La subida de los tipos de interés del BCE y las nuevas reglas fiscales amenazan las políticas sociales de los gobiernos

Una nueva era se ha abierto en la Unión Europea (UE). Y, por tanto, en España. Las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) y las nuevas reglas fiscales amenazan las políticas sociales de los gobiernos para luchar contra el impacto de la inflación y las consecuencias de la guerra de Ucrania. La combinación del encarecimiento de la financiación para luchar contra la subida de precios y la vuelta a normas de control presupuestario para reducir los endeudamientos atan las 'manos' de los ejecutivos europeos para diseñar medidas que alivien el daño que sufren los ingresos reales de las familias.

“En este momento, el BCE [y también la Comisión Europea] están pidiendo a los gobiernos que reduzcan sus gastos. En el contexto actual, esto equivale a pedir una recesión”, señala Jordi Schröder, investigador de Positive Money Europe. “En el caso de España: si en los dos últimos trimestres de 2022 la contribución del gasto del Gobierno al crecimiento hubiese sido cero, el PIB (Producto Interior Bruto) se habría contraído”, continúa.

La cuestión es que, efectivamente, los planes anticrisis (bajadas de impuestos, descuentos en el transporte, tope al gas...) vienen amortiguando el golpe de las subidas precios, y también de la estrategia de la política monetaria. Porque, con las subidas de tipos, el BCE pretende reducir la capacidad de consumo de las familias, de inversión de las empresas y, por supuesto, de gasto del Estado (al que se le incrementa la factura de intereses de la deuda pública). Básicamente, el objetivo es desacelerar la economía en general para contener así la inflación, pese al riesgo de recesión y de que aumente el paro.

Judith Arnal, investigadora del Real Instituto Elcano, señala que “el mayor problema que puede llegar a haber” con esta descoordinación entre las medidas de los gobiernos y la política monetaria del BCE es que “una política fiscal expansiva contrarresta los efectos del endurecimiento de la política monetaria, forzando entonces al banco central a subir tipos por encima del nivel que resultaría óptimo”. Ese escenario significa más sufrimiento y más desigualdad, al ser siempre más vulnerables las familias más pobres, las empresas pequeñas y medianas que necesitan financiación y los estados más sobreendeudados, como son España o Italia.

Por su parte, Víctor Alvargonzález, socio fundador de Nextep Finance, incide en que “lo peor es que la política monetaria no se anula del todo [con políticas fiscales expansivas]. A quienes le suben los tipos de interés, pero no reciben una subvención, ni les suben los sueldos, ni les dan obra pública para sus empresas... solo les queda la parte mala. Mientras que quienes reciben apoyo del Estado de una u otra forma les afecta menos que les suban los tipos de interés en los créditos hipotecarios”.

Menos gasto público o más subidas de tipos

En un discurso reciente, Isabel Schnabel, la voz de Alemania en el comité ejecutivo del BCE, argumentó que si los gobiernos no se comprometen con políticas fiscales 'responsables', el banco central tendrá que endurecer [las condiciones de financiación] aún más. “Esto es equivalente a decir o desencadenas la recesión o lo haremos nosotros”, lamenta Jordi Schröder.

“Es recomendable que la política fiscal cumpla el principio de las 'tres T': en inglés, medidas targeted, temporary y tailored, es decir, medidas focalizadas, temporales y a medida. Dado que sigue habiendo presiones inflacionistas y que éstas afectan, entre otras cuestiones, a alimentos, es procedente que siga habiendo un apoyo fiscal focalizado a los grupos más vulnerables. No obstante, medidas permanentes y de apoyo generalizado ya no parecen pertinentes y pueden dificultar el trabajo de la política monetaria”, opina Judith Arnal.

Schröder es mas crítico e insiste en que “diseñar una recesión para hacer frente a la inflación es en sí misma una opción muy dudosa, en la que el remedio es peor que la enfermedad. Hacer eso en la situación actual, en la que las subidas de precios claramente no están impulsadas por la demanda, es aún peor”. Aunque coincide en que “la política fiscal debe priorizar la redistribución para ayudar a los hogares de bajos ingresos a capear la tormenta e invertir fuertemente en la transición verde”.

La propia Schnabel asegura que “según nuestras proyecciones más recientes [del BCE], no vemos una recesión”. Eso sí, avisa de que hay “que analizar si las turbulencias bancarias [que han provocado las mismas subidas de tipos en Estados Unidos y en Suiza, con coletazos en la eurozona] cambian algo en ese sentido”. Según observa, “no hay signos particulares de un debilitamiento en la evolución económica”. Y concluye: “Si nos estuviéramos acercando a una crisis financiera aguda, por supuesto que no podríamos ignorarla. Las crisis financieras son 'desinflacionarias'. Eso lo sabemos muy bien”.

Cambio de era

Desde 2020, con las rígidas reglas fiscales que marcaron la respuesta en la UE a la crisis financiera de 2008 suspendidas, los gobiernos de la eurozona han actuado con una libertad fiscal desconocida en las últimas décadas. Incluso con el apoyo de paquetes de estímulo comunes e históricos, como es el Plan de Recuperación. “Hasta ahora, hemos tenido una buena experiencia con el programa 'Next Generation EU'. Ese fue un paso muy importante”, ha llegado a admitir Isabel Schnabel.

El apoyo del BCE y de la Comisión Europea para aumentar el gasto público, el déficit y el endeudamiento, y atender a las necesidades que no cubrían los ingresos de los estados no se quedó en la pandemia. Se extendió con la invasión rusa de Ucrania. El Banco de España ha calculado que el esfuerzo total de gasto público en la UE el año pasado fue del 2%. Y que, concretamente, el paquete anticrisis del Gobierno de nuestro país restó 2,3 puntos porcentuales a la inflación de 2022 y elevó el PIB un 1,1%.

