El Tribunal Supremo ha anunciado que devolverá la pelota de los interinos de larga duración al tejado de la Justicia europea. En un comunicado, la Sala de lo Social anuncia que remitirá una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para solventar “algunas dudas suscitadas” tras la sentencia del pasado mes de febrero que, en la práctica, acotó el abuso de la figura del interino de larga duración, instando a hacerlos fijos.
Sobre todo, explica el Supremo, pretende solucionar dudas sobre cómo compaginar las consecuencias de esa sentencia con las normas españolas que garantizan el acceso al empleo público por principios de “igualdad, mérito y capacidad”.
La interposición de esta cuestión prejudicial no paraliza de forma automática y obligatoria cualquier proceso legal con el que un interino esté pleiteando para que se le reconozca como fijo, pero sí abre la puerta a que juzgados y tribunales congelen estos procesos hasta que llegue la respuesta de Luxemburgo. Algo que en el mejor de los escenarios podría tardar un año.
La sentencia del TJUE, conocida hace tres semanas, estableció que España abusaba de la figura del interino en la administración pública y entendió que lo procedente era “la conversión de esos contratos temporales en contratos fijos”. Varios juzgados españoles, tal y como ha explicado elDiario.es, ya han aplicado esta sentencia, por ejemplo en el caso de un trabajador de Telemadrid que llevaba un lustro trabajando por un contrato temporal fraudulento.
Tal y como es habitual cuando los tribunales españoles se enfrentan a una sentencia europea que obliga a cambiar su manera de proceder, el Supremo ha optado por volver a dirigirse a Luxemburgo para que aclare algunos aspectos clave de su sentencia en relación con la normativa nacional sobre contratación pública. En primer lugar, pregunta cómo cuadrar la nueva doctrina sobre hacer fijos a los interinos de larga duración con “las normas relativas al acceso al empleo público”.
También pregunta, en segundo lugar y todavía en relación con el empleo público, cómo encaja esta doctrina con las normas españolas que “garantizan el derecho de acceso al empleo público conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. En definitiva, cómo se puede hacer trabajador fijo de la administración a todos estos interinos de larga duración existiendo procesos de oposición para obtener un puesto de trabajo en la administración pública.
Está por ver si ahora los jueces españoles, en especial el Supremo, paralizan la tramitación de recursos relacionados con estas problemática que afecta a miles de trabajadores.