La nueva adjudicataria del servicio de cita previa telefónica de la Agencia Tributaria, Konecta BTO, no está atendiendo llamadas en catalán, valenciano ni gallego, incumpliendo el pliego de condiciones del contrato que se adjudicó el pasado 4 de julio por 3.682.200 euros, más impuestos. También se niega a subrogar a los cien empleados de la anterior subcontrata, Sifu, lo que según los afectados vulnera la nueva Ley de Contratos Públicos al tratarse de trabajadores con una discapacidad reconocida y adscritos a un centro especial de empleo, especialmente protegidos por esa norma. El conflicto está ya en los tribunales.
Un menú automático permitía a los contribuyentes que utilizaban este servicio elegir hasta ahora ser atendidos en esas lenguas cooficiales. Esta semana esa opción ha dejado de ser posible, pese a que el pliego del contrato que se adjudicó Konecta establecía que “las llamadas procedentes de Catalunya, Comunidad Valenciana, Galicia e Illes Balears deberán atenderse, a voluntad del contribuyente, en castellano o en la lengua cooficial propia de cada Comunidad Autónoma”.
El viernes, las excusas para no atender en esas lenguas eran variopintas. En Catalunya, tras una segunda llamada (“Llame en cinco minutos”, dijeron en el primer intento), un teleoperador de Konecta indicaba pasadas las 14 horas que la persona que atendía en catalán ya se había marchado (el servicio se presta hasta las 15:00). La atención en esa lengua, decía, estaría disponible ya el lunes. Una explicación similar dieron en Galicia, mientras que en Valencia, la respuesta fue: “No tenemos esa posibilidad”. Este diario remitió el viernes un correo electrónico a Konecta para conocer su versión sobre este asunto, sin obtener respuesta.
Fuentes próximas a la Administración reconocen que la empresa no está cumpliendo ese requisito del pliego y confían en que esta situación se solucione próximamente, al igual que la del centenar de trabajadores de la anterior subcontrata (Sifu) que se han quedado sin empleo.
Por lo pronto, el pasado jueves el sindicato CGT presentó demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra Konecta, Sifu y la anterior contrata, Servinform, solicitando que se reconozca el derecho de los trabajadores de Sifu a ser subrogados por Konecta en virtud del artículo 27 del convenio colectivo de centros y servicios de atención a personas con discapacidad o que, en caso de no reconocerse la nulidad de los despidos, Sifu readmita a los despedidos o las tres empresas sean condenadas subsidiariamente a la readmisión.
Carta a la ministra
Los afectados han protagonizado movilizaciones esta semana en Madrid para exigir la subrogación. Tras remitir una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el miércoles intentaron sin éxito ser recibidos por algún responsable de Konecta. Sí pudieron reunirse el jueves con el nuevo director de Gestión Tributaria de la Agencia, Gonzalo García De Castro.
Le expusieron que Konecta, además de incumplir el pliego, no está respetando las disposiciones sobre condiciones de subrogación en contratos de trabajo de la Ley de Contratos Públicos. Su artículo 130 establece que “cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo”, como en este caso, la “adjudicataria tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido contrato”.
Fuentes cercanas a la Administración indican que la adjudicación se rige por la antigua ley de contratos, al ser la licitación previa a la entrada en vigor de la actual normativa, “pero la ejecución se rige por la nueva”, lo que daría más margen para exigir cesiones a la prestadora del servicio.
Sifu informó por escrito a sus trabajadores el 16 de julio de que el servicio que han venido prestando desde 2015 para varias contratas pasaría a manos de Konecta a partir del 1 de agosto y quedarían subrogados con ella “de acuerdo con las disposiciones legales y convencionales que resultan de imperativa aplicación”.
Pero Konecta solo ha ofrecido a los afectados “incorporarse al proceso de selección actualmente abierto”. Se niega a subrogarse y se ampara en el artículo 18 del convenio del sector de Call Center. Además, se ha llevado el servicio a Sevilla, por lo que los empleados de Sifu que superasen ese proceso de selección tendrían que trasladarse allí desde Madrid y perderían la antigüedad acumulada hasta ahora.
Konecta, con sede central en Madrid, acumula un largo historial de condenas en la jurisdicción social. En 2014, cuando ya prestaba el servicio de call center para la Campaña de la Renta, fue multada por realizar un ERE encubierto.
Sifu prestaba hasta ahora el servicio como subcontrata de la anterior contrata, Servinform, que en abril se adjudicó por la vía urgente (procedimiento negociado sin publicidad “por responder a una necesidad inaplazable”) el servicio de cita previa de la campaña de la Renta tras la suspensión del procedimiento ordinario por la presentación de un recurso.
En mayo, trabajadores de Sifu denunciaron a esta empresa, a Servinform y a la propia Agencia ante la Inspección laboral por entender que su call center en Madrid no guardaba “las mínimas medidas de seguridad”, tenía “instalaciones claramente deficientes” con “riesgo para la integridad y salud de los trabajadores” e incumplía la ley de riesgos laborales.