Segundo aviso de Trabajo al Gobierno del PP y Vox en Castilla y León por desmantelar su organismo de mediación laboral. El Ministerio de Yolanda Díaz envió este lunes un segundo requerimiento, previo a la acción judicial, frente a la Junta de Castilla y León por “la falta de ejecución debida de la legislación” respecto a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), explican a este medio desde la cartera de Díaz. El limitado presupuesto asignado al organismo es insuficiente, insiste Trabajo, que amenaza con llevar al Ejecutivo regional ante la justicia.
La acción del Ministerio, que ya se preparaba desde el mes pasado, se ha materializado después de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertara del “preocupante deterioro del diálogo social” en Castilla y León. El director general del organismo de Naciones Unidas, Gilbert F. Houngbo, mandó una carta a la vicepresidenta segunda en la que le animó a seguir “tomando las medidas” que estén a su alcance para “la restitución del diálogo social tripartito y sus instituciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León”.
El Serla, organismo de mediación y arbitraje regional que trabaja para evitar que se judicialicen muchos conflictos laborales, está pendiente de un hilo desde que a comienzos de este año, en enero, Vox anunciara la disolución de la Fundación por una “falta de financiación” autoimpuesta. La Consejería de Industria, Comercio y Empleo, en manos de la extrema derecha en el Gobierno regional, no asignó presupuesto a esta entidad, dentro de su postura de recortes al diálogo social.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, comunicó un primer requerimiento a la Junta en marzo, que aunque el Ejecutivo regional minusvaloró e inadmitió, fue seguido de una asignación presupuestaria. En abril, la Junta de Castilla y León acordó destinar 400.000 euros a la Fundación Serla, pero la dotación pactada era muy inferior a la previa: un 60% menos que en años anteriores.
Trabajo valora ahora las medidas implementadas por el Ejecutivo que preside Alfonso Fernández Mañueco y advierte de que los 400.000 euros, “en la práctica”, “condicionan el ámbito material de actuación de dicha fundación”. Es decir, que la escasa financiación tiene repercusiones en las actividades que puede llevar a cabo el organismo, limitándolas.
El Ministerio afirma que se contempla la continuidad de la Fundación Serla, “pero sin posibilidad de que desarrolle su actividad en cuanto a los conflictos individuales, lo que impide dar un cumplimiento conforme al acuerdo de los agentes sociales o alternativo”. Además, valora que la solución acordada por el Gobierno regional “contraviene la capacidad de mediación ofrecida a las partes negociadoras de los convenios colectivos”.
“La alternativa adoptada por la Junta de Castilla y León arremete contra un sistema consolidado hasta ahora y, además, se desentiende completamente de la adecuada prestación de los servicios que se debe realizar en términos específicos”, considera Trabajo.
Por todo ello, el Ministerio de Yolanda Díaz concluye que “la inactivación total de la Fundación Serla es contraria a la distribución constitucional de competencias en materia laboral” y que “en ningún caso puede considerarse que la alternativa adoptada por la Junta de Castilla y León resulte respetuosa con la normativa laboral y las competencias estatales”.
En este segundo requerimiento, Trabajo exige al Gobierno regional que “devuelva los medios con los que contaba” el organismo para hacer su labor conforme al acuerdo de los agentes sociales, explican desde la cartera de Díaz.
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