Trabajan “con dolor”, con salarios que no les permiten llegar a fin de mes en muchos casos y a punto del colapso mental y físico. Y en estas condiciones tienen en sus manos el cuidado diario de personas dependientes en sus hogares, un servicio público que en la inmensa mayoría de administraciones está externalizado. “Así que te medicas. Desde que te levantas, te medicas, porque si no, no puedes”, explica Concepción Santodomingo, auxiliar de ayuda a domicilio, profesión que ha examinado una reciente investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con alarmantes resultados sobre salud y precariedad. Por ejemplo, el 65% experimentan burnout, “este síndrome de agotamiento mental, físico y emocional en grado moderado o severo”, recoge el documento.
El estudio CuidémoNos. Auxiliares de ayuda a domicilio en España, 2022. Riesgos laborales y estado de salud ha sido elaborado conjuntamente por el Grupo POWAH, especializado en riesgos psicosociales, organización y salud laboral, y el Grupo de Investigación Multidisciplinar en Salud y Sociedad (GREMSAS), ambos de la UAB. El trabajo, a través de una encuesta a más de 300 profesionales y grupos de discusión más pequeños, ofrece una radiografía de esta ocupación clave dentro del servicio público de dependencia, que ejercen “unas 130.0000” personas pero que es “muy invisible”, explica Albert Navarro Giné, doctor en Salud Pública, uno de sus autores y coordinador de POWAH.
Tan invisible que cuando su equipo de investigación realizó una macroencuesta para valorar las condiciones y la salud laboral de los trabajadores durante la pandemia, en 2020, no las incluyeron entre las ocupaciones esenciales. “No las nombrábamos y recibimos el correo de una de ellas, que nos explicaba sus características, vulnerabilidades, etc. Es un colectivo tan invisibilizado que hasta nosotros nos habíamos olvidado de ellas”, reconoce el académico.
En la segunda fase del estudio, ya en 2021, las incorporaron. “Y vimos que eran de las profesionales que presentaban peores tasas de salud mental y consumo de fármacos más elevado. Comprobamos que era un colectivo especialmente vulnerable, que merecía la pena estudiarlo”, añade Navarro.
Así que los dos equipos de investigación de la UAB se centraron específicamente en estas profesionales, compuesto por una inmensa mayoría de mujeres, y que son el rostro y las manos que sustentan una de las patas del servicio público de dependencia: el cuidado a domicilio, para cuidados personales y atención de las necesidades del hogar de personas dependientes. Un servicio que está externalizado en la gran mayoría de administraciones, gestionado por empresas privadas que licitan en concurso público.
Los resultados del estudio muestran unas condiciones de trabajo muy expuestas a distintos riesgos laborales, que en la mayoría de casos no se miden de ninguna manera, alertan las trabajadoras, pese a que lo exige la ley. “Tanto la carga de trabajo excesiva como el ritmo elevado afectan a un 89% de las ayudantes de ayuda a domicilio (AAD)”, con riesgo intermedio o alto. “En su forma más dañina”, con un riesgo elevado, “la primera afecta al 58% y el segundo al 48%”, destaca el informe.
"Las mutuas no reconocen que sean bajas laborales, suelen decir que son problemas nuestros: que si tenemos artrosis o enfermedades degenerativas por la edad, cuando no lo son, derivan de nuestro trabajo
Eso se resume en los grupos de discusión en una fase: el “corre-corre”, que en muchas ocasiones se traduce en que “no comen porque dicen que no les da tiempo a ir de un domicilio a otro” y también en “muchos accidentes in itinere”, de ida y regreso al trabajo, subraya Albert Navarro.
En cuando al esfuerzo físico, “la mayoría de las AAD no tienen grúas a pesar de que las reclaman o las solicitan, lo que las expone a riesgo en el desempeño de su trabajo”, advierte la investigación. Ni grúas, ni camas articuladas, ni otros medios técnicos que faciliten las tareas de las profesionales, como levantar, lavar, acostar a las personas dependientes. “Los medios técnicos son muy insuficientes”, denuncia Eva María Cancelo, auxiliar de ayuda a domicilio en Galicia. “A veces les dicen a las familias que compren ellas las camas, las grúas, pero muchas no pueden permitírselo”, sostiene la trabajadora.
En estas condiciones, el trabajo se desempeña “con dolor” de manera muy extendida. “Las dolencias crónicas más frecuentes entre AAD son las de tipo musculoesquelético”, recoge el estudio, con más de una de cada cuatro trabajadoras afectadas de media, dolencias que aumentan su incidencia con el tiempo, cuantos más años se ejerce esta profesión. “Ellas te lo explican con toda naturalidad. Te dicen: 'Me levanto, me tomo el café y el ibuprofeno'. Lo ven como normal, porque es lo habitual para poder aguantar”, relata el coordinador de POWAH.
