El Tribunal Supremo ha desestimado el último recurso presentado por la empresa de conservas Calvo para evitar abonar 9,7 millones de euros a Hacienda tras un largo litigio con Aduanas. La conservera gallega con sede en Carballo tendrá que afrontar el pago de esta cantidad. Contra la sentencia del Supremo, a la que ha tenido acceso eldiario.es, no cabe recurso.
El origen del litigio entre el grupo internacional de alimentación y el departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria se remonta a 2009. Aquel año, la Oficina Antifraude de la Comisión Europea (OLAF) efectuó una investigación en la filial del grupo Calvo en El Salvador, entre otras atuneras “por sospechas de fraude en la importación de productos procedentes de la transformación del atún”.
Querían comprobar el origen real de las materias primas utilizadas para la producción de lomos de atún congelados y para el atún enlatado exportado a la Unión Europea y que según el grupo de alimentación español provenían del citado país centroamericano. Los productos provenientes de El Salvador, entre otros países, disfrutan de aranceles más bajos a la hora de ser exportados a la UE en virtud de un acuerdo llamado Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
Lo que descubre la OLAF, por un lado, es que a pesar de que Calvo declaraba que los productos provenían de El Salvador, dos de sus barcos, Montelape y Montealegre, entre enero de 2007 y octubre de 2008 estuvieron registrados en las Seychelles y en el país caribeño, con un supuesto de doble abanderamiento. “Por lo que las capturas realizadas por ambos buques durante el período que va desde enero de 2007 a octubre de 2008 no pueden ser consideradas originarias de El Salvador, a juicio de la OLAF, no siendo por tanto de aplicación las reducciones arancelarias previstas en el Acuerdo SPG”, explica el Supremo.
Por otra parte están las capturas de atún realizadas por determinados barcos ajenos al grupo y posteriormente importadas en El Salvador desde Costa de Marfil con el fin de incorporarlas a su proceso productivo, y exportar el producto terminado a la Unión Europea al amparo de las reducciones arancelarias. A este respecto, la OLAF se fija en la composición de las tripulaciones de los barcos que realizaron las capturas para determinar que incumplían los requisitos para recibir las exenciones aduaneras.
“La misión conjunta explicó que una parte significativa de la materia prima suministrada por los frigoríficos no podía ser utilizada por Calvopesca en la producción de productos terminados exportados a la Unión Europea” con una etiqueta de origen salvadoreño que les eximía del pago de aranceles, dice el Supremo.
Efectuada la investigación de la OLAF, la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales de A Coruña, puerto al que llegan las latas de atún y los lomos congelados en barcos desde El Salvador, comprueba 53 liquidaciones de Calvo Conservas en 2007 y 2008 por sus importaciones desde el citado país. “En todos los casos, las importaciones estaban amparadas por los certificados de origen preferencial, emitidos por las autoridades competentes de El Salvador, por lo que todas ellas se habían beneficiado de la aplicación de un tipo arancelario del 0%”, dice la sentencia.
Es entonces cuando se reclama a la conservera que pague los impuestos correspondientes a haber importado productos que por su origen no daban lugar a beneficiarse de la rebaja arancelaria, y comienza la batalla legal en la que la conservera ha ido recurriendo sucesivas sentencias del Tribunal Económico–Administrativo (TEAC) y de la Audiencia Nacional y que también ha pasado por Bruselas.
En un momento de los litigios (el asunto se dividió en seis recursos), la Audiencia Nacional sentenció resolvió uno de los asuntos a favor de Calvo “declarando que había actuado de buena fe”, recalca la empresa, contactada por eldiario.es. Aunque en otra sentencia posterior, de 2017, ese mismo tribunal resuelve que sí ha habido fraude y deben pagar 9,7 millones.
Por su parte, la Dirección General de Aduanas “instó una solicitud de condonación o perdón de la deuda tributaria de Calvo a la Comisión Europea y pidió la suspensión de los recursos ante los tribunales españoles, que quedaron paralizados”, relata la compañía gallega.
Sin embargo, en abril de 2014 la Comisión Europea resolvió no condonar a Calvo la deuda arancelaria. Por fin, tras la resolución del Supremo, fechada el 4 de junio, ahora Calvo Conservas deberá pagar los 9,7 millones que se le reclamaban.
Calvo ya está preparada para afrontar el pago
En su respuesta a este periódico, Grupo Calvo considera que no cabe calificar como “fraude” sus actuaciones y afirma que el 100% de las importaciones a la Unión Europea de sus buques y fábricas en El Salvador que fueron puestas en cuestión por la OLAF y la Dirección General de Aduanas, “cumplían los requisitos de la normativa aduanera”.
Además, Grupo Calvo considera, “con respeto y acatamiento de la sentencia, que recibe un tratamiento contrario a Derecho” y lamenta que “a ello se añade la indefensión que se causó sobre Grupo Calvo cuando la DG Aduanas abrió ante la Comisión y un tribunal de la UE un procedimiento paralelo al seguido en los tribunales españoles”. Por esta “indefensión” la empresa va a estudiar presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, aunque la propia sentencia de Supremo es firme y no admite recurso.
En 2017, Grupo Calvo, “siguiendo el criterio de prudencia, provisionó el total de la cuantía reclamada de modo que no existirá ningún perjuicio económico adicional en el presente ejercicio”, añaden. Ese año el grupo conservero provisionó en sus cuentas 19 millones de euros por si debían hacer frente al pago de estas deudas tributarias.
Ese año la Audiencia Nacional rebajó la reclamación inicial de la Agencia Tributaria desde 17 millones a los 9,7 millones que ahora van a pagar. Además, la empresa hipotecó la marca “Calvo”, junto a avales bancarios y propiedades inmobiliarias por valor de 29 millones, según reflejan las cuentas de la sociedad Calvo Conservas, SLU correspondientes a 2017.
En 2018, el grupo registró una caída del 21% del beneficio bruto de explotación, que ascendió a 40 millones en 2018. El análisis que hizo la compañía es que se habían visto lastrados por el descenso de los precios del atún, por la subida del precio del combustible, y por un estancamiento generalizado del consumo en Brasil y Argentina, unido a la depreciación de la moneda.