En la misma línea, desde la ONG EAPN destacan que cuando el Estado interviene con el refuerzo de la protección social, se ven resultados. Sin el colchón del 'escudo social' de los últimos años, el descenso de la desigualdad a mínimos previos al mazazo de la crisis financiera no habría sido posible, advierten. “Cuando dicen que el dinero está mejor en el bolsillo de la gente, no es así, no para quien tiene menos recursos”, subraya Juan Carlos Llano, cuyo equipo de análisis en la EAPN estimó que las medidas de protección evitaron que alrededor de 1,5 millones de personas cayeran en la pobreza con la pandemia.

Pero la crisis de inflación que exacerbó la guerra entra ahora en otra fase, de moderación de las subidas de precios (o desinflación). “El BCE tiene un gran interés en un marco fiscal creíble, que garantice la sostenibilidad de la deuda de una manera favorable al crecimiento, no procíclica [es decir, que no ahonde en las recesiones y no favorezca las etapas de expansión] y exigible”, añadió Schnabel, en una entrevista antes de conocerse este miércoles la última propuesta de la Comisión Europea.

Una propuestas para las reglas fiscales a partir de 2024 sobre la que el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño destaca que “recoge el cambio de paradigma que planteaban España y Países Bajos del año pasado, basado en la importancia de tener un enfoque diferenciado por países, adaptado a los retos futuros e inspirado en el modelo de gobernanza de los planes de recuperación, con el fin de reforzar la sostenibilidad fiscal de forma favorable al crecimiento mediante compromisos e incentivos para inversiones y reformas”.

Desde prácticamente todas las instituciones europeas se está insistiendo en que la situación actual no se puede comparar con la crisis de deuda y las terribles consecuencias sociales que tuvo la austeridad con la que se contestó por mandato de la Comisión Europea, del BCE y del Fondo Monetario Internacional (FMI): paro, desahucios...

Incluso el FMI ha renegado recientemente de lo que en el argot económico se conoce como “consolidación fiscal” como método para reducir los desequilibrios presupuestarios. “Los recortes en el gasto público tienen efectos insignificantes de media en el endeudamiento [de los estados]”, afirmó en un informe el organismo. Sin embargo, este jueves, Calviño presumió de que el Gobierno de España está aprovechando “el fuerte crecimiento económico y la creación de empleo para reducir lo más rápidamente posible las ratios de déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos de un estado) y de deuda sobre el PIB”.

“Vamos a adelantar un año, a 2024, la reducción del déficit al 3% del PIB. Se trata de una noticia importante que confirma el compromiso de nuestro gobierno con la responsabilidad fiscal, con la absorción del golpe que supuso la pandemia y con el crecimiento sostenible”, explicó la vicepresidenta económica.

Calma en los mercados financieros

El déficit de España se quedó en el 4,8% en 2022 respecto al PIB, frente al 8% de Italia o el 4,7% de Francia. En 2020 alcanzó el 10,1% en nuestro país. El Fondo Monetario Internacional espera que en 2023 siga en el 3,5%, por encima de la senda del Gobierno y del objetivo que mantiene la propuesta para las nuevas reglas fiscales de la Comisión Europea, aunque según la propuesta de Bruselas se podrá perseguir a medio plazo.

Ernest Urtasun, economista de En Comú Podem y vicepresidente del Grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo, considera que la propuesta “evita otra ronda de austeridad, pero los países no van a tener el margen [fiscal] suficiente para garantizar la transición ecológica”. También recordó que “los parámetros [objetivos] del 3% de déficit y del 60% respecto al PIB no tienen ningún sentido, pero existe una dificultad para eliminarlos que es que forman parte del Tratado de Maastrich [suprimirlos exigiría una reforma profunda]”. “Lo positivo” es que ahora se promueve que esos objetivos se intentarán lograr “a largo plazo”, concluyó en una entrevista en RNE.

El endeudamiento, la tasa de deuda frente al PIB, cerró el año pasado en el 113% en España, donde tocó el 120,4% en 2020. En Francia está en cifras similares. En Italia, en el 144%. El endeudamiento es el primer indicador que se observa para medir la sostenibilidad financiera de un país. Depende tanto del numerador (la deuda) como del denominador (el PIB). Por eso, aunque la deuda pública total (en volumen) sigue aumentando mientras hay déficit, el endeudamiento disminuye por el crecimiento económico

Otra forma de medir la carga de la deuda es enfrentando el gasto en intereses con los ingresos del Estado, y en esta fotografía España sale peor parada que Alemania o Francia, pero mucho mejor que Italia.

Se observa que el aumento también ha sido contenido en nuestro país en los últimos dos años, pese a las subidas de los tipos de interés oficiales del BCE para luchar contra la inflación. Por el momento, la situación en los mercados financieros no refleja tensión. Sobre todo, por la flexibilidad que ha demostrado el banco central para atender la amenaza de “la fragmentación”. Es decir, la amenaza de que repentinamente un país sufra un coste de financiación mucho más alto que el resto.

Las voces incómodas con esta 'tranquilidad', que sobre todo provienen desde las posiciones más liberales de Alemania (como la del ministro de Finanzas Christian Lindner) y de otros polos ortodoxos de la Comisión Europea, agitan el riesgo de que las economías más sobreendeudadas no dejen de ser dependientes de déficits elevados para crecer. Por eso, insisten en un control rígido. Aunque eso signifique ignorar la necesidad de afrontar grandes inversiones para lograr la transición verde o aliviar el daño de la inflación.