Transferencias, préstamos y condiciones. “Nunca la UE da el dinero sin condiciones”, recuerda una fuente diplomática, “hasta los fondos de cohesión tienen condiciones: para qué se emplean”. Y luego está el estigma, la sombra de la crisis de 2008 y cómo las instituciones comunitarias respondieron: primero, tarde; y, después, vinculando las ayudas a los países que más sufrían con grandes sacrificios económicos, recortes en pensiones, en derechos laborales, en servicios sociales.
La Unión Europea de 2020 no es la de 2008-2015. Pero la sombra de la UE de 2008-2015 es alargada, y también lo es toda la arquitectura de gobernanza económica, que sigue vigente –si bien se ha suspendido temporalmente por la crisis del coronavirus–.
Pero tampoco la crisis es igual: aquella crisis financiera llevó a culpabilizar a las estructuras económicas de algunos países, y parecía que las recetas para salir de ella tenían esa connotación. La de ahora es fruto de una pandemia sanitaria, en la que un país como España, que cerró 2019 con un 2% de crecimiento del PIB, muy por encima de la media europea, puede cerrar 2020 con una caída del PIB del 9,4%, muy por encima también–pero en sentido contrario–, de la media europea.
La Unión Europea, en esta ocasión, está ultimando tres planes, basados en préstamos, para entrar en funcionamiento el 1 de junio, este lunes, dos meses y medio después de que la OMS declarara la pandemia del coronavirus.
Esta primera fase de ayudas, tiene tres patas: los 200.000 millones en avales del Banco Europeo de Inversiones para las empresas; los 100.000 del programa SURE para financiar ERTE; y los 240.000 millones del MEDE sanitario –el fondo de rescates de la UE reconvertido–.
En total son 540.000 millones para repartir entre los 27 para afrontar el descalabro económico. España, por ejemplo, ya ha anunciado que se quiere acoger a las ayudas del SURE. El Gobierno ha cifrado en algo menos de 18.000 millones lo que se va a gastar en ERTE, y los cálculos iniciales fijan en unos 15.000 millones lo que podría recibir España del SURE, lo cual le daría casi para financiar con dinero europeo esa partida, si bien aún falta por conocer exactamente a qué precio se prestaría ese dinero y cómo queda la cifra última que le correspondería a España.
Sin embargo, el Gobierno ya ha dicho que no tiene prisa por recurrir al MEDE sanitario, y eso que, según el presidente de la institución, Klaus Regling, España, que tendría acceso a unos 25.000 millones de euros, podría llegar a ahorrarse 2.000 millones en diez años en costes financieros.
¿Y por qué? Por el estigma. Es un dinero que sólo tiene una condición: que se emplee en “gastos de la pandemia directos o indirectos” y cuyo MoU –memorando de entendimiento– es una plantilla igual para todos los países. Pero, de momento, sólo lo ha pedido Chipre. ¿Por qué? Porque el dinero viene del MEDE, el fondo de rescates, y a nadie se le ha olvidado lo que pasó con Grecia, Portugal o España: los hombres de negro empotrados en los ministerios, la pérdida de soberanía, los despidos de profesores y funcionarios; los recortes en las pensiones, el Diktat de la troika.
Y luego está la segunda parte, pendiente aún de negociación: el plan para salir del abismo, el fondo de recuperación, cuya propuesta ha presentado este miércoles la Comisión Europea: 750.000 millones del Next Generation EU tomados prestados de los mercados financieros por el Ejecutivo comunitario, de los cuales 500.000 millones serían transferencias y 250.000, préstamos. Y el grueso de ese dinero, está destinado a “apoyar a los Estados miembros con inversiones y reformas para afrontar la crisis”.
¿Reformas? “Reformas y resiliencia”. ¿Qué reformas? Esto dice la Comisión Europea sobre el nuevo Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de 560.000 millones, el grueso de los planes vinculados a la reconstrucción: “Ofrecerá apoyo financiero para inversiones y reformas, en particular relacionadas con las transiciones ecológica y digital y la resiliencia de las economías nacionales, vinculándolas a las prioridades de la UE. Ese mecanismo quedará integrado en el Semestre Europeo. Estará dotado de un mecanismo de subvenciones de hasta 310.000 millones de euros y podrá facilitar hasta 250.000 millones de euros en préstamos. El apoyo estará disponible para todos los Estados miembros pero se concentrará en los más afectados, y allí donde las necesidades de resiliencia sean mayores”. Según los primeros cálculos, España podría acceder a 140.000 millones; 77.000 en transferencias y 63.000 en préstamos. De ellos, 66.000 millones en subvenciones y 56.000 en créditos saldrán directamente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: lo que falta en las nuevas partidas para cohesión y del fondo que apoyará la descarbonización de las regiones.
“No es un programa de ajuste con nombre distinto”, ha afirmado este jueves el comisario de Finanzas, Paolo Gentiloni. “Son los países los que diseñan qué proyectos quieren financiar con este plan, es el Estado miembro el que tiene la sartén por el mango”, ha dicho el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis.
¿Y qué supone estar integrado en el Semestre Europeo? Que es una herramienta sometida directamente a la gobernanza económica de la UE, aquella que marca los objetivos fiscales, la que denuncia los desequilibrios en déficit y deuda –con topes en el 3% de déficit y el 60% de deuda en relación con el PIB–, la que en la última década ha pedido hasta en 300 ocasiones recortes sociales o de derechos sociales, según el informe Discipline and punish: End of the road for the EU’s Stability and Growth Pact?, elaborado por Emma Clancy, investigadora del eurodiputado Martin Schirdewan (Die Linke), copresidente del grupo de la Izquierda Unitaria Europea (GUE).
