Alberto tiene un piso en propiedad en el centro de Madrid. Un día estaba en casa y le llamaron por teléfono para comprárselo. “Al cogerlo, me llamaron por mi nombre. Y me preguntaron si estaba interesado en venderlo”, relata. “Les dije que más bien estaba interesado en conocer qué sabían de mí. Porque tiré del hilo y tenían mi dirección postal, los metros cuadrados de mi casa, mi nombre, mis apellidos y mi número”.
Cabreado, Alberto se plantó en la oficina de la inmobiliaria –una franquicia de Tecnocasa en el barrio de Lavapiés– y exigió que le enseñaran de dónde habían sacado sus datos. El comercial, un joven que no debía de llevar mucho tiempo, giró la pantalla y se lo dejó ver. Lo que había era una web en la que no solo estaban sus datos, sino los de todos sus vecinos (nombre y teléfono incluidos), asociados a la base del catastro (cuya cartografía e información son públicas) y con un puntito amarillo o verde al lado.
Según pudo saber después, el color del puntito determina si esa persona quiere recibir llamadas: el verde significa que vía libre y el amarillo que no. El nombre de Alberto llevaba puntito amarillo, pero su teléfono sonó igual.
Con el nombre de la web en mano - guia-te.bitmon.es - lo siguiente que hizo fue escribir un email pidiendo que borraran su información. Adicionalmente, escribió, “solicito conocer qué fuente les ha proporcionado mis datos y sobre qué base jurídica se sostiene dicha cesión”.
“Contacté con la web”, continúa. “Después de varios intentos, me aclararon que era mi compañía telefónica la que les facilitaba esos datos”. La explicación quedó por escrito en un correo electrónico. Con ella, envió una carta a su operadora (Orange) reclamando que no volviera a compartirlos. No tenía otra forma de hacerlo: en ese momento, Orange no facilitaba un email, solo una dirección postal.
Cazadores de datos
El nombre, el teléfono y la dirección de Alberto estaban en esa base de datos como seguramente estén el suyo y el mío. La empresa que los comercializa se llama Bitmon Marketing Systems y es, en apariencia, una agencia madrileña más de “estrategia digital, marketing y desarrollo web”. Pero la consultoría no es su único negocio: Bitmon ha desarrollado el producto Guia-te, un buscador de pago que cruza números (fijos y móviles) con nombres y domicilios (calle y número). Sus principales clientes son las franquicias inmobiliarias, que lo usan para captar clientes.
Los precios oscilan entre 60 y 80 euros al mes y 165 y 210 al trimestre, dependiendo de si es para un autónomo o una empresa. Pero hacen descuento al contratar un año entero.
¿Para qué lo quiere exactamente un comercial y cómo lo usa en su día a día? Veamos un ejemplo real.
“Lo primero que hacen cuando entras a trabajar es darte la corbata verde y asignarte una zona. En esa zona a lo mejor hay mil casas. Visitas unas cuarenta al día”, explica Antonio, un antiguo comercial de Tecnocasa que prefiere no dar su nombre real. “Luego te enseñan a usar Bitmon y Tecnocloud, el CRM [sistema de relación con clientes] de Tecnocasa. Si a mí me dice una señora que en el piso de enfrente el propietario es Manuel Maroto, busco ese nombre. Me salen varios en Madrid. Veo cuál corresponde a esa dirección y llamo. También al revés. Si quiero contactar con los propietarios de Gran Vía, 47, meto esa dirección y me sale un listado de vecinos asociados a ese sitio y su teléfono”.
Bitmon, tal y como explicaba en un vídeo de presentación que estaba disponible en Youtube hasta hace unos días (desapareció tras hablar eldiario.es con la empresa), permite buscar por nombre y por inmueble. Y dentro de los inmuebles permite filtrar por tipo, uso o año de construcción. Los datos de edificios son accesibles para cualquiera desde la sede electrónica del catastro. Pero la información de quién vive en ellos y sus teléfonos, no. Ahí es donde esta herramienta facilita el trabajo a los comerciales, cuyo objetivo primordial es vender casas porque van a comisión.
“La nómina es una mierda: a mí me llegaban 780 euros al mes”, continúa Antonio, que solo duró seis meses en Tecnocasa, con contrato de prácticas, antes de que le echaran. “Solo vives si vendes”. La empresa se llevaba el 10% de la venta y él, el 5% de eso. En su zona, lejos de Madrid, los pisos rondan los 70.000 euros. Eso son 350 euros de comisión.
Los comerciales –en su mayoría chavales, formados para trabajar durante largas jornadas bajo el argumento de la motivación y la pasión por la empresa– utilizan varias técnicas para sacar información. Necesitan contactar con los propietarios, saber si están interesados en vender y, en ese caso, gestionarles la venta. Bitmon no ofrece teléfonos puerta a puerta, sino del edificio entero. Con eso, con otras bases de datos (como ABCTeléfonos o Inglobaly, que fue sancionada por la Agencia de Protección de Datos) y las visitas en persona, completan datos en Tecnocloud.
“Ahí anotas todo: 'calle Gran Vía, 44, 1ºA. Sale mujer mayor que dice que no quiere vender'. Siguiente visita: 'sale chico joven, la mujer está en el hospital'. Y anotas: 'hacer seguimiento para ver qué tal la mujer'. Luego vas mirando a los buzones a ver si llegan cartas, si las recogen... Es una búsqueda intensiva, una locura”, continúa el joven. “Las técnicas son abusivas”.
