De la Telefónica de Villalonga y Aznar a la vuelta de la Sepi: el Estado regresa a una de las grandes empresas privatizadas

Entre el 20 de diciembre de 1996 y el 19 de diciembre de 2023 han pasado 27 años menos un día. También ha pasado una historia de ida y vuelta. En el Consejo de Ministros de entonces, el Gobierno, en aquellos años del PP, aprobó la venta del 20% que todavía tenía el Estado en Telefónica, que se produciría al año siguiente. En la segunda fecha, esta misma semana y casi coincidiendo en la misma hoja del calendario, otro Consejo de Ministros, en este caso compuesto por PSOE y Sumar, aprobó la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica con una compra de hasta el 10%. La compañía volverá a tener capital público.

La de Telefónica es la historia de una de las privatizaciones más sonadas de los noventa. Hasta entonces, había sido un monopolio estatal, pero la liberalización impulsada por Europa para la entrada de nuevos actores privados en el sector, llevó a la desinversión de los estados en las compañías de telefonía. Eso sí, el Estado español fue uno de los más drásticos al salir por completo de las antiguas 'telecos' públicas. Países como Francia, Alemania o Italia mantienen posiciones en estas empresas desde entonces.

La privatización de Telefónica culminó con el Gobierno de Aznar, pero ya había comenzado unos años antes con Felipe González en la Moncloa. Si bien es cierto que el proceso más sonado y el que más se recuerda de aquella venta de Telefónica fue éste último. El Ejecutivo, con Rodrigo Rato como vicepresidente económico, daba orden de venta del 20,9% que todavía tenía el Estado en la compañía de telefonía. Esta operación supuso para las arcas públicas el ingreso de lo que hoy serían 3.786 millones de euros. 196 millones de acciones pasaron en 1997 del Estado a manos privadas.

De esta época procede uno de los nombres más célebres de las privatizaciones realizadas por el PP durante aquellos años. Juan Villalonga, amigo de la infancia de Aznar de su época en el colegio El Pilar, había accedido al puesto de presidente de Telefónica a propuesta del propio Gobierno apenas unos meses antes de que se anunciara la privatización de la compañía. Villalonga protagonizó un nombramiento muy sonado por su cercanía al propio presidente del Ejecutivo y porque su carrera se había desarrollado, hasta entonces, en otro sector muy distinto, el financiero.

El plan del Gobierno parecía claro. Se situaba en la presidencia de la compañía a una persona afín al Ejecutivo —más concretamente a su presidente— mientras se caminaba a su privatización. Eso, junto con la acción de oro que se reservó, se trataba de garantizar el control político de una de las compañías más importantes del Ibex, habiendo recibido la importante suma de dinero para las arcas públicas por su venta.

Así fue al principio. Durante unos años, Moncloa y Telefónica mostraron su sintonía sin necesidad de participar el Estado en la compañía. Una de las muestras más recordadas de aquella estrecha relación fueron los movimientos para crear una plataforma de televisión digital, Vía Digital, con la que competir con Sogecable (del grupo Prisa) y que acabó dejando algunos episodios destacados como la conocida como primera guerra del fútbol en España, por los derechos televisivos de este deporte.

Pero esta relación terminó de romperse cuando estalló el escándalo de las conocidas como 'stock options'. Esta polémica surgió a finales de 1999 al conocerse las ganancias millonarias —se estimó en unos 500 millones de euros— de Villalonga y un centenar de directivos de Telefónica por el pago en opciones sobre acciones. Esto, unido a una investigación por el supuesto uso de información privilegiada por parte del entonces presidente de Telefónica para sacar partido de una operación que se estaba negociando, acabó provocando en el año 2000 la salida de Villalonga. Sus anteriores valedores, el Gobierno del PP, le dejaron caer por unos escándalos que estaban empezando a manchar su propia imagen.

A Villalonga le sucedió César Alierta, también rostro conocido de las privatizaciones llevadas a cabo por Aznar en los noventa, al haber encabezado la de Tabacalera. Desde entonces, Telefónica ha vivido más de dos décadas como compañía privatizada, pero nunca ajena al ruido político o económico en España. El propio Rato reconocía en el anuncio de su privatización que era una compañía “estratégica” para España. Ese apelativo que no se dudaba en usar en el año 1997 está en el centro de la vuelta del Estado al accionariado de Telefónica. Es estratégica y por eso se trata de evitar la influencia de otro Estado, Arabia Saudí, en su accionariado.

