El Tribunal de Cuentas ha hecho público este miércoles el Informe de fiscalización del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España en el que pone en entredicho la utilidad del organismo público-privado que dirige Carlos Espinosa de los Monteros además de recriminar una serie de irregularidades en la firma de convenios con empresas e instituciones.
El Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España fue creado por por el Gobierno de Mariano Rajoy con el objetivo de mejorar la imagen de España en el exterior en diferentes ámbitos, aunque no tiene presupuesto ni desarrollo normativo ni un seguimiento ni control de sus actuaciones y convenios suscritos ni aparece en el portal de Transparencia información sobre el Comisionado.
Para empezar el Tribunal de Cuentas recalca “se ha observado que algunas de las funciones atribuidas al Alto Comisionado para la Marca España ya eran parcialmente asumidas por otros órganos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. A pesar de la creación del Alto Comisionado, dichos órganos no han dejado de tenerlas atribuidas”.
Además el supervisor añade que “la ausencia de presupuesto propio impide el desarrollo de actividades dirigidas al cumplimiento de su misión, comprometiendo el éxito del proyecto para el futuro”.
Como consecuencia de esta situación, el Tribunal de Cuentas subraya que la estrategia del Alto Comisionado y su Oficina se fundamenta en objetivos generales que “carecen del necesario desglose en objetivos sectoriales y acciones concretas y medibles” por lo que su “seguimiento desagregado ha sido prácticamente imposible pues no se establecen indicadores que permitan medir su consecución ni su impacto en la evolución de la imagen de España”.
Convenios dudosos
Por otro lado, el supervisor afea que Carlos Espinosa de los Monteros haya suscrito un acuerdo de colaboración “con una empresa textil de cuyo consejo de administración es miembro el Alto Comisionado”.
Sobre los convenios suscritos, el Tribunal apunta que “el seguimiento y control de la documentación y de la ejecución de estos convenios ha sido defectuoso” e incluso acusa al Alto Comisionado que el supervisor pudiera hacer su labor “impidiéndose, en algunos casos, la comprobación de la realidad de las actividades”.
Sumado a esta falta de control, también se denuncia que el Alto Comisionado “ha celebrado pactos suscritos de manera verbal, sin formalización de documento escrito, lo cual no se ajusta a las leyes administrativas de procedimiento y transparencia”.
El Informe recoge también “la firma del Alto Comisionado de un convenio con una asociación privada permitió que su Oficina pudiera disponer de fondos aportados
por empresas privadas que fueron destinados a gastos ordinarios de funcionamiento de aquella y al pago de servicios prestados por terceros para el proyecto, sin que la disposición de numerario se ajustara a la normativa que regula los flujos de ingresos a la Administración“.
En el informe de fiscalización, el organismo detecta que “tanto en la configuración del Alto Comisionado como respecto a las condiciones de ejercicio de sus funciones, no existe suficiente desarrollo normativo. En este punto, el Informe destaca que ni el Alto Comisionado ni su Oficina cuentan con normativa que regule su funcionamiento, más allá de su Real Decreto de creación”.
En el apartado de Transparencia, el supervisor destaca que “no consta publicada en el Portal de Transparencia ninguna de las informaciones que exige la mencionada Ley, salvo el currículo del Alto Comisionado en el apartado 'Currículums de altos cargos' del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, que no coincide con la información remitida a petición del Tribunal de Cuentas”.