“Muchas compañeras van dopadas, hasta arriba de analgésicos cada día, agachadas del dolor de espalda...”, reconoce Isabel Viña, auxiliar de ayuda a domicilio y representante de UGT en Castilla y León, que critica que “las mutuas no reconocen casi bajas” por motivos laborales, que tienen mayor protección económica para las afectadas. Coincide Concepción Santodomingo, representante de CCOO en Madrid: “Las mutuas suelen decir que son problemas nuestros, que tenemos artrosis o enfermedades degenerativas por la edad y nos derivan a la Seguridad Social, cuando no lo son, derivan de nuestro trabajo”.
A las dolencias físicas se suman las emocionales y mentales, por el propio trabajo en contacto con personas dependientes, pero además agravadas por riesgos como la incapacidad para conciliar la vida personal y laboral (76% de las encuestadas), debido a horarios parciales y a veces discontinuos durante la jornada, así como una sensación de poco valor social y muy poco respaldo de sus superiores (74%).
Un 18% de las trabajadoras entrevistadas ha sido víctima de acoso sexual, con un porcentaje mucho mayor en el caso de las auxiliares de origen extranjero, el 46%
Esto último las deja en una situación de vulnerabilidad ante exigencias de las familias fuera de sus funciones, en general relacionadas con tareas de limpieza, y también cuando se dan situaciones de violencia. Más de la mitad de las empleadas, un 53%, afirma haber “sido víctimas de violencia verbal al menos una vez en el último año en su puesto de trabajo”, generalmente por los usuarios de los servicios (46%), pero también por sus familiares (14%). Además, un 18% de las entrevistadas ha sido víctima de acoso sexual, que se agrava con un porcentaje mucho mayor en el caso de las trabajadoras de origen extranjero, que alcanza al 46%.
“Ellas tienen muy interiorizadas algunas conductas, que las griten, incluso agresiones físicas, que reciban tocamientos... Como algo que va con el trabajo, lo justifican porque hay personas con deterioro cognitivo, lo minimizan mucho y a veces no son conscientes ni de lo que sufren”, apunta el investigador de POWAH. El informe destaca que “cuando llegan a esa situación de acoso sexual las soluciones son diversas; o cambian la AAD (poniendo a otra compañera mujer); o ponen dos AAD para ese servicio que hasta el momento se había dotado con una auxiliar, o si tienen hombres auxiliares les pasan el servicio”.
Además de los problemas de salud laboral, el estudio se detiene en los salarios y las condiciones materiales de las trabajadoras. Con salarios rozando el mínimo legal y la alta incidencia de las jornadas parciales, el resultado son empleos que no alcanzan en muchos casos para llegar a fin de mes. Casi una de cada cuatro profesionales entrevistadas (el 22%) declara haber tenido que pedir ayuda a sus allegados para adquirir bienes básicos en el último año. El 30,7% responde que su salario no cubre las necesidades de su hogar “nunca” o “solo alguna vez”.
Estas condiciones hacen que las personas más jóvenes “huyan” de estos puestos, indican las trabajadoras entrevistadas por este medio, mientras que solo aguantan las mujeres de más edad, que ven difícil recolocarse en el mercado laboral. También aquellas con más vocación, que aguantan por su intención de ayudar a este colectivo. “Son trabajadoras pobres, que enferman por las condiciones en que trabajan y a las que ni siquiera se les reconoce esa causa laboral. Así que siguen trabajando, porque son pobres, no se pueden permitir no hacerlo y no se pueden jubilar pronto porque la pensión que les quedaría sería un desastre”, resume Albert Navarro.
Todo esto sucede en un servicio público, subrayan las trabajadoras contactadas, que señalan a las Comunidades, Diputaciones y Ayuntamientos responsables de estos por no supervisar las condiciones laborales en las empresas que subcontratan y por favorecer ellas mismas esta precariedad, al “licitar contratos a la baja” y con dotaciones presupuestarias insuficientes, critica Isabel Viña.
“Dicen que hay que poner los cuidados en el centro, pero eso quedó muy bonito en la pandemia, y se ha quedado en un discurso”, lamenta Concepción Santodomingo, que reivindica la necesidad de valorar la profesión desde las administraciones públicas, que se pague un salario digno a las profesionales y que se invierta más en formación desde lo público. Con una población cada vez más envejecida, la ayuda a domicilio y los cuidados se prevé que sean un trabajo al alza en el futuro. “¿Pero quién va a querer trabajar en este sector en estas condiciones? ¿Quién?”, se pregunta Eva María Cancelo.
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