El Ministerio de Trabajo ha cerrado un acuerdo con los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) para reducir la jornada laboral máxima a las 37 horas y media a la semana a lo largo de 2025. Este viernes por la mañana, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha firmado el pacto junto a los líderes sindicales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Lo hacen en pleno choque entre los ministerios de Trabajo y Economía a propósito de esta legislación, medida electoral de Sumar que pactó con el PSOE en el acuerdo para formar el Gobierno de coalición.
“Reducir la jornada laboral no es una medida económica más, es construir un país mejor”, ha destacado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el acto de firma de esta mañana, Visiblemente emocionada, Díaz ha destacado que la reducción alcanzará a las jornadas de alrededor de “12 millones” de trabajadores. “Un derecho para la gente más vulnerable”, ha sostenido la vicepresidenta, “trabajos eminentemente femeninos, de jóvenes y precarios”.
El acuerdo entre Trabajo y los sindicatos es bilateral, sin la patronal, que se descolgó de la negociación a principios de noviembre, tras once meses de negociaciones del diálogo social. Los empresarios rechazaron por unanimidad reducir por ley la jornada máxima de trabajo y el paquete de ayudas ofertado por el Ministerio de Yolanda Díaz, ya que la CEOE insistía en que esta materia debe quedar bajo la negociación colectiva de cada empresa y sector.
La salida de los empresarios dejó vía libre a un acuerdo entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios, que el Ministerio anunció como “inmimente” y que al final ha terminado de pulirse este viernes, cuando Trabajo ha convocado la firma.
Los líderes sindicales de CCOO y UGT han destacado la relevancia de este acuerdo, sobre todo en favor de las mujeres trabajadoras, y han destacado que hubieran deseado que se hubieran sumado los empresarios, para facilitar la aplicación en las empresas y la tramitación parlamentaria de la norma.
“El tiempo es un valor de época”, ha subrayado Unai Sordo, que ha advertido que también implica “creación de empleo”. Pepe Álvarez ha reiterado que la productividad ha aumentado desde los 80 y la reducción de la jornada es una de las claves para repartir la riqueza de las empresas por estos avances y ha subrayado que las 37 horas y media son “una parada” para avanzar hacia jornadas inferiores, como las 35 horas y las 32 horas a la semana.
Tras cuatro décadas con un máximo de 40 horas semanales de trabajo, desde la última reducción aprobada por el Gobierno del PSOE de Félipe González en los 80, el pacto recoge que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo “será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”, contempla el borrador legal al que ha tenido acceso elDiario.es.
Adaptación hasta 31 de diciembre de 2025
La fecha de aplicación de la medida es el año 2025, incluso para los convenios colectivos con una jornada máxima superior, para los que se da de plazo hasta el 31 de diciembre para adaptarse a la norma.
El despliegue de la reducción de la jornada es uno de los principales focos de fricción entre Economía y Trabajo, ya que el Ministerio de Carlos Cuerpo se ha abierto a retrasar más la medida para “ayudar a las empresas” a adaptarse, “de forma sostenible y equilibrada”, sostuvo este miércoles en una entrevista.
En cualquier caso, el pacto social alcanzado este viernes debe emprender ahora el camino para su aprobación en el BOE, que (en caso de que reúna los apoyos parlamentarios) en los sindicatos prevén que se produzca bien avanzado el próximo año.
Primero, el anteproyecto de ley debe llegar al Consejo de Ministros, para lo que tiene que superar algunos trámites previos, como su presentación ante el Consejo Económico y Social (CES). Después, la norma enfrentará el proceso más complejo: reunir una mayoría favorable en el Parlamento, donde al Gobierno le cuesta mucho alcanzar los apoyos a sus iniciativas y donde Junts centra especialmente las miradas, por su proximidad al empresariado.
Por tanto, es probable que el texto ahora acordado entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios pueda cambiar a lo largo de su tramitación en las Cortes, como han reconocido ambos líderes sindicales en sus intervenciones. Desde el “respeto a la democracia” y a las “aportaciones legítimas” de los grupos parlamentarios, Unai Sordo ha advertido de que los sindicatos estarán atentos a posibles intentos de “bloqueo” de la legislación en el Parlamento. Sordo y Álvarez han advertido de que en estos supuestos, o en los que se desvirtuaran aspectos claves del acuerdo, prevén “movilizaciones”.
No obstante, tanto Yolanda Díaz como Pepe Álvarez han destacado que la reducción de la jornada es una medida deseada por “dos de cada tres” ciudadanos, según las encuestas. “Voten lo que voten”, ha destacado la vicepresidenta segunda, “incluso a la eextrema derecha”. Por ello, el líder de UGT ha deseado que el Parlamento sea capaz de reunir a esa amplia mayoría alrededor de la legislación.
Para las personas con contratos a tiempo parcial (la gran mayoría mujeres) que trabajen en empresas que tengan jornadas a tiempo completo superiores a 37 horas y media, el acuerdo plantea que tengan derecho a mantener sus horarios y que aumente su salario, ya que estarán trabajando más porcentaje del total. Este es otro de los elementos con diferencias entre Economía y Trabajo, según el departamento de Yolanda Díaz.
Más temas: registro horario, desconexión digital y multas
El texto legal acordado entre Trabajo y los sindicatos mayoritarios regula también cambios en el registro de la jornada laboral, en el derecho a la desconexión digital y endurece las multas por abusos en los horarios, con el objetivo de combatir loa abusos sobre los horarios, de los más frecuentes.
El registro obligatorio de la jornada laboral tendrá que ser digital necesariamente (ahora puede realizarse en papel) y garantizar “la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad del registro de jornada”. Deberá ser accesible en tiempo real por la Inspección de Trabajo, entre otras novedades relevantes.
El derecho a la desconexión digital ya está reconocido en España, pero se concreta algo más, como “la ausencia de toda solicitud de realizar una prestación laboral y la ausencia de comunicación de la empresa o persona en quien delegue, así como de terceros con relación comercial con la empresa, con la persona trabajadora por cualquier dispositivo, herramienta o medios digitales, así como el derecho a no estar localizable fuera de su horario de trabajo”, recoge el borrador.
Además, se endurecen las sanciones por incumplir el registro horario, con multas por cada trabajador en lugar de las ahora existentes, que se aplican una sola independientemente del número de trabajadores.