“Junto a las exigencias de reducir el gasto público, la Comisión Europea ha señalado específicamente a las pensiones, la prestación de servicios sanitarios, el crecimiento salarial, la seguridad laboral y las prestaciones de desempleo”, señala Clancy.
Bien es verdad que con la nueva Comisión Europea, el Semestre Europeo en sus recomendaciones de primavera por países ha asumido por primera vez los indicadores relativos a la agenda 2030. Es decir, señalando las carencias en servicios sociales, que mucho tienen que ver con las recetas decretadas en la última década.
Pero también es verdad lo que está avisando Bruselas. “Una vez que vuelva la recuperación, debe volver la sostenibilidad de la deuda y se tendrán que retornar los objetivos presupuestarios a medio plazo”, ha dicho el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, quien no ha concretado una fecha para ello. ¿Cuánto tiempo se mantendrá la cláusula de escape que permite el endeudamiento y el déficit? “La condición es clara: una crisis económica grave en la UE o la eurozona en su conjunto. Este es el criterio en el que nos basaremos también para desactivarla. En estos momentos no podemos poner una fecha concreta porque tenemos un alto nivel de incertidumbre económica”, ha dicho Dombrovskis.
Gentiloni ha añadido: “No es un instrumento de rescate, es un instrumento voluntario sobre prioridades comunes, no es un instrumento de rescate con la condicionalidad que acarrea. Sabemos el pasado que tenemos, pero el futuro es otro”.
Es decir, que las exigencias del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y del Semestre Europeo, que fijan un déficit máximo del 3% y un 60% de deuda pública, volverán en cuanto pase la crisis del coronavirus.
Y el hecho de que el grueso de las ayudas para la recuperación estén insertadas en el Semestre Europeo buscan también eso: que no se desvíen de los márgenes de la UE ni de ese apelativo a la resiliencia –hacer acopio para cuando vengan mal dadas– que viene a ser el lema de los países del norte frente a lo que consideran cigarras del sur. Pero no sólo en lo que tiene que ver con los límites fiscales, sino también con lo que se ha marcado la UE como objetivos estratégicos: la transición ecológica y la digital.
Pero no es más que una propuesta, por mucho que la apoyen los principales grupos de la Eurocámara, los países del sur, la presidenta del BCE y, presumiblemente, cuente con el visto bueno del eje francoalemán y ponga en una posición de franca minoría a Holanda y sus aliados.
Y, como tal propuesta, será objeto de debate en la próxima reunión de líderes de la UE el 19 de junio, que será “dura”, según palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, porque requiere unanimidad y seguramente no se resuelva en un solo día porque, además, va vinculada al presupuesto de la UE para los años 2021-2027, que son otros 1,1 billones de euros aportados por los 27.
Transferencias, préstamos y reformas son los elementos que componen la respuesta europea a la crisis del coronavirus. Lo que está por definir es qué conllevarán las reformas, cuánto se mirará la UE en su espejo del pasado o si realmente apostará por un nuevo paradigma. De momento, no se habla de troika, ni hombres de negro. Pero los economistas institucionales tienen experiencia en el uso de eufemismos, y del mismo modo que a los recortes le llamaban austeridad; el tiempo irá llenando de significado los significantes “reformas y resiliencia”.
Los Estados miembros presentarán planes de recuperación y resiliencia a la Comisión Europea. Pueden hacerlo cada año hasta 2022, a más tardar el 30 de abril de cada año. Pero ya podrían presentar un primer borrador junto con su proyecto de presupuesto nacional en octubre.
Para brindar apoyo lo más rápido posible, se alentará a los Estados miembros a presentar su primer plan este año.
“La Comisión evaluará los planes sobre la base de criterios transparentes”, afirma el Ejecutivo comunitario: “Los planes deben abordar eficazmente los desafíos relevantes identificados en el Semestre Europeo, que contribuyan a fortalecer el potencial de crecimiento y la resiliencia del Estado miembro y a mejorar la cohesión; y debe contener medidas que contribuyan significativamente a abordar las transiciones verdes y digitales en gran medida. Las medidas deben evitar los impactos adversos en el clima y el medio ambiente”.
Siempre que los criterios de evaluación se cumplan satisfactoriamente, la Comisión Europea adoptará una decisión que establezca la contribución financiera de la que se beneficiará el Estado miembro (subvención y, si así se solicita, préstamo), y los hitos y objetivos.
Para la preparación y la aplicación de los planes de recuperación y resiliencia de los Estados miembros, el Consejo –los 27– también tendrá la oportunidad de debatir, en el contexto del Semestre Europeo, el estado de la capacidad de recuperación, resiliencia y ajuste en la UE.
Los planes adoptados se comunicarán tanto al Parlamento Europeo como al Consejo. La Comisión también informará anualmente sobre el progreso en la implementación de los planes por parte de los Estados miembros y sobre el gasto del Mecanismo para ambas instituciones.
A España le corresponden de este mecanismo de recuperación y resiliencia 66.600 millones de la parte de transferencias y unos 56.000 millones en préstamos, según la propuesta de la Comisión: la mayor parte de los 77.000 millones en subvenciones y 63.000 en créditos que recibiría con cargo a todo el fondo. Para llegar a esa cifra habría que sumar también el sobre para España de los nuevas dotaciones para cohesión y para fondo que apoyará la descarbonización de las regiones.