El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) sale al paso de la creciente presión de Unidas Podemos en el Gobierno para prohibir los cortes de todos los suministros básicos durante la pandemia y propone restringir la prohibición a la luz, pero no al agua o al gas, como pretende la formación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Fuentes del departamento que dirige la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, explican que el MITECO ha planteado “recientemente” que “no pueda suspenderse el suministro eléctrico a vulnerables” mediante la inclusión de una disposición adicional en el decreto ley para acordar una moratoria en los desahucios a personas vulnerables que debía haberse aprobado en el Consejo de Ministros de este martes.
La prohibición, que podría incluirse en esa norma “o en otra”, según el departamento de Ribera, afectaría no obstante solo al suministro eléctrico. Pero no al agua y la luz, como pretende Unidas Podemos. Fuentes de la Vicepresidencia Segunda dicen que el planteamiento de Transición Ecológica es “unilateral” y que “no hay acuerdo” al respecto.
La disposición adicional que plantea Transición Ecológica establece que durante los cuatros meses siguientes a la entrada en vigor de ese real decreto-ley “no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos”.
La prohibición estaría vigente así durante “todos los meses de invierno”, recalca Transición Ecológica. Afectaría tanto a los actuales beneficiarios del bono social de electricidad como a aquellos hogares que no tienen reconocidos esos descuentos pero para los que los que los servicios sociales acrediten que se encuentran en una situación de vulnerabilidad.
Esto es, aquellos que “no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro de electricidad, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, previa acreditación de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes”, señala el texto propuesto por el departamento de Ribera.
La disposición añade que el periodo durante el que esté en vigor esta medida “no computará a efectos de los plazos comprendidos entre el requerimiento fehaciente del pago y la suspensión del suministro por impago establecidos en la normativa vigente”.
En el departamento de Ribera dicen que “sorprende” la crítica realizada por miembros de Unidas Podemos en el Gobierno sobre una “negativa reiterada” de Ribera a dar luz verde a la prohibición de cortes de suministros básicos, en palabras de la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra.
Este martes, durante las deliberaciones del Consejo de Ministros, Belarra ha criticado que “en pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, María Jesús Montero, ha confirmado que la propuesta de la vicepresidenta cuarta se limita a los cortes de luz y ha destacado que Ribera “ha mostrado siempre una especial sensibilidad” ante las necesidades de los consumidores vulnerables.
En Transición Ecológica apuestan por “enfocar los recursos públicos a quien realmente los necesita” y subrayan que este texto lleva “días” en manos de los negociadores de Unidas Podemos. Un extremo que niegan desde la vicepresidencia de Pablo Iglesias: “Llevamos semana y media esperando su documento para introducirlo en el RDL de desahucios”, indican esas fuentes.
Desde Unidas Podemos destacan que “la protección debe ir más allá de las personas que perciben el bono social eléctrico y proteger a todas las personas en situación de vulnerabilidad, tal y como se define en el real decreto de escudo social aprobado en marzo al comienzo del estado de alarma”.
“El texto circulado a los medios por el Ministerio de Transición Ecológica no ha sido compartido con el resto de carteras y no es suficientemente efectivo por los motivos señalados más arriba”, añaden.
Por su parte, el ministerio de Ribera recuerda que al margen de esta iniciativa este departamento está trabajando en el bono energético que ultima el Gobierno en aplicación de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, que busca dar cobertura a los distintos consumos energéticos a los que se enfrentan las familias vulnerables.