Trabajo ultima un subsidio de desempleo extraordinario para las trabajadoras del hogar

El Ministerio de Trabajo tiene ya sobre la mesa una propuesta de subsidio de desempleo extraordinario para las trabajadoras del hogar, según han confirmado fuentes del departamento a eldiario.es. El proyecto, en el que también ha colaborado el Ministerio de Igualdad y que tiene que pasar todavía por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, podría aprobarse en el Consejo de Ministros extraordinario de este viernes o, como mucho, el próximo martes, aseguran fuentes del Gobierno. A falta de posibles cambios en esa Comisión, el subsidio paliaría la ausencia de paro de las empleadas domésticas: las que se queden sin actividad como consecuencia del estado de alarma cobrarían una prestación equivalente al 70% de su base de incapacidad temporal durante un mes prorrogable mientras dure la situación excepcional.

Según los últimos datos de afiliación, en España hay 394.000 trabajadoras domésticas dadas de alta en la Seguridad Social, la inmensa mayoría mujeres y, muchas, migrantes. Son el único colectivo sin derecho a paro: en una situación como la actual, un despido o una suspensión del contrato (aunque técnicamente no puedan acceder a ella) supone que estas trabajadoras se van a casa sin derecho a ninguna prestación. El Gobierno se comprometió a ratificar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que dota de protección social al colectivo.

De momento, y ante la situación excepcional por la crisis del coronavirus, Trabajo ha diseñado un modelo temporal, pero que podría ser retomado más adelante para aprobar una prestación ya definitiva para las empleadas domésticas. Para acceder al subsidio las trabajadoras tendrán que estar dadas de alta en la Seguridad Social y mostrar un documento que acredite que han perdido su actividad o parte de ella. Puesto que la mayoría de empleadas trabajan en varios hogares, bastará que pierdan la actividad en uno de ellos para que cobren la parte proporcional del subsidio. Conforme pierdan actividad podrán ampliar el cobro de ese subsidio y, al revés, en la medida en que recuperen esa actividad dejarán de percibirlo.

Una de las dificultades para diseñar una prestación de paro para el colectivo es que no existen bases de cotización reales, sino tramos de cotización que no reflejan exactamente los ingresos de las trabajadoras. Trabajo ha optado por fijar como referencia la base reguladora que hubiera servido para calcular la incapacidad temporal. El subsidio se calculará sobre el 70% de esa base. Es una proporción similar a la que se toma en cuenta para calcular la prestación por desempleo. No se exigirá periodo de carencia alguno, esto es, no hará falta tener un tiempo cotizado mínimo para cobrarlo, como ha sucedido también con el paro en los ERTE.

El máximo que podrá percibirse será el Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extra, es decir, 950 euros al mes. El subsidio podrá cobrarse durante un mes, y podrá prorrogarse mes a mes hasta que el Gobierno dé por cerrada la situación de emergencia y extinga la prestación. Será el Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) el que gestione la ayuda.

El diseño está pensado para que el subsidio sea compatible con la actividad y permita, por tanto, mantener el empleo que exista. En el caso de las internas o de las empleadas que trabajen en un solo hogar, la extinción de su actividad también dará lugar a este subsidio completo. Aunque fuentes de Trabajo aseguran que, de momento, no se ha producido una bajada significativa de las afiliaciones a la Seguridad Social de las trabajadoras del hogar, sí esperan que la situación del colectivo empeore conforme el estado de alarma se mantenga. Bien porque muchos empleadores coticen por sus empleadas pero no les paguen los salarios, bien porque muchos hogares decidan despedir ante la incertidumbre.

El subsidio no llegará a las empleadas domésticas que trabajan en la economía sumergida y que se calculan en unas 200.000. El Gobierno trabaja también en otras garantías de ingresos para alcanzar a colectivos a los que nos han llegado las medidas aprobadas por el momento, aunque aún están en discusión.