La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha abierto este jueves por primera vez la puerta a que una empresa pública gestione las presas hidroeléctricas, como lleva años reclamando Unidas Podemos, que propone que esa entidad asuma las concesiones de saltos de agua que vayan caducando en los próximos años.
En una entrevista en la SER, y preguntada por la llamada de su socio de Gobierno a salir a la calle a protestar contra la histórica subida de la luz de estos días, Ribera ha señalado que “movilizarse contra la subida de la luz es como movilizarse contra el incremento del precio del petróleo. Está bien, es una señal de protesta”, pero “el problema es encontrar soluciones”.
“Hemos hecho una apuesta de Gobierno, de los partidos de la coalición, muy importante, para dar cobertura a los consumidores vulnerables al máximo y también cobertura de los consumidores medios y yo creo que esto es muy relevante, incluida la modificación de las reglas de mercado, de generación, en su caso, el poder disponer de toda la energía hidroeléctrica a través de un sistema concesional, a través de una empresa pública, según se vayan liberando las concesiones hidroeléctricas, que permita intervenir o facilitar otra manera de ofertar energía”.
Para la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que “el PSOE se abra” a esta vía es “una buena noticia”.
“Esto no tiene una solución única ni se resuelve con una movilización en la calle”, ha dicho en la entrevista Ribera, que en enero rechazó la idea de crear esa empresa pública y en junio volvió a mostrar sus dudas sobre esta opción, aunque admitió que hay experiencias “interesantes”. “Tenemos un buen número de concesiones hidroeléctricas que han caducado o están a punto de caducar” y hay que “pensar” en “de qué modo se pueden aprovechar”, apuntó entonces.
“Pequeña prima” y “más estabilidad”
En la entrevista de este jueves, la vicepresidenta cuarta ha relativizado el impacto de esta “preocupante” subida para los consumidores y se ha mostrado dispuesta a “introducir cambios en la tarifa regulada” del precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), de forma que tenga “más estabilidad” a cambio de una “pequeña prima”, en línea con las peticiones de las grandes eléctricas.
“Tendremos que decidir paliar ese impacto con un tramo fijo un poquito más alto”, ha apuntado. El PVPC está directamente indexado a las oscilaciones del mercado mayorista. Esto hace que sea más sensible a esta “escalada enormemente aparatosa” del pool que las ofertas del mercado libre, más rentable para las empresas.
La vicepresidenta ha reiterado que ni el precio del gas natural ni el CO2, los grandes vectores de las subidas de estos días, dependen del Gobierno [“Podemos intentar convencer a Putin de que bombee más gas”, ha ironizado], y ha insistido en que el sistema marginalista de formación de precios “no se corresponde con los tiempos que corren”, porque permite que las compañías “hagan ofertas al pool eléctrico interiorizando cuál va a ser el coste de oportunidad del gas y el CO2” con fuentes “mucho más baratas”.
En particular la hidroeléctrica, que utiliza un bien público como el agua. El lunes, esta fuente, y no el gas, llegó a marcar el precio en 22 horas. Algo que, con la normativa actual, es “legal”, ha recordado la vicepresidenta.
La Comisión Europea ya “ha respondido” a su petición de cambiar ese modelo de formación de precios en el que la oferta más cara que casa oferta y demanda marca lo que cobran todas las centrales: Bruselas “no tiene la menor intención de introducir cambios en el sistema marginalista porque es el más cómodo, el más eficiente, el más sencillo y nos ha permitido beneficiarnos mientras los costes de las distintas tecnologías eran parecidos”, ha señalado.
La vicepresidenta ha explicado que las instituciones europeas no quieren cambiar este modelo porque consideran que es eficiente y simple e impulsa la transformación hacia las energías limpias de otros países que “van por detrás” de España en este aspecto.
Según Ribera, las políticas para la transición energética son “enormemente beneficiosas” para el precio de la energía, pero la regulación está “desfasada”. No ha querido entrar en la cuestión de si esa preponderancia de las hidroeléctricas con el pool en niveles récord es “un pulso” con el Gobierno (“No me consta”, ha señalado), pero ha recordado que se está tramitando un proyecto de ley para recortar los beneficios extraordinarios de hidráulica y nuclear por el encarecimiento del CO2 que repercute “directamente sobre sus cuentas de resultados”.