El Gobierno y los agentes sociales se reúnen este lunes en La Moncloa para estampar la firma a una medida que los sindicatos llevan meses reclamando: un nuevo subsidio para parados de larga duración. Será uno de los pocos acuerdos concretos que las centrales y el Ejecutivo cierran durante esta legislatura. El objetivo: aumentar la tasa de cobertura del sistema de protección social, que ha caído 20 puntos desde 2010 y 13 desde que comenzó a gobernar Rajoy a finales de 2011.
¿En qué consiste la ayuda?
Se trata de un subsidio de 426 euros que podrán percibir durante seis meses los parados de larga duración. Además de la prestación económica, los servicios públicos de empleo tendrán que hacer un itinerario personalizado de cada beneficiario y ofrecerles servicios de orientación y formación para recualificarles. La idea es, según han explicado los sindicatos, que estas personas reciban también ofertas de empleo acordes a su recualificación. De ser así, la prestación económica sería compatible con el empleo.
¿Quién puede cobrarla?
Las personas que sean paradas de larga duración, esto es, que lleven al menos doce meses en el paro. Esa situación de desempleo tiene que haber sido ocasionada por la pérdida de un trabajo, es decir, no es una prestación asistencial como puede serlo la Renta Activa de Inserción ni una ayuda para los que buscan su primer empleo. Hará falta también tener al menos un familiar a cargo. Los beneficiarios no pueden tener ingresos superiores al 75% del IPREM (unos 480 euros mensuales) y deben llevar al menos seis meses sin percibir ninguna prestación, un plazo que se ha reducido desde la anterior propuesta del Gobierno, que planteaba que hubiera transcurrido un año.
¿Cuánto dura?
La ayuda entrará en vigor en enero de 2015 y estará vigente hasta el 15 de abril de 2016. Tres meses antes de que venza, el Gobierno y los sindicatos se sentarán para evaluar el programa y considerar una prórroga. Aunque este es el plazo de vigencia, la ayuda económica solo podrá cobrarse durante seis meses, aunque las acciones de orientación y formación podrán prolongarse durante todo el periodo.
¿A cuánta gente se estima que llegue?
Se espera que entre 400.000 y 450.000 personas perciban esta ayuda. Según los cálculos de los sindicatos, esta prestación hará que la tasa real de cobertura crezca entre 7 y 8 puntos por encima de la actual, que se sitúa en el 57,3%.
¿Cómo puede hacerse compatible con un empleo?
Si la persona encuentra un empleo durante el tiempo que dura la prestación económica, podrá hacer compatibles ambas situaciones. En ese caso, la ayuda serviría para abaratar el coste económico del trabajador: se detraería del sueldo que cobre. Es decir, si a una persona le ofrecen un sueldo de 1.000 euros, 426 serán pagados por el Servicio Público de Empleo. De esta forma, el empresario abonaría menos dinero. Será, además, acumulable a todas las bonificaciones a la contratación que ya existen, aunque se fijará un límite.
¿Cuál es el presupuesto para este programa?
El Gobierno cifra el coste entre 1.000 y 1.200 millones de euros. Esa sería la cantidad destinada a sufragar las prestaciones económicas, pero el Gobierno tendrá que aumentar también la partida de políticas activas para que los servicios públicos de empleo lleven a cabo las acciones de orientación y recualificación. La cantidad, sin embargo, se desconoce por el momento.
¿Tienen algo que ver las comunidades autónomas?
Sí. Aunque las prestaciones son competencia del Estado, las políticas activas lo son de las comunidades autónomas. Por esta razón el Gobierno también ha consultado con ellas. Serán las comunidades las que implanten, por tanto, las acciones de formación y orientación.