En 2021 echó a andar el Impuesto sobre Transacciones Financieras, conocido popularmente como la Tasa Tobin, aunque en realidad tiene diferencias frente a la propuesta de aquel economista. La medida, que grava las operaciones bursátiles, fue una de las primeras iniciativas fiscales de este Gobierno desde que Mariano Rajoy dejara la Moncloa. Sin embargo, 2022, su segundo año en marcha, ha tenido unos resultados lejanos a lo que se esperaba para este tributo.
El ITF, como se le conoce también por sus siglas, terminó el pasado año con 195 millones de euros de ingresos, según los registros presentados por la Agencia Tributaria esta semana sobre el acumulado de recaudación de 2022. Esta cifra queda muy lejos de los 372 millones de euros que se esperaban de esta figura fiscal para este ejercicio, tal y como reflejaban los Presupuestos Generales del Estado para el año pasado. También es una caída muy importante frente a 2021, su primer año en marcha, cuando se recaudaron 295 millones de euros.
El impuesto grava con el 0,2% las operaciones de compraventa de acciones en Bolsa de las compañías que tienen una valoración de más de 1.000 millones de euros. En un origen, se trataba de gravar la especulación en los mercados financieros, si bien se acabó dejando fuera del impuesto las operaciones que se realizan en el mismo día, las conocidas como intradía.
El Ministerio de Hacienda explica que el desfase entre la cantidad presupuestada y los recursos que finalmente se han obtenido obedece a que se produjo durante el año pasado un menor volumen de transacciones en Bolsa. El pasado año fue complicado para los mercados financieros y la mayor parte cerraron con caídas. Una muestra de ello fue el desplome que tuvieron los fondos de inversión, con unas pérdidas históricas pese a que no dejó de entrar dinero de clientes.
El impuesto se vio por tanto arrastrado por la menor actividad de la Bolsa española. Según los datos que registra BME, la empresa que gestiona el parqué español, se realizaron casi 39 millones de operaciones que movilizaron 97.500 millones de acciones por un valor de 362.122 millones de euros. Estas tres cifras fueron sensiblemente inferiores a las del año anterior, el primero en el que entró en vigor el impuesto sobre transacciones financieras. En concreto, las operaciones cayeron un 13%; el número de acciones movilizadas, un 7%; y el importe total, un 4%.
Aunque no es el único, España ha sido de los primeros países en implantar un gravamen de este tipo. Tras la crisis de 2008 fue una figura muy debatida y en Europa se planteó seriamente su aplicación. Finalmente solo algunos países de manera individualizada han apostado por sacarla adelante sin esperar a que hubiera un consenso a nivel europeo para que se aplicara en todo el mercado común.
La figura fue ampliamente anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez desde que llegó a la Moncloa. Sin embargo, la caída de la legislatura y la necesidad de una repetición electoral hasta el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos retrasó la tramitación definitiva de la norma, que no se produjo hasta octubre de 2020. Por tanto, solo se ha aplicado durante dos ejercicio y con unos resultados inferiores a los que inicialmente se apuntaron.
Cuando se presentó por parte del Ministerio de Hacienda se planteó que el impuesto sobre transacciones financieras recaudaría 850 millones de euros. Es decir, casi cinco veces lo que recaudó durante el pasado año. El Ejecutivo ya aclaró que aquella barrera quedó descartada tras la tramitación parlamentaria, en la que se incluyeron distintas enmiendas de los socios para poder sacar adelante la norma. Estos cambios limitaron la capacidad recaudatoria de este nuevo impuesto.
La medida fue muy criticada por el sector financiero, aludiendo a un posible impacto negativo en la negociación del mercado bursátil en España. Sin embargo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la CNMV, ha publicado recientemente un informe en el que aseguraba que este impuesto tuvo un “efecto negativo limitado”.
“Los efectos negativos del impuesto sobre la contratación de acciones españolas han sido limitados en términos absolutos y con un alcance temporal relativamente corto”, defendía el estudio técnico realizado por el supervisor comparando el periodo inmediatamente anterior a su aprobación y el posterior.
La CNMV concedió que había tenido un cierto impacto sobre los incentivos para la inversión a largo plazo, ya que había dejado fuera las operaciones intradía, pero apuntó en todo caso a que sus efectos sobre la liquidez o los precios de las operaciones fue “limitado”. De este modo, el supervisor descartaba muchas de las críticas que se hicieron a este impuesto desde su proposición por parte del Gobierno, que ya trató de incluirlo en los Presupuestos Generales de 2019, que decayeron ante la falta de acuerdo.
Para este año, las estimaciones del Gobierno han sido más cautas que para el pasado ejercicio. Según figura en los Presupuestos Generales del Estado de este curso, Hacienda aspira a recaudar 335 millones de euros. Los dos primeros meses del año todavía dan pocas pistas sobre el resultado final de la recaudación de este impuesto, pero por el momento apuntan a una subida del 11% respecto al mismo periodo del pasado año.
De la mano de la tasa Tobin llegó la tasa Google. Ambas recibieron estos apelativos pero en realidad no son tasas, ni esos son sus nombres reales. En el caso de esta segunda afectaba a “determinados servicios digitales”. Es un gravamen que se creó para que tributaran los ingresos en España de las grandes compañías de internet y se presentó por el Gobierno como una manera de luchar contra el “privilegio” que tenían respecto a compañías que sí estaban afincadas en España.
Al contrario de su impuesto 'hermano', la tasa Google sí ha logrado superar con creces las previsiones que tenía el Gobierno para este año. Esta figura fiscal tenía que recaudar, según los Presupuestos Generales del Estado, 225 millones de euros y finalmente ha ingresado en 2022 casi 280 millones de euros, lo que supone un 23% más de lo esperado. Si bien, como le ocurriera a la tasa Tobin, esta figura quedó desdibujada durante su tramitación y lejos de los 1.200 millones que se llegaron a plantear inicialmente.
Este impuesto tiene previsto recaudar 285 millones de euros este año, según los Presupuestos Generales del Estado. Además, podría ser una figura fiscal con una corta vida. El Gobierno abrió la puerta en 2021 a retirarla en el momento en el que entrase en vigor el tipo mínimo global de Sociedades del 15%. Este acuerdo internacional tiene un objetivo similar al de esta figura que se aplica en España, por lo que no convivirían.
En total, la suma de ambos impuestos, que entraron en vigor en 2021, tenían que sumar 597 millones para las arcas del Estado para el pasado ejercicio. Sin embargo, la desviación del ITF hizo que ese objetivo no se alcanzara, incluso pese a que el otro tributo superó con creces sus expectativas. Fueron 473 millones de ingresos para el Estado. Fue, en cualquier caso, un avance frente a su primer ejercicio en funcionamiento, cuando quedaron en 462 millones. Para este año están presupuestados 620 millones de euros de recaudación de ambos impuestos.
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