La revista de la inmobiliaria, que entregan en mano y de la que distribuyen dos millones de copias mensuales en toda España, es otra técnica para entrar en los portales y anotar los nombres de los buzones, además de para preguntar a los vecinos quién vive ahí. “A un compañero que tenía una mala zona le amenazaron con partirle las piernas. Es normal: si tienes una persona en el portal preguntando todos los meses si tu casero vende el piso y te echa, pues le mandas a la mierda”, relata. “En esos casos tienes que camelarte al vecino o al portero. 'Oye, ¿no podrás decirme quién es el dueño de este piso? Quizá le podamos dar una pequeña comisión...'. Con eso buscamos el teléfono y llamamos”.
Con todo, las historias de vecinos asediados por comerciales son, ahora que el mercado vuelve a estar activo y el número de empresas inmobiliarias no para de crecer (había 168.500 en 2017 y 176.950 en 2018, según datos del INE), cada vez más habituales.
“Hace unos meses me contactaron a través del móvil para ofrecerme sus servicios si estaba buscando piso o quería alquilar o vender el mío”, cuenta Estefanía, que vive en Barcelona. “Me quedé mosca, porque sabían mi dirección y yo no era consciente de habérsela dado. Hace unas semanas volvieron a contactar preguntando por una vecina. Me dieron su nombre completo, preguntaron si sabía si se había mudado porque no daban con ella... Y ayer llegué a casa y había un chico de Tecnocasa picando. Volvió a preguntarme. Obviamente, si con el cruce de datos no tienen el piso exacto, cuando alguien les abre acaban teniéndolo”.
Un negocio “no muy legal”
Tanto en su web como al teléfono, cuando alguien llama interesado en el producto, los responsables de Bitmon aseguran que sus bases de datos son legales. “Esto es una guía de consulta. Tú no debes llamar para vender. Una persona que vende cremas o colchones no puede utilizarlo, porque es una licencia para consultar teléfonos”, indican. “La inmobiliaria lo que quiere es ayudar al cliente a que venda o alquile ese piso”. En ese matiz, consideran, está la diferencia.
Bitmon está dada de alta como operador en el SGDA (Sistema de Gestión de Datos de Abonados) de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Esta plataforma se creó cuando se liberalizaron las telecomunicaciones en España para sustituir a la tradicional guía telefónica, que entonces editaba la operadora dominante (Telefónica). Todas las 'telecos' están obligadas a volcar ahí los datos de sus usuarios que hayan dado su consentimiento para aparecer en la guía telefónica, una cuestión que antaño se activaba por defecto (para desaparecer, había que contactar con la operadora).
A esa plataforma acceden los servicios de emergencia, de policía o bomberos y los operadores que se registran para elaborar guías telefónicas, como los números que empiezan por 118 o Bitmon. En teoría, estos operadores solo pueden ofrecer información de números de teléfono. Y si pretenden hacer algo más con ella deben pedir de nuevo el consentimiento expreso a cada usuario (algo que Bitmon no hace). Como recoge la web del Gobierno sobre el tema, “las guías telefónicas tienen la consideración legal de fuente pública de datos” por lo que no pueden utilizarse para realizar llamadas comerciales.
La empresa se escuda en que solo ofrece información, aunque su producto está orientado a inmobiliarias al incluir los datos y filtros del catastro. Son sus principales clientes, pero no los únicos. “También hay despachos de abogados, investigadores privados...”, indican. Las operadoras mantienen los datos de la SGDA actualizados, por eso si alguien ha dicho que no quiere que le llamen en Bitmon aparece un puntito amarillo al lado de su nombre. En ese caso, el responsable de incumplirlo es el comercial.
“En la nota legal pone cómo utilizar la guía”, continúan desde Bitmon. “Si tú como comercial consigues el teléfono de una persona, asegúrate antes de llamarla de que sigue apareciendo en las guías con punto verde”. Si no lo haces, la responsabilidad, dicen, es tuya.
La empresa se registró como operadora en 2014 y lleva poco más de un año y medio comercializando este producto. Los resultados que le da aún no son visibles, puesto que sus últimas cuentas presentadas son de 2016, cuando ingresó solo 56.000 euros.
Fuentes jurídicas consultadas consideran que esta actividad no es del todo legal. “Cada uso de los datos tiene que tener un consentimiento específico, expreso, libre e informado. No parece muy legal lo que hacen”, señalan. Para que fuera correcto Bitmon debería pedir a cada una de las personas que tiene en su base su consentimiento 'extra'.
“Cuando recabas datos de una persona, la ley te obliga a a informarla de lo que harás con esos datos”, añade Samuel Parra, abogado de ePrivacidad. “Otro artículo dice que tienes tres meses para informar. Si no lo haces, tienes que justificar por qué”. La empresa también podría alegar que tiene “interés legítimo” en usar esos datos. Pero si alguien lo denuncia, deberá demostrarlo ante la Agencia de Protección de Datos y un juez.
“Jamás me llamaron para pedir mi consentimiento”, concluye Alberto. “Y tiendo a decir que no a todo lo que suponga que me envíen publicidad. Mi nombre aparecía en amarillo, que significa 'no quiere publicidad'. A pesar de ello llamaron sin problema. Y si para cancelarlo hay que enviar un correo postal, solo el 5% de los usuarios nos borramos. Quizá esto facilite que más gente lo haga”.