El Ministerio de Trabajo ha presentado a los sindicatos y empresarios una primera propuesta verbal sobre la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media y la revisión del registro horario. Una de las medidas más destacadas consiste en extender la digitalización de este control diario de las jornadas –que ahora puede registrarse en papel– y que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto a estos registros, para hacer más efectivo su control.
Así lo ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, al término de la reunión con los agentes sociales este lunes por la tarde. En cuanto a la reducción de la jornada laboral, el Ministerio se reitera en el compromiso del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar: reducir la jornada semanal máxima de las 40 horas actuales a las 38 horas y media en 2024, y bajar a 37 horas y media en 2025.
Pérez Rey ha mencionado que esta reducción del tiempo de trabajo se llevaría a cabo de forma “paulatina” y ha precisado que estas cifras semanales serán una referencia que se trasladará como promedio a aquellos convenios que regulen sus jornadas en términos anuales, una situación mayoritaria.
Es decir, que la jornada de 37 horas y media a la semana no sería obligatoria en todos los casos, sino que si los convenios se regulan con jornadas de cómputo anual, estas tendrán que reducirse para que –en promedio– la semana laboral resultante cumpla con esa cifra. Pérez Rey ha reconocido, como exigían los sindicatos y empresarios, que esta medida ofrece “flexibilidad” a los centros de trabajo para adaptar las jornadas a los flujos de actividad y de trabajo.
Control de la Inspección de Trabajo en remoto
El 'número dos' de Yolanda Díaz ha explicado además varios cambios planteados por el Ministerio sobre el registro obligatorio de la jornada diaria de trabajo, aprobado en 2019, que Trabajo ha reiterado que no es efectivo a día de hoy.
Joaquín Pérez Rey ha explicado que los cambios en la regulación deben garantizar que el control horario sea fiable, transparente y accesible, como exigió la justicia europea en 2019. Para ello, el secretario de Estado ha defendido que hay que “prescindir del papel” y extender los controles digitales con garantías, para que “no sean manipulables”.
Como mecanismo de vigilancia, Trabajo quiere que estos registros sean accesibles para los inspectores, que podrían controlarlos a distancia de manera electrónica, en remoto. Esto garantizaría “una actuación mucho más eficaz de la Inspección de Trabajo”, que le permitiría “utilizar las potentes herramientas tecnológicas” ya disponibles y que consisten en el cruce masivo de datos, ha sostenido Joaquín Pérez Rey.
Multas por cada trabajador en lugar de una por empresa
Trabajo ha defendido también ante los sindicatos y los empresarios la necesidad de reforzar las sanciones ante los incumplimientos, que Pérez Rey ha insistido en que a día de hoy “no son disuasorias”.
Para ello, puede haber varias “fórmulas”, ha reconocido el secretario de Estado, entre las que ha mencionado dos. Por un lado, aumentar la cuantía de las sanciones, que hoy van de los 751 euros a los 7.500 euros en los casos más graves.
Por otro lado, Joaquín Pérez Rey ha planteado la posibilidad de sancionar los incumplimientos “por cada trabajador” en lugar de aplicar una multa por empresa, vigente en la actualidad. El secretario de Estado ha mencionado como buen ejemplo la reforma laboral, que aplicó ambos cambios respecto a los abusos con la contratación temporal.