Un mal día para Cristóbal Montoro. Este martes se ha sabido que el juzgado de instrucción número 22 ha admitido a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra los miembros del despacho que fundó, Equipo Económico, como ha adelantado ABC. Y dentro de unas horas, el ministro de Hacienda y Función Pública será reprobado por el Congreso de los Diputados por la amnistía fiscal inconstitucional.
Anticorrupción presentó una querella contra los integrantes del despacho Equipo Económico, la consultora que fundó el ministro. La querella también se dirige contra el expresidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio Manuel Teruel, por la adjudicación a dedo de un contrato en 2012. Las Cámaras de Comercio son un organismo tutelado por el Ministerio de Economía.
Equipo Económico se fundó con el nombre de Montoro & Asociados y el hoy ministro se desvinculó en 2008, cuando volvió a la política. Al bufete también estuvo ligado el hoy titular de Economía, Luis de Guindos.
El motivo de la denuncia, presentada en el decanato de los juzgados de Madrid, en Plaza de Castilla, es la adjudicación “a dedo” de un contrato de las Cámaras de Comercio en el año 2012. Entre los querellados está Ricardo Montoro, hermano del ministro de Hacienda y expresidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El resto de los denunciados son los otros gestores y/o propietarios de Equipo Económico, cuyo presidente ejecutivo es Ricardo Martínez Rico, que fue secretario de Estado de Presupuestos y Gastos con Cristóbal Montoro durante el Gobierno de José María Aznar.
También figuran los tres socios directores del bufete: Salvador Ruiz, ex director general de la Agencia Tributaria; Francisco de Asís, que fue director general del Gabinete Técnico en el Ministerio de Hacienda; y Manuel de Vicente-Tutor, exdirector del Gabinete del director general de la Agencia Tributaria.
El contrato fue adjudicado en 2012 a cambio de 216.000 euros para que Equipo Económico elaborara un estudio sobre la reforma de las Cámaras de Comercio. La tesis de la Fiscalía es que la Cámara, como organismo público, estaba obligada a sacar a concurso el contrato. Por contra, lo adjudicó de forma directa a una empresa integrada por ex altos cargos del Gobierno.
Finalmente el importe pagado fue inferior, pero siempre muy por encima de los 12.000 euros de máximo que estipula la ley para adjudicaciones directas. Desde las Cámaras sostienen que la adjudicación fue “legal”.