Trabajadoras del hogar y de cuidados han anunciado este viernes la creación del primer sindicato a nivel nacional específico de este colectivo de empleadas, que registraron el jueves en el Ministerio de Trabajo con el nombre de SINTRAHOCU (Sindicato de Trabajadoras del Hogar y los Cuidados), explican a elDiario.es. Entre sus principales metas señalan la de “dignificar” sus condiciones laborales sobre todo a través de la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que equipara los derechos de las empleadas del hogar, la inmensa mayoría mujeres y muchas de ellas migrantes, a los del conjunto de trabajadores. Sumarse a este tratado supondría, entre otras cosas, el reconocimiento del derecho al paro de este colectivo, del que hoy en día se encuentra excluido.
“Distintas entidades y personas que llevan años colaborando para la dignificación de las condiciones laborales de estas mujeres han formalizado el registro de la organización que aspira a organizar al sindicar al mayor número posible de estas empleadas en todo el Estado español dándoles voz propia y no subordinada a ninguno de los grandes sindicatos”, recoge un comunicado de SINTRAHOCU.
Antes de la pandemia había unas 600.000 trabajadoras del hogar, de las que el 88% eran mujeres, según los datos medios de la EPA de 2019. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, del segundo trimestre de 2020, apuntan que el número de empleadas del hogar se redujo hasta las 483.000 personas, 97.500 menos de las que había en el último trimestre de 2019. Sin embargo, muchas de ellas trabajan en situación irregular, sin contrato ni estar dadas de alta a la Seguridad Social. Los últimos datos de afiliación del Régimen especial de trabajadoras del hogar indica que había 374.395 afiliadas en septiembre.
Las empleadas domésticas aseguran que dan este paso para poder estar presentes en las mesas de negociación de sus derechos, ya que consideran que “los sindicatos actuales no están legitimados para negociar en nuestro nombre y solo les interesa la concertación patronal”.
El nuevo sindicato ha creado un perfil de Twitter en el que explica en un hilo de mensajes varias de sus razones para formar esta nueva organización. “Nos sobran razones”, apuntan: “Aislamiento, despidos injustificados, abusos laborales, etc., son algunas vulneraciones de derechos que enfrenta el sector. La pandemia ha sacado a la luz la exclusión y explotación que venimos denunciando desde hace años”.
Quejas por la desprotección por desempleo
Desde SINTRAHOCU destacan que trabajadoras domésticas “enviaron un comunicado al Gobierno demandando una vez más la protección de derechos para el colectivo” y muestran su indignación “por haber sido excluidas de las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19”. El Gobierno aprobó por primera vez un subsidio extraordinario de desempleo para este colectivo de trabajadoras en los primeros meses de la pandemia, que se ha reconocido a unas “29.000 trabajadoras”, según afirmó esta semana la ministra de Trabajo y Economía Socia, Yolanda Díaz.
Díaz ha insistido en varias ocasiones en que este subsidio “ha venido para quedarse” y que la intención del Ejecutivo de coalición es ratificar el Convenio 189 de la OIT para reconocer el derecho al desempleo de las empleadas del hogar de forma estable, pero las trabajadoras domésticas piden “hechos”. En la prórroga de varias de las medidas del llamado 'escudo social' del Gobierno se han ampliado los ERTE, las ayudas para autónomos por cese de actividad y para trabajadores fijos discontinuos, pero no se ha prorrogado el subdisio extraordinario de desempleo para las empleadas domésticas, que estuvo vigente solo hasta un mes después del fin del estado de alarma.
Según los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social de septiembre, el régimen especial de trabajadoras del hogar es de los que más personas afiliadas ha perdido en el último año, con una caída supeior al 5%, que se traduce en 21.300 trabajadoras menos.
“Los objetivos del nuevo sindicato son la ratificación del Convenio 189 de la OIT, que contempla su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social para ser consideradas como el resto de sectores productivos, inclusión en el Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de prevención de Riesgos Laborales y, en tercer y último lugar, la derogación de la Ley de Extranjería que pone a las trabajadoras migrantes en una situación de vulnerabilidad frente a la explotación”, resume el comunicado.