Primera reunión formal para intentar llegar a un nuevo AENC (Acuerdo de Negociación Colectiva y para el Empleo), pacto clave para las negociaciones laborales del país, en la que ha tenido lugar un cruce de posturas y la fijación de los temas a tratar. “La cuestión salarial es el principal escollo”, reconocen fuentes patronales a elDiario.es. También en CCOO han confirmado al término del encuentro que, “como era de prever”, el tema “más conflictivo son los incrementos salariales”. Las partes se han emplazado a un próximo encuentro el miércoles, 9 de marzo, con el compromiso de una mayor concreción de sus posiciones. Entre ellas, propuestas de “cifras concretas” de aumento de salarios.
Las patronales y sindicatos mayoritarios (CEOE, Cepyme, CCOO y UGT) se han sentado este jueves para iniciar la negociación técnica de este pacto a nivel estatal, que sirve de referencia a empresas y trabajadores del país en las negociaciones laborales. Como siempre, el alza de salarios es el elemento protagonista de las conversaciones, pero más este año por la alta inflación y sobre todo ahora ante la guerra en Ucrania.
“Durante la reunión de hoy se han planteado las materias que se quieren introducir en el próximo AENC y se ha hablado de impulsar la reforma laboral a través de la negociación colectiva”, explican fuentes de la CEOE. “Gran parte del encuentro ha servido para abordar la cuestión salarial, que es el principal escollo”, añaden.
Los empresarios se limitan a reiterar que su apuesta este jueves ha sido “la moderación” de los salarios, una idea en la que insistía esta mañana su presidente, Antonio Garamendi. Además, dejaba un recado en forma de cifra concreta. Garamendi ha señalado que el alza salarial que se ha aplicado desde enero al personal de CEOE es del 2,5%. “Pensamos que somos los primeros que debemos dar ejemplo”, ha apuntado. También ha respondido que no le parece “razonable” la demanda de UGT de un incremento del 5% para este 2022.
El día 9 ya se hablará de “cifras” de aumento
Desde los sindicatos confirman la confrontación de partida en materia salarial. Mari Cruz Vicente, secretaria de acción sindical y empleo de CCOO, ha sostenido que “hay coincidencia de los temas” a tratar en el que sería el quinto AENC, entre los que ha mencionado la “formación, digitalización, transiciones energéticas” y los aspectos de la reforma laboral que quedaban derivados a la negociación colectiva. “El tema más conflictivo, como era de prever, son los incrementos salariales”, ha afirmado.
Los sindicatos CCOO y UGT insisten en que la incertidumbre del momento exige que la negociación de salarios incluya una cláusula de garantía del poder adquisitivo en el corto plazo. Es decir, una herramienta que permitiría que se puedan acordar ahora incrementos más limitados, acordes también a una situación de riesgo inflacionista. Pero reclaman que no se haga recaer el incremento de precios solo en “los hombros de los trabajadores”, sino que al final de un periodo (dos o tres años) se garantice a las plantillas que no habrán perdido poder de compra.
“Aquí (respecto a salarios) nos hemos limitado a cambiar impresiones, analizando la situación económica que se ha producido tras la invasión de Ucrania”, ha explicado Mari Cruz Vicente. Es decir, cómo puede repercutir la guerra a la economía española y, sobre todo, “el impacto en la inflación”. El incremento de los precios que se anticipa por la crisis internacional es clave para el debate sobre los salarios.
Según Vicente, la conversación de este jueves no ha girado en torno a cifras de aumento salarial. “Cada uno hemos hecho nuestros planteamientos, nuestros analísis. En estos momentos no hemos entrado en porcentajes ni cifras concretas. Nos volveremos a reunir el 9 por la tarde, con el compromiso de traer algo más concreto en materia de incrementos salariales y de redacciones del resto de los puntos” de la negociación, ha añadido.
Un acuerdo marcado por la guerra en Europa
La cita de este jueves suponía el inicio formal de la negociación aunque las conversaciones entre los líderes de los agentes sociales llevan dándose desde “hace días”, ha advertido esta mañana el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. El AENV no obliga, pero consiste en una hoja de ruta que sirve de referencia a empresas y trabajadores a nivel estatal en diferentes cuestiones laborales clave, como los salarios pero no solo, de cara a este 2022 y los próximos dos o tres años. El último acuerdo abarcó el periodo de 2018 a 2020.
Como tantas otras cosas, el acuerdo ha adquirido un cariz diferente en la última semana. Antes del 24 de febrero, los sindicatos tenían mucho más interés que los empresarios en alcanzar este pacto a nivel estatal. Especialmente por lo que afecta a los salarios dada la alta inflación –debido sobre todo a los precios energéticos– y la pérdida de poder adquisitivo que arrastran los trabajadores. En 2021, las subidas salariales pactadas en convenio alcanzaron el 1,47%, mientras que el IPC interanual cerró diciembre en el 6,5%, con una inflación media del 3,1%.
Pero el 24 de febrero cambió la perspectiva. El pasado jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, invadió Ucrania, lo que ha desatado una guerra en Europa. Un escenario que muy pocos esperaban y que ahora condiciona no solo el futuro de la población ucraniana, sino también la economía del continente. Como mínimo. “Estamos viendo lo que ha sido el efecto inflacionista, al que ahora se añaden los efectos de la guerra, porque la realidad es que estamos en guerra, que Europa está en guerra, y al mundo de la economía le va a afectar”, ha afirmado Garamendi.
Ante la incertidumbre que abre el escenario de guerra y de las sanciones económicas por la invasión, el pacto del AENC se ha convertido en una pieza clave también para el Gobierno en clave de “estabilidad” y “confianza” del país. Así lo destacó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso de este miércoles. El líder del Ejecutivo emplazó a los agentes sociales a alcanzar lo que denominó un “pacto de rentas”, por el que trabajadores y empresas compartieran el impacto de esta crisis internacional. En esta idea han insistido en los últimos días la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y otros ministros económicos, como Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.