Tragsa prevé seguir creciendo gracias a los fondos europeos, pero con prudencia: “Después del ruido, viene la furia”

La empresa pública Tragsa prevé seguir aumentando su cifra de negocios gracias a los fondos europeos, tras el fuerte crecimiento que propiciaron los encargos extraordinarios derivados de la pandemia; pero su presidente, Jesús Casas, no quiere “repetir” la experiencia vivida tras la expansión puntual que en la anterior crisis financiera propició la ejecución del Plan E de estímulo económico y los posteriores recortes que aplicó la firma estatal.

“Después del ruido, viene la furia”, ha señalado este martes Casas, durante un coloquio en Executive Forum, para resumir que le suscita “cierta preocupación” el impacto que pueden tener los fondos europeos en una empresa que quiere ser “lo más homogénea posible” y “no crecer en estructura”.

“Lo que no quiero es repetir la aventura” y que para “2025 o 2027” quien dirija en ese momento la empresa se encuentre con una situación parecida a la de la anterior crisis, sin “gasolina con que alimentar el depósito porque el coche sea demasiado grande”.

Entonces, Tragsa aplicó un polémico expediente de regulación de empleo (ERE) no pactado con la representación social “que probablemente no fue necesario” y que “dejó bastante dolor y bastante frustración”. “Conviene aprender del pasado para no repetirlo”.

“Época oscura”

Tras registrar pérdidas entre 2012 y 2017, en lo que Casas ha calificado de “época oscura”, Tragsa volvió a los beneficios en 2018. En 2020, un ejercicio “absolutamente manchado del efecto del Covid” que “no es representativo”, superó por primera vez desde 2010 los 1.000 millones de euros de facturación y cuadruplicó su beneficio hasta 23,8 millones, frente a los 700-800 millones de cifra de negocios que marca su vigente plan estratégico. Una senda ascendente que probablemente seguirá al calor de los fondos Next Generation, según Casas.

El directivo ha explicado el papel de Tragsa, segunda empresa pública en número de empleados tras Correos, con 15.000 efectivos, como medio propio de la administración. La firma estatal, una de las 200 mayores empresas de España, tiene un parque de unas 5.000 máquinas y realiza el 73% de su actividad en el medio rural, donde se concentra el 68% de su fuerza laboral. Está presente “en 1.000 municipios de esos que se dice están en riesgo de desaparición”.

El año pasado, realizó unos 2.000 encargos para las distintas Administraciones. Fue contratada por la Comunidad de Madrid para adecuar en agosto más de 200 colegios a los protocolos Covid. En julio, se le encomendó el “encargo verdaderamente complicado de gestionar el ingreso mínimo vital” (IMV), lo que obligó a Tragsa a “contratar 600 personas en cuestión de seis días” y propició una “sarta de estupideces, de tonterías y de mentiras” en redes sociales cuando se decía que era una empresa privada que torpedeaba las ayudas para perjudicar al Gobierno.

Un episodio que llevó a la dirección de la empresa a percibir que “en general la sociedad española no sabe qué hacemos” en una empresa cuyo papel en la gestión de emergencias ha puesto en valor: “El día que cae Filomena en Madrid aquí aparecen 500 señores de Tragsa; el día que llega el Prestige a las costas gallegas, aquí aparecen 2.000 señores de Tragsa; y el día que se rompe la presa de Aznalcóllar aparecen 500 máquinas de Tragsa”.

Con presencia en todo el territorio nacional y en 14 países como consecuencia de encargos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), el Consejo de Ministros ha autorizado recientemente a la empresa cerrar una ruinosa filial que abrió en Brasil en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, que Casas ha puesto como ejemplo de los “resultados discutibles” del intento de Tragsa de competir con el sector privado en el exterior.

La empresa, con cuatro décadas de existencia, ha dado carpetazo a “todas aquellas actividades que no están estrictamente relacionadas con su objeto social”, como la obra civil que sea ajena, y ha “vuelto al núcleo duro, que es el del servicio público”.

Casas ha negado que Tragsa compita con el sector privado: “Somos parte de la Administración pública” y “las administraciones son libres para acudir a un contrato público externo o gestionarlo internamente”. “A nadie le sorprende que en la administración española exista una abogacía del Estado” o una Intervención, de la que carecen Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente.

La empresa, que depende de 74 administraciones de distintos niveles, “no puede presentarse a licitaciones” sino que hace lo que estas le piden sin “ninguna obligación de encargarnos absolutamente nada”; la empresa “no está para ganar dinero” y cobra las tarifas que fija la propia Administración a través de una comisión específica. “¿La Policía Nacional infringe la libre concurrencia de los detectives privados?”, se ha preguntado Casas.

El directivo ha destacado el “plus de responsabilidad” que implica trabajar con dinero público: “Yo soy plenamente consciente de que los últimos céntimos de mi sueldo los paga la persona más pobre de este país y eso aparte de ponerme la carne de gallina me supone un compromiso de responsabilidad con todo el país”.