La actividad económica con los mayores salarios en España es, según el INE, el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, con 52.827,56 euros por trabajador y año en 2013, un 132,7% por encima de la media nacional. Pero el sector eléctrico y gasista no es ajeno a la cadena de subcontrataciones, precariedad y economía sumergida que afecta a muchas profesiones en España.
La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia ha destapado múltiples irregularidades en las condiciones laborales de los comerciales de la subcontrata de una subcontrata de Gas Natural en la zona de Levante que se dedicaban a captar “puerta a puerta” clientes de electricidad y gas para la multinacional.
Trabajo ha obligado a la compañía barcelonesa y a las dos empresas que trabajaban para ella a dar de alta de manera retroactiva a 146 comerciales empleados como falsos autónomos en el periodo comprendido entre mayo de 2013 y abril de 2015. Considera a la gasista y a su subcontrata “responsables solidarias” del impago de 277.589,65 euros en concepto de cotizaciones sociales no abonadas en ese periodo. La cifra incluye el correspondiente recargo del 20%.
La ejecución de la resolución de Trabajo está suspendida porque Gas Natural, su subcontrata, Dorset Marketing, y la subcontrata de esta y responsable última del fraude, Valcomunity SL, han recurrido el acta de liquidación de cuotas y el caso se dirimirá el año que viene en un juzgado de lo Social de Valencia.
El acta de la Inspección a la que ha tenido acceso eldiario.es refleja que “ninguno de los trabajadores se había dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos ni la empresa había cursado su alta al Régimen Especial de la Seguridad Social”. De esas 146 personas, solo doce seguían en la empresa en el momento de emitirse ese acta. Algunos no llegaron a trabajar ni una semana y otros estuvieron más de un año.
El acta tuvo su origen en la denuncia previa de un grupo de trabajadores de Valcomunity a la Inspección de Trabajo, que hace un año, el 26 de febrero de 2015, se personó en las oficinas en Valencia de esta empresa, subcontratada por la barcelona Dorset Marketing SL, con la que Gas Natural tenía firmado un “acuerdo de colaboración” para externalizar la captación de clientes desde el 30 de septiembre de 2009. Según fuentes de la gasista, tras la aparición de este caso ese acuerdo ha quedado sin efecto.
Según Maite Berenguer, abogada de los trabajadores afectados, Valcomunity “se dedicaba a crear ofertas de empleo dirigidas a chavales sin experiencia laboral ni estudios y muy desesperados por encontrar trabajo”, pero no les daba de alta en la Seguridad Social y les obligaba a firmar un contrato mercantil “encubriendo la verdadera relación laboral: sin autonomía para decidir su trabajo, el empresario decidía horario, vacaciones, funciones...”
Así lo certificó la inspección. Durante la visita, se entrevistó a cinco trabajadores que explicaron “que percibían sus honorarios por medio de cheques nominativos” y se “les pagaban únicamente comisiones mediante factura donde se cargaba el IVA, la cual elaboraba la propia empresa Valcomunity, SL y era igual para todos los comerciales”. La empresa les marcaba un “horario fijo”: entraban a las 9 de la mañana, recibían “formación” durante una hora y después visitaban clientes. “A las 15 horas debían volver al centro de trabajo para comer todos juntos con los jefes y comentar las incidencias de la jornada, y a las 16 horas volvían a visitar clientes hasta las 20 horas”.
Los trabajadores explicaron a la Inspección “que la empresa les marcaba no solo una zona y un itinerario sino que les daba unas hojas donde figuraba el nombre y domicilio del posible cliente a visitar”. Los listados de clientes “eran proporcionados por Gas Natural porque se trataba de antiguos clientes de la misma”; trabajaban en festivos (no sábados ni domingos), “porque el gerente les decía que esos días seguro que encontraban a los posibles clientes en casa ya que no estaban trabajando”; “las vacaciones anuales las marcaba la empresa teniendo en cuenta las necesidades del servicio” y “cuando estaban enfermos y no podían ir a trabajar, la empresa les exigía un justificante”.
Según el acta, el gerente, propietario y administrador único de Valcomunity SL, Vicente Cerdán Martínez, “confirmó todas y cada una” de las manifestaciones de sus empleados a la inspección y explicó “que las facturas las hacía la empresa porque los trabajadores no tenían una organización empresarial suficiente para ocuparse de dicha tarea”. Cerdán confirmó que “nunca” les abonaba gastos de locomoción ni dietas y que “solo les pagaban las comisiones que alcanzaban”, refleja el acta.