Sin embargo, el negocio para el Estado, en términos económicos, no es el mejor. Más allá de la evolución del precio de la acción de los últimos años, el sector público ha perdido la influencia que podría haber jugado durante estas tres décadas que ha estado fuera del accionariado de la compañía. También los dividendos que acostumbra a dar la compañía y que suelen ser considerados de los más constantes y elevados en el Ibex. Pero además, también tiene una lectura negativa en cuanto al coste que ahora supone volver a entrar en el grupo. Los 2.000 millones de euros que rondaba este martes el valor del 10% —aumentado con la subida de la acción de ayer— es en comparación mayor al precio al que se vendió el 20% en 1997, cuando se ingresaron 3.786 millones de euros.

Por el momento la operación no se ha producido y se desconocen algunas cuestiones no menores como el papel que tendrá el Estado en el consejo de administración. En el accionariado, la Sepi tendrá como socios a la teleco saudí STC, que tiene un 9,9% de las acciones entre propiedad directa e indirecta. También al gigante inversor Blackrock, que tiene el 5% del capital. Por otro lado, siguen dos de los accionistas más estables que tiene Telefónica, como BBVA y CaixaBank, ambos con el 4,8%. Cabe recordar que el Estado es también accionista de CaixaBank tras la fusión con Bankia a través del FROB.

El afán privatizador de los noventa

Desde la entrada de España en la Unión Europea a finales de los años ochenta y el comienzo de los 2000, el Estado fue deshaciéndose de todas las joyas de su sistema empresarial surgido de antiguos monopolios e iniciativas públicas de desarrollo de sectores. Telefónica es uno de los casos más significativos pero, ni mucho menos, una excepción. La Sepi tiene contabilizado que entre 1986 y 2014 se privatizaron cerca de 120 compañías, obteniendo por ello unos 45.000 millones de euros.

Sin embargo, el Gobierno de Aznar está considerado como el más intenso en este proceso. Fue la época en la que Endesa, Tabacalera, Telefónica, Aldeasa, Enagás o Iberia, entre otras muchas, dejaron de ser empresas participadas por el Estado.

Fue el momento álgido de los grandes nombres del empresariado público que encabezaron las privatizaciones. El ya citado Juan Villalonga lideró el final de la salida del Estado de Telefónica; Francisco González concluyó los intereses públicos en Argentaria; César Alierta acabó diluyendo la pública Tabacalera en la privada Altadis; bajo la presidencia de Rodolfo Martín Villa se terminó la presencia estatal en el sector eléctrico a través de Endesa. Y un largo etcétera.

Con el paso del tiempo, muchas de estas privatizaciones han acabado perteneciendo a grandes multinacionales o grupos que sí están participados por otros estados que optaron por tener presencia en sectores estratégicos pese a la liberalización que sufrieron todos ellos durante los años noventa. Endesa, Seat o Iberia fueron grandes compañías estatales que ahora pertenecen a gigantes de sus respectivos sectores participados por gobiernos extranjeros como son, respectivamente, Enel (Italia), Volkswagen (Estado de Baja Sajonia, Alemania), e IAG (Catar).

Cuando concluya la entrada del Estado en Telefónica, para lo que todavía no hay una fecha pública prevista, la teleco se sumará a otras inversiones en el Ibex 35. Una de cada cinco empresas del selectivo bursátil español tienen accionista público. Es el caso de Redeia (antigua Red Eléctrica), Enagás, Aena, CaixaBank, Telefónica, Indra e IAG, que todavía tiene una pequeña participación de la Sepi. También hay otras empresas cotizadas participadas por el Estado como Ebro Foods o empresas que no cotizan como Correos, Tragsa, Paradores, Loterías, Renfe o Adif.

Las acciones de Telefónica cerraron este miércoles, en el primer día tras el anuncio de la entrada del Estado en su accionariado, con una subida del 3,3%, siendo el mejor valor de una Bolsa que cerró en rojo.