Para comprender las causas de esto hay que acudir al diseño de este tributo, que en lugar de uno, en realidad son dos. Es lo que se conoce como sistema dual. Por un lado están las rentas generales, también conocidas como del trabajo, al ser la nómina el origen más habitual de ingresos. Esto incluye también prestaciones sociales, desempleo o pensiones. Por otro lado se encuentran las rentas de capital, aquellas que se obtienen por rendimientos de inversiones: intereses, dividendos o ganancias patrimoniales.
Estas dos rentas tributan de manera diferenciada. Las más habituales, las del trabajo, tienen una fiscalidad mayor que las del capital. Por seguir con el ejemplo de quienes más ingresan, pagan un 45% por el tramo mayor de ingresos de renta general, frente a un 23% en el caso de las rentas del capital. Así, quienes tienen un mayor porcentaje de ingresos procedentes de sus inversiones, se ven beneficiados en el tipo efectivo final.
Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Público en la Universidad Carlos III, apunta a que este es un modelo habitual entre los países de la Unión Europea y de la OCDE. “La justificación tradicional es que las rentas de capital mobiliario son más móviles y, o coordinas con otros estados, o se va la inversión”, explica. Se asume en el estudio de este impuesto que una elevada tributación de las rentas del capital, si no está acompañada por otros países puede llevar a que los inversores lleven su dinero fuera, lo que haría perder recaudación.
Las estadísticas de la Agencia Tributaria permiten analizar el origen de los ingresos de los distintos escalones de renta. Para la mayoría de los contribuyentes, el 90% del dinero que perciben es por rentas del trabajo, incluyendo pensiones o prestaciones sociales. Esto comienza a cambiar cuando el escalón que se analiza es el 10% más rico y especialmente notable entre las rentas más altas. El 76% de sus ingresos procede de rentas que tienen una tributación más baja.
Jorge Onrubia, profesor titular de Hacienda Pública en la Universidad Complutense de Madrid e investigador asociado en FEDEA, reconoce que se pierde progresividad “para rentas muy altas”. Lo explica de este modo: “para contribuyentes de renta altísima, si su renta del ahorro es una proporción muy alta de su renta gravada, como los tipos marginales de la tarifa del ahorro son menores que los de la tarifa general, pues es probable que el tipo medio efectivo que pague sea inferior que el de otro contribuyente con la misma renta, pero que procediese fundamentalmente del trabajo”. “Sin duda es una limitación de los IRPF de tipo dual”, añade.
Una manera muy clara de ver la diferencia es analizando cuánto pagan sobre la base imponible —cifra sobre la que se calcula el impuesto— quienes ingresan más de 600.000 euros. Si se analizan las rentas generales, el tipo efectivo se sitúa en el 43%. Si, por el contrario, son las rentas del capital, se paga casi la mitad, el 22%.
Para este análisis se toman como referencia los datos de 2019. Los de 2020 muestran los efectos de la pandemia, que lastraron los ingresos de la población y, especialmente, a aquellos que más dependieron de aspectos como la evolución de los mercados.
Precisamente en 2019, los millonarios alcanzaron su mayor nivel de ingresos medios provenientes del capital: 6,2 millones de euros. Con ello, este colectivo ha logrado incrementar sus ingresos por primera vez por encima del punto álgido previo a la burbuja inmobiliaria, en 2006. El Gobierno implementó a partir de la declaración de 2021 la creación de un nuevo tramo del 47% para aquellos que declaran más de 300.000 euros por rentas del trabajo y del 26% para quienes ingresaron más de 200.000 euros por rentas del ahorro.
El incremento de los ingresos por rendimientos de capital de estos millonarios ha sido un punto importante en el incremento de la brecha que existe de desigualdad. Los superricos españoles son el grupo que más ha subido su renta media desde la entrada de España en la zona euro. Entre 2010 y 2019 se multiplicaron por tres (+190%): de 2,9 millones al año a 8,5 millones. Para el resto de españoles, subieron apenas un 18% en el mismo periodo.