Sin un mínimo control
Gas Natural y Dorset, la empresa que a su vez tenía subcontratada la captación de clientes a Valcomunity, tenían estipulada por contrato “la prohibición de volver a subcontratar los trabajos”, cláusula que no se respetó. La inspección cree que no hubo la “mínima” diligencia por parte de la multinacional para impedirlo.
“Si Gas Natural Servicios SGD, SA hubiera ejercido una mínima labor de control sobre el grado de cumplimiento del contrato se habría percatado de que los trabajos forzosamente habían sido subcontratados”, señala el documento, que recuerda que el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores “atribuye responsabilidad solidaria por las deudas de Seguridad Social a los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras y servicios correspondientes a su propia actividad” y que conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, “si la contrata o subcontrata existen, la responsabilidad solidaria en materia salarial y de seguridad social lo será en cascada y afectará a todos los empresarios implicados en una eventual cadena contratas y subcontratas”.
No ha sido posible contactar con Vicente Martínez, el administrador de Valcomunity. En las oficinas de Dorset, con sede fiscal está en Vic (Barcelona), dicen que la empresa está “en proceso de cierre” y que el contencioso está en manos de sus abogados.
Por su parte, Gas Natural reitera los argumentos que expuso a la inspección en el proceso de alegaciones. Fuentes de la empresa dicen que esta “no tenía constancia de las subcontrataciones que esta empresa realizaba con terceros, como en el caso de Valcomunity, S.L., pese a que Dorset estaba obligado por contrato a proporcionar esta información”. “El contrato fue rescindido tras conocerse esta situación, que Gas Natural Servicios ni comparte ni apoya. La compañía vigila el correcto funcionamiento de sus contratas y rescinde y aplica sanciones cuando detecta incumplimientos”, señala en un correo electrónico. La empresa subraya que, al estar recurrido en los tribunales, “a día de hoy, no existe un pronunciamiento sobre este asunto ni por parte de los órganos jurisdiccionales sociales ni por la Administración”.
El acta sugiere que no se trata de un caso aislado: “Por parte de la Subdirección General en materia de Economía Irregular, Seguridad Social e Inmigración de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se ha detectado la existencia de grandes empresas (principalmente suministradoras de gas y electricidad) que subcontratan con otras el servicio de comercialización de su producto, y éstas, a su vez, contratan comerciales para que realicen la labor puerta a puerta”. “En muchas ocasiones, los supuestos comerciales no figuran en ningún régimen de Seguridad Social”.
A esta precariedad laboral se suman las ofertas “agresivas” y “poco transparentes” que, según las autoridades de Consumo de las Comunidades Autónomas, realizan las compañías eléctricas para tratar de convencer a los clientes de que abandonen la tarifa regulada de la luz (ahora conocida como Precio Voluntario al Pequeño Consumidor) y se pasen al mercado libre.
La denuncia a la Inspección de Trabajo fue promovida por un grupo de extrabajadores de Valcomunity, entre los que están Alejandro Bernat, Sergio Pozos, Alan García, Ramses Cabanilles, Miriam Donet, Miquel Lopez y Rubén Algarra, que no han tenido inconveniente en que su nombre aparezca en este reportaje. Algarra, de 26 años, trabajó durante más de un año en la empresa, hasta febrero del año pasado, “el día en el que llega la Inspección de Trabajo”, y lamenta que Comunity le metió, como a sus compañeros, “en un problema grave con Hacienda por sus mentiras”, porque no se les informó de que debían declarar el IVA. “Desde la propia dirección se nos dice que eso no resulta necesario hasta que percibes un cierto nivel de ingresos”, dice.
“Trabajábamos con producto de Gas Natural de gas y luz, para irse a la tarifa del mercado libre. Gas Natural nos facilitaba el listado de clientes de Iberdrola, Endesa, etcétera, tramitábamos el cambio y a partir de ahí nos daban una comisión por cada contrato o servicio. Cobrábamos por semanas”. El “máximo” por cada contrato eran 32 euros por lo que llamaban “el póker”, un contrato conjunto de gas y electricidad. “Unos días te hacías cinco clientes y otros ninguno”. Utilizaban su propio vehículo y se pagaban “absolutamente todo”. Visitaban una media de 20-25 clientes diarios y “había meses que cobraba 200 euros”. En su mejor mes, 1.400. “Han llegado a retirar dinero a un compañero por llegar tarde”.
“Todos los contratos los conseguirías a través de un engaño previo que tú te obligabas a hacer porque si no, pierdes dinero. Nada limpio”, resume Algarra, que añade que “si hubiera habido un accidente nos hubieramos comido todo. Todo es un marrón absoluto para el trabajador. Lo más pequeño es lo del IVA; es una manera de hacerse rico a costa de los trabajadores”.