La patronal elevó el tono y el ministerio ha respondido. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha señalado este lunes que “prácticamente seis meses después de que la mesa del diálogo social para la reducción de la jornada laboral comenzase sus trabajos, no hay una sola propuesta por escrito” de los empresarios. “No supone un panorama del que estar orgullosos”, ha dicho este lunes a la salida de la reunión con los agentes social en la que se negocia este asunto y donde ha recordado que “lo único que el Gobierno no puede tolerar es una estrategia dilatoria”.
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, afirmó la semana pasada que esta negociación no es un “diálogo social”, sino un “monólogo”. “Si tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo”, aseguró el líder de los empresarios, que llegó a reconocer que pediría que se revirtiese la medida si cambia el gobierno. Unas declaraciones que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, valoró como “muy graves”. “La patronal española no es quien pone o derroca gobiernos. Son los españoles en las urnas”, dijo en una entrevista en elDiario.es.
El ministerio se comprometió el pasado lunes a presentar a los agentes del diálogo social un texto sobre su plan para reducir la jornada laboral máxima a las 38,5 horas semanales en 2024 y a las 37,5 en 2025. “Enviamos un texto”, ha dicho Pérez Rey, “y nos encontramos con una patronal que no ha hecho ninguna propuesta alternativa”. El secretario de Estado se ha mostrado abierto a “valorar esas propuestas” y a “incorporarlas” al debate, pero ha insistido en que, para ello, necesita “conocerlas”. Por ello, ha conminado a la patronal a que “haga llegar los elementos de los que haga depender el acuerdo” antes de la reunión de la próxima semana.
“Si fuéramos al lunes sin ninguna propuesta alternativa, tendremos que tomar alguna decisión”, ha advertido Pérez Rey, que ha señalado que una negociación no puede consistir en “condicionar desde fuera lo que va a suceder, no hacer propuestas reales o condicionarlo todo a un cambio de Gobierno”. “El Gobierno de coalición tiene un compromiso con sus ciudadanos”, ha repetido en varias ocasiones durante su intervención.
Sanciones de 10.000 euros por persona
El texto que el ministerio presentó a los agentes del diálogo social, al que tuvo acceso Europa Press, contemplaba endurecer las sanciones en materia de control horario, con multas de hasta 10.000 euros para infracciones graves por trabajador con el que se incumplan las normas, en lugar de hacerlo de manera global. En su grado mínimo, las multas pasarán de 1.000 a 2.000 euros y en el medio, de 2.001 a 5.000. Además, como ya se había avanzado desde el ministerio, la intención de Trabajo es la creación de un nuevo registro horario digital y accesible de forma remota por parte de la Inspección de Trabajo.
El documento clarifica también la situación en la que quedarían los trabajadores a tiempo parcial. Los contratos de quienes ya tengan jornadas de 37,5 horas semanales pasarán automáticamente a ser a tiempo completo; habrá una subida proporcional del salario; y quienes disfruten de reducciones de jornada podrán pedir que el porcentaje de reducción se mantenga, aunque será el empresario quien decida “de manera motivada”.
La propuesta de Trabajo es del gusto de los sindicatos, que este lunes han mostrado una gran sintonía con el Gobierno en esta negociación. “Hay algún aspecto desde el punto de vista de mejora técnica, de redacción, pero recoge nuestros objetivos”, ha indicado el vicesecretario general de política sindical de UGT, Fernando Luján, que ha pedido a la patronal que diga, “primero, si está dispuesta a negociar” la reducción de la jornada y, después, “cuáles son los requisitos que necesitan para formar parte del acuerdo”. “Queremos saber si sus condiciones son asumibles para las organizaciones sindicales y si entra dentro del acuerdo de Gobierno”, ha dicho.
“Es muy difícil entrar en un proceso de negociación si no conocemos qué se quiere y qué se pide por parte de las organizaciones empresariales”, ha coincidido la secretaria confederal de acción sindical de Comisiones Obreras, Mari Cruz Vicente. Para este sindicato, el documento presentado por el Gobierno es “positivo”, por lo que se han comprometido a apoyarlo y a trabajar para “pedir el respaldo” de los grupos parlamentarios.