tradicionalmente la más barata, y en la que los precios cambian cada hora en función de lo que haga el mercado mayorista. Al ser la única que toma en cuenta el INE para calcular la inflación, el IPC ha registrado una subida histórica y los precios cerraron 2021 en el 6,5%, su nivel más alto en 29 años, debido el encarecimiento de la luz, de los alimentos y de los hoteles y restaurantes.
Pero, según algunas estimaciones, la inflación media del pasado ejercicio habría sido un punto inferior a lo que calcula el INE si este organismo hubiera tenido en cuenta también los contratos de baja tensión que están en el mercado libre y no solo los PVPC. El INE prepara cambios en su sistema de medición, que ha tenido que aplazar porque asegura que los datos que le facilitan las eléctricas no tienen la calidad necesaria. Y a este paso, cuando tenga en cuenta el mercado libre, este ya habrá recogido las subidas que se han aplazado hasta ahora.
El mercado mayorista eléctrico lleva casi dos semanas por encima de los 200 euros el megavatio hora (MWh). Un nivel impensable hace seis meses, pero inferior a los cerca de 400 euros que alcanzó en diciembre por la estratosférica subida del gas natural y su efecto en el llamado pool. El Gobierno ya ha advertido de que esta situación puede prolongarse más allá de la primavera. Y, si cuando comenzó la crisis energética en Europa la inflación parecía un fenómeno transitorio ligado a la tensión geopolítica con Rusia, clave en el suministro de gas al Viejo Continente, y a los cuellos de botella en la cadena de suministro tras la crisis del coronavirus, ahora ya no está tan claro.
La subida de los precios es ya un tema de preocupación para los ciudadanos y el IPC subyacente (que excluye los elementos más volátiles del IPC, como la energía y los alimentos frescos) está ya en el 2,4%. Esto confirma que la escalada inflacionista se traslada ya al conjunto del aparato productivo. Y no solo en España: en la Eurozona, los precios subieron en enero un histórico 5,1%, metiendo presión a la política de bajos tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE), cuyo Consejo de Gobierno se reúne este jueves.