Si la justicia tarda tres años en responder a una cuestión urgente, como la impugnación de un despido, ¿sigue siendo justicia? El sindicato UGT ha denunciado este viernes la “desprotección” de los ciudadanos y la pérdida de eficiencia de la justicia en los juzgados de lo social por el aumento de los retrasos para resolver los litigios. “Una buena parte de los juzgados de lo social están señalando en 2023-2024 y una parte significativa en 2025, existiendo casos límite, que están señalando en 2026”, denuncia un informe del sindicato presentado este viernes. Los peores registros se producen en Andalucía y, en concreto, Sevilla.
Según los datos recogidos por el sindicato, “un 25%” de los juzgados de lo social tramitan los llamados procedimientos urgentes, como despidos y casos sobre derechos fundamentales, entre otros, “en plazos que rondan el año”, un “periodo difícil de asumir”, considera la organización sindical. “Se trata de la primera instancia pues en la mayoría de los casos las sentencias son susceptibles de ser recurridas ante el Tribunal Superior de Justicia”, advierte el estudio.
En los llamados procedimientos ordinarios, “más de 26% de los juzgados examinados tienen señalamientos superiores a los 18 meses”, indica el estudio presentado este viernes. “Este tipo de procedimientos son los que sirven para reclamar salarios impagados, pero también prestaciones de Seguridad Social, pensiones y, recientemente, el ingreso mínimo vital”, recuerdan en UGT.
Andalucía, la peor parada con diferencia
La revisión de tiempos realizada por el sindicato tiene una clara perdedora: Andalucía. Es la Comunidad que acumula más demoras tanto en los casos urgentes, con señalamientos de juicio que se van incluso a los “36 meses”, como también en los procedimientos ordinarios, con retrasos hasta de “54 meses”, han explicado este viernes el vicesecretario general de UGT, Mariano Hoya, y el secretario Confederal, Fernando Luján.
Los responsables sindicales han puesto la alarma sobre Sevilla, que han advertido de que acumula las mayores demoras del país, por lo que han exigido a la Comunidad y al poder judicial un análisis sobre las causas y una reacción para solucionar los retrasos. “La situación de Sevilla es muy preocupante”, ha advertido Luján.
Aunque Andalucía en general encabeza los peores registros de media, el sindicato advierte que se observan diferencias importantes entre provincias, con “Almería y Jaén” con periodos de resolución de “un mínimo de cuatro meses” en casos de despido.
El sindicato subraya una situación “claramente angustiosa” en cuanto a los procedimientos ordinarios, con plazos que “rondan el año en Jaén y Cádiz”, pero con otros “juzgados que están señalando en plazos superiores a cuatro años”, donde de nuevo señalan a Sevilla. “En todo caso son frecuentes los señalamientos superados los 24 meses en casi todas las comunidades autónomas”, recoge el informe.
Tras Andalucía y a bastante distancia, el sindicato destaca los casos de Murcia, Aragón y Castilla-La Mancha con demoras que alcanzan el año en el señalamiento de casos urgentes. En cuanto a los procedimientos ordinarios, los mayores atascos se producen en la comunidad andaluza y después en Galicia y Catalunya, con 40 y 39 meses de demora respectivamente.
UGT requiere un análisis detallado de los retrasos, que en muchos casos tienen focos muy concentrados en determinados tribunales. “No deja de ser llamativo la gran diferencia de plazos entre distintos juzgados, aun en la misma provincia, que hace que un mismo procedimiento pueda tramitarse en un par de meses en algún juzgado y que en otro pueda llegar hasta los tres años”, subraya el estudio.