La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y los secretarios general de UGT, Pepe Álvarez, y Comisiones Obreras, Unai Sordo, han firmado este miércoles el acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo tras meses de negociaciones y en segunda vuelta, tras el decaimiento del decreto anterior que la también ministra de Trabajo llevó al Congreso y que contó con el voto en contra de PP, Vox y Podemos. La formación que dirige Ione Belarra tumbó en enero la norma por la reducción del 125 al 100% de la cotización de los mayores de 52 años, que ahora el Gobierno ha corregido.
“Es un gran avance para nuestro país, que llega tras muchos meses de trabajo”, se ha felicitado Díaz, que puesto en valor el diálogo social como “herramienta para ganar derechos”. Álvarez y Sordo se han mostrado también “satisfechos” con el resultado de una negociación de la que resulta, han dicho, una reforma enfocada a la reinserción laboral de las personas desempleadas, a la vez que amplía la cuantía y los receptores del subsidio.
Tras la última reunión de la mesa del diálogo social, celebrada este lunes, el acuerdo entre Trabajo y los sindicatos parecía ya inminente. UGT y CCOO habían emplazado a sus órganos de dirección, que se reunieron este martes, a estudiar la última propuesta del ministerios, que finalmente han rubricado este miércoles. Del acuerdo queda fuera la patronal. Ello pese a que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, había confiado en que se incorporase porque, en su opinión, “no hay ningún motivo de peso para que se quede fuera”. Fuentes de la CEOE señalan que no consideran que se haya producido una verdadera negociación, sino un proceso de consultas, pese a que la propia Díaz ha agradecido sus aportaciones que la representación empresarial ha hecho “hasta ayer mismo”.
El texto presentado el lunes a los sindicatos mantiene las mejoras del anterior, como la ampliación del subsidios en 90 euros, hasta los 570, se amplia a los eventuales agrarios, a las temporeras marroquís que trabajan en España, incorpora como beneficiarios a las personas menores de 45 años sin cargas familiares, hasta ahora excluidas y equipara la cuantía que reciben las personas que habían estado empleadas a tiempo parcial, generalmente mujeres, con aquellas a tiempo completo.
“Es una medida de corrección de brecha de género muy relevante”, ha valorado Sordo sobre este punto, que revierte el recorte en este sentido que supuso la reforma laboral del PP de 2012. “Es un acuerdo que pone a nuestro país a cero en relación con la brecha de género, porque nos va a permitir ser un país más justo y que la parcialidad, que normalmente es un elemento que de manera muy importante se utiliza por mujeres, deje de tener una situación de discriminación”, ha coincidido Álvarez.
Además, tanto Trabajo como los sindicatos habían declarado estos días que la reforma había sido mejorada. Respecto al texto de enero, que tanto UGT como CCOO habían pedido que se aprobase en el Congreso para mejorarlo durante la tramitación, algo a lo que Podemos se negó, ahora se incorpora a las mujeres que hayan sido víctimas de violencia de género o sexual como receptoras del subsidio y a los emigrantes retornados.
La otra gran novedad, a la espera del detalle final del texto, es la posibilidad de compatibilizar prestaciones contributivas y empleo durante un tiempo determinado. En la reforma anterior, el Ejecutivo ya había permitido la compatibilidad del subsidio de 480 con el trabajo, una posibilidad que se amplía. El objetivo de esta medida es facilitar la incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral, aunque sea de forma temporal o parcial.
“Los subsidios son un instrumento temporal para que las personas que están en nuestro país en una situación de desempleo puedan acceder al empleo”, ha reivindicado el máximo responsable de UGT, que ha puesto en valor que ese es, precisamente, “el objetivo fundamental de este acuerdo”. El pacto entre el Ejecutivo y los sindicatos incluye también una reserva de 633 millones de euros para políticas activas de empleo orientadas a mayores de 52 años y programas de inspección “para evitar cualquier tipo de abuso” en la compatibilidad de prestaciones y trabajo, ha explicado Sordo.
Los sindicatos han aprovechado la firma del acuerdo para poner sobre la mesa cuestiones pendientes. En concreto, tanto Álvarez como Sordo se han referido a la revalorización del IPREM o su sustitución como referencia para el acceso a determinadas prestaciones, puesto que ha perdido un 14% de su valor desde que se creo en 2004. “Los secretarios generales nos reivindican más y hacen muy bien, tienen que pedir más derechos siempre y es una evidencia de que el diálogo social funciona”, ha concedido Díaz.
Tras conocerse que Trabajo mantendría finalmente la cotización de los mayores de 52 años al 125%, una exigencia de Podemos, que también compartían los sindicatos, Belarra celebró que el Ejecutivo “haya rectificado”. “Una vez más se demuestra que pelear y hacer ruido sirve para seguir avanzando en derechos”, dijo a través de un mensaje en su cuenta de X. El Gobierno consideraba que mantener esa sobrecotización, que se justificó en su momento por el bajo importe del salario mínimo interprofesional, generaba, con las últimas subidas del SMI, “disfunciones” con los 2,5 millones de personas trabajadoras que lo cobran y cotizan menos. Por eso, Álvarez ha pedido que esa cotización al 125% se aplica también a aquellas personas trabajadoras de más de 52 años que se queden por debajo. “Eso nos ayudará a que muchas de esas personas puedan acceder también a un empleo”, ha defendido.
“La causa por la que no prosperó (el anterior real decreto) era esta y ya está retirada”, confirmó el lunes el secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CCOO, Carlos Bravo. “Esperamos que pueda ver la luz”, coincidió la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, porque, con este cambio, “no habría ningún elemento que pudiera contravenir” su aprobación.
La reforma del subsidio por desempleo es un compromiso con Bruselas para el cuarto desembolso de los fondos europeos 'Next Generation', al que el Ejecutivo debe dar respuesta antes del 20 de mayo, tras una prórroga de dos meses.