Los taxistas quieren que el modelo de Colau para regular Uber se aplique en todo el país
La solución que propuso la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, para restringir la actividad de los vehículos de alquiler con conductor en Barcelona como Uber y Cabify era del agrado del sector del taxi, hasta el punto de que su suspensión fue la causa de que se anunciara un paro indefinido que ha acabado por extenderse al resto de España.
Por ello, las asociaciones de taxistas que se han reunido este lunes con el secretario de Estado de Infraestructuras Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento, Pedro Saura, han reclamado que se deje hacer a los ayuntamientos para que puedan acometer regulaciones como la de Colau. La idea que tiene el Ministerio es proponer la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas, y en ese marco “ver cómo hacer viable jurídicamente la licencia urbana”.
Pero esta transferencia también despierta al mismo tiempo el recelo de algunas asociaciones como Fedetaxi, que asegura que teme que se solucione un problema para “crear diecisiete” y reclama que las CCAA se comprometan a respetar unos mínimos antes de desconvocar los paros que se están celebrando en toda España.
“Pedimos que las comunidades autónomas se comprometan el miércoles a que cumplirán la ley cuando se realice el anunciado traspaso de la competencia para otorgar licencias de VTC”, indicó el máximo dirigente de Fedetaxi, Miguel Ángel Leal.
La receta de Colau
La alcaldesa Colau estaba decidida a poner coto a la implantación de Uber y Cabify en Barcelona. Para lograrlo, el pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aprobó un reglamento que exigía a todos los vehículos con licencia VTC -con las que ahora operan ambas empresas- una autorización adicional de este organismo supramunicipal.
La nueva norma -que reducía a la mitad la presencia de VTC en Barcelona- salió adelante con votos de Barcelona en Comú, PSC, PDeCAT, ERC y la CUP. Sin embargo, un recurso de la CNMC provocó su paralización. También el Ministerio de Fomento lo recurrió. En este caso, se trató de la decisión unilateral del director general de Transporte Terrestre, Joaquín del Moral Salcedo, según fuentes de este departamento. Por este motivo este alto cargo del anterior gobierno fue cesado por José Luis Ábalos.
A lo que aspira Colau es a que se cumpla en la capital catalana la ratio de un vehículo con licencia VTC por cada 30 taxis, tal como aparece en la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres y como lo avaló el Tribunal Supremo en una sentencia este mismo mes de junio.
La propuesta de Fomento
Ya antes de generarse este conflicto, Ábalos anunció que iba a proponer transferir las competencias a las comunidades autónomas y ver cómo hacer viable jurídicamente la licencia urbana. Afirmó que se invitaría a la Conferencia de Transporte donde se van a tratar estas cuestiones, y que se celebrará el próximo miércoles, a los ayuntamientos más afectados por estos fenómenos, previsiblemente Madrid y Barcelona.
Este lunes Saura ha indicado que el papel que prestan hoy en día los servicios VTC nada tiene que ver con lo que eran hace 30-40 años. Hoy en día, este tipo de vehículos presta servicio, en su mayor parte, con origen y destino en el mismo municipio o en la misma comunidad autónoma, por lo que se han convertido mayoritariamente en una forma de movilidad urbana o periurbana.
Por ello, y dado que las competencias en el transporte urbano corresponden a las comunidades autónomas y ayuntamientos, la propuesta del Ministerio, ya anunciada por el ministro en su comparecencia en el Congreso del pasado 12 de julio, es transferir la competencia de las VTC a las comunidades autónomas, para que sean las administraciones autonómicas las que tengan la capacidad para regular en este sector, incluyendo la posibilidad de una licencia. Además, a mediados de septiembre se aprobará un Real Decreto Ley que contendrá las principales demandas del sector.
Mientras, Unauto, la patronal de empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), denunció el lunes que “El sector del taxi chantajea a la sociedad y a los ciudadanos, tiene a Madrid, Barcelona y otras ciudades cortadas y sin servicio con un paro que no se ha convocado y que no cuenta con servicios mínimos. Y todo ello viene porque no están conformes con que haya competencia”.
El presidente de la asociación, Eduardo Martín, apuntó que hay “un centenar de coches destrozados” y “muchos conductores con ataques de ansiedad” desde que el pasado jueves se produjo el nuevo repunte del conflicto.