Ruiz Almendral reconoce que “hay muchas voces críticas”, entre las que se incluye, que plantean repensar algunos aspectos del impuesto. Si bien, asume que los principales estudios académicos que existen sobre este modelo dual apuntan a los problemas de elevar o igualar los tipos marginales de las rentas del ahorro con las del trabajo.
El libro blanco para la reforma fiscal que realizó el comité de expertos elegidos por el Ministerio de Hacienda, en el que se encontraba Ruiz Almendral, se defendía buscar vías para ensanchar la base imponible eliminando beneficios fiscales no justificados. Si bien, apostaba por mantener el sistema dual, aunque se abriese a elevar los tipos para las rentas del capital. “Hay margen para subirlas”, apunta.
Diego Martínez López, profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, explica la disyuntiva que existe en el debate sobre si deberían tributar de manera igual unas rentas y otras, que “sin duda” beneficia a las rentas más altas. A favor, apunta, se sitúan los argumentos que señalan una “mejora de la equidad” ya que el origen de la renta “no debe determinar su tributación”.
Además, habría una “mejora de eficiencia” porque el tratamiento fiscal favorable puede incentivar que se “maquillen” rentas del trabajo o mixtas (como la de los autónomos), como rentas del capital. En contra, sin embargo, remarca que “sin una armonización efectiva a escala internacional, si no hay tratamiento fiscal favorable, devendría en una huida de bases imponibles y, por tanto, un deterioro de la capacidad recaudatoria”.
Onrubia recuerda además que mover capitales dentro de la UE es algo “muy poco costoso” ya que basta con un ordenador con conexión a internet. Por ello, apela a medir con cautela cualquier reforma que pueda hacerse de este impuesto. “Las apuestas tanto de la UE como de la OCDE es establecer regímenes fiscales que combinen transparencia plena con una imposición ”mínima“ que evite la desfiscalización”, apunta.
Las diferencias de tributación de estas rentas es un capítulo más de un debate más amplio que engloba a toda la tributación de los ricos, tanto en España como a nivel internacional. La pandemia de COVID-19 y la necesidad de financiar mayores gastos públicos ha abierto brechas en el debate en organismos internacionales que han llegado a plantear recuperar figuras que graven las grandes fortunas o las multinacionales.
De hecho, en este sentido, Onrubia plantea que para “compensar” el menor gravamen efectivo de las rentas de capital financiero “se pueden aplicar otros impuestos personales, distintos del IRPF, que inciden sobre el ahorro, como el Impuesto sobre el Patrimonio o el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones”.
Ambas figuras han sido ampliamente contestadas por la derecha, que ha reclamado en repetidas ocasiones su eliminación y, en determinadas comunidades ya se bonifican. En los últimos días se ha confirmado este rechazo frontal después de que la Junta de Andalucía, gobernada por el PP, haya anunciado la bonificación del 100% del impuesto sobre Patrimonio. La medida, que ya se aplica desde hace años en la Comunidad de Madrid, ha sido ampliamente respaldada por el PP, quien ha hecho bandera de las rebajas de impuestos a los ricos.
Las estadísticas del impuesto sobre Patrimonio señalan cómo ha crecido la riqueza de los contribuyentes más ricos sin que apenas haya crecido la tributación. Las 120 personas más ricas de España por propiedades declaradas, pasaron de declarar 13.200 millones de euros en 2011 a más de 21.300 millones en 2018. Al mismo tiempo, los impuestos que pagaron esos superricos por Patrimonio apenas variaron: 54 millones de euros en 2011 y 68 millones en 2018.
El citado comité de expertos se posicionó a favor de la creación de un “mínimo gravamen efectivo” para toda España para evitar la “nociva” batalla territorial en las rebajas de impuestos. El Gobierno ha esquivado retomar esta propuesta que sí ha defendido en el pasado, aunque ha abierto la puerta a crear un impuesto a las grandes fortunas. “Seguimos explorando esa capacidad de mayor aportación a la gran riqueza de nuestro país o a las grandes fortunas”, señaló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esta propuesta ya la avanzó hace meses Podemos, quien buscaba un impuesto específico para los patrimonios de más de 10 millones que fuera único en toda España.