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El Tribunal de Cuentas está investigando a Puertos del Estado por el posible sobresueldo irregular a una exdirectiva de la entidad pública que coordina el sistema portuario de titularidad estatal. El órgano fiscalizador ha abierto diligencias a José Llorca, presidente de Puertos durante el último Ejecutivo del PP, y a sus dos sucesores en el cargo ya con Pedro Sánchez en Moncloa, Ornella Chacón y Salvador de la Encina.
La investigación afecta a posibles irregularidades en la retribución que recibió a partir de 2017 Eva Miquel, ex responsable de Comunicación y Relaciones Institucionales de Puertos del Estado en la etapa del PP.
Durante la etapa de Llorca, que presidió Puertos del Estado desde 2012 hasta 2018 (ya lo hizo en la segunda legislatura de José María Aznar), se fichó a Eva Miquel en ese puesto, en el que cesó en julio de 2018, tras la moción de censura que descabalgó a Mariano Rajoy del Gobierno. Miquel es la esposa de Julio Gómez-Pomar, quien fue secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda entre 2014 y 2018, además de presidente de Enaire y de Renfe con el PP. Estos cargos cuelgan del mismo Ministerio del que depende Puertos del Estado.
El Tribunal no pone en cuestión el fichaje de la ex responsable de Comunicación de Puertos, sino un aumento de su retribución aprobado en 2017. Este contó con el visto bueno de Abogacía del Estado, pero, según el examen realizado por la Oficina Nacional de Auditoría de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), no se habría realizado de forma correcta y las cantidades pagadas tendrían que haber sido reclamadas.
El procedimiento en el Tribunal de Cuentas está en fase de diligencias, pero conlleva una petición de “fianza” de 37.000 euros (32.000 euros más intereses) a cada uno de los tres presidentes de Puertos investigados, porque no hicieron efectiva la devolución de la suma que la IGAE entiende que se pagó de más a Eva Miquel.
Para la directiva, en cambio, las exigencias habrían prescrito. Tanto Chacón como De la Encina aseguran a elDiario.es que han presentado recurso a la fianza dictada por el Tribunal de Cuentas.
Puertos del Estado explica en sus dos últimas memorias anuales que el Tribunal de Cuentas inició una pieza de “diligencias preliminares” en relación con “los pagos indebidamente satisfechos” en dos casos diferentes. Uno de ellos es “un pago en exceso a una exdirectiva del Organismo” que correspondería a Eva Miquel, aunque no indica ningún nombre.
En la memoria de 2021, Puertos ya concretaba que estas diligencias se centraban en “los supuestos pagos salariales en exceso a una exdirectiva de Puertos del Estado, por los servicios prestados desde el 17 de marzo de 2017 hasta el 24 de julio de 2018, que se cuantifican en 32,7 miles de euros”, y que trasladó solicitud al Ministerio de Hacienda, competente para incoar la reclamación del reintegro.
Un año después, en la memoria de 2022 que Puertos del Estado acaba de remitir a la IGAE, el organismo añade que, en enero del pasado año, el Tribunal de Cuentas “dispuso el traslado de actuaciones para nombramiento de Delegado Instructor” y que, con fecha 1 de febrero de 2023, “se ha notificado a Puertos del Estado la tramitación de las actuaciones previas como consecuencia de las irregularidades indicadas”.
Puertos también subraya en su última memoria que, en su opinión, “no concurre, en ninguno de los casos, un supuesto de responsabilidad contable por alcance que justifique la intervención del Tribunal de Cuentas, por cuanto están en proceso las actuaciones tendentes a la recuperación de dichas cantidades”.
Así, ante una posible responsabilidad patrimonial, el organismo trasladó una solicitud a Hacienda para, en su caso, reclamar el reintegro de las cantidades irregularmente abonadas [decisión que, indica, correspondería al Consejo de Ministros], así como para la apertura de un eventual expediente sancionador.
El Tribunal de Cuentas explica a elDiario.es que fue la Oficina Nacional de Auditoría de la IGAE la que puso en conocimiento del organismo fiscalizador las presuntas irregularidades detectadas al auditar Puertos del Estado. Estas originaron “la apertura de las diligencias preliminares y, posteriormente, de las actuaciones previas”, indica una portavoz del Tribunal de Cuentas.
Tras ellas, el organismo público “ha concluido la liquidación provisional que ha resultado positiva”. De ahí la reclamación de 37.000 euros a cada uno de los presidentes de Puertos del Estado. “Esta liquidación provisional concluye la existencia de un presunto alcance y presuntos responsables”, añade sin dar nombres.
El procedimiento “actualmente está en fase de requerimiento de pago” y “en la fase jurisdiccional posterior es donde en su caso, se ejercitará la pretensión de responsabilidad contable”. También matiza que, en cualquier caso, este procedimiento acabará en este organismo, porque lo que se exige en este tipo de casos es únicamente eso, responsabilidad contable.
Eva Miquel explica, en conversación telefónica, que comenzó a trabajar para Puertos del Estado “cuando se incorporaron otros directores de comunicación” de los otros organismos dependientes del entonces Ministerio de Fomento, ahora de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En su caso, argumenta, “con un sueldo inferior al del resto de directores, un 30% menos. Por cierto, todos ellos hombres”, apunta en referencia a los cargos de Renfe, Aena o Adif.
“La Secretaría General Técnica y Abogacía [del Estado] respaldan una adenda para igualarme el sueldo al del resto de directores, porque no solo me encargaba de la comunicación, también de la estrategia comercial y de las relaciones institucionales. Era un trabajo de 24 horas”, asegura.
Tras su cese, “me llegó una carta, que manda Salvador de la Encina”, presidente de Puertos entre marzo de 2019 y febrero de 2020, que indica “la denegación de la adenda. Me senté con abogados y me dijeron que el tema estaba prescrito”.
Para quien no hay prescripción es para quienes encabezaban el organismo que gestiona los puertos estatales, cuyo presidente desde finales de 2021 es Álvaro Rodríguez Danena. Este medio ha contactado, sin obtener respuesta, con José Llorca, máximo responsable de Puertos cuando se contrató a Eva Miquel y se aprobó ese sobresueldo presuntamente irregular. Llorca, según su perfil de LinkedIn, permanece en Puertos del Estado. Es responsable de Innovación desde su cese como presidente en 2018.
Ornella Chacón, primera presidenta de Puertos tras la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, indica que “a los 13 días de llegar” a la presidencia tiene conocimiento de que “se había desestimado un recurso presentado a Hacienda”, de quien depende la IGAE, por lo que Eva Miquel tenía “que devolver las cantidades cobradas”.
Explica que, en 2017, a Miquel se le hizo una “adenda a su contrato, con un informe favorable de Abogacía del Estado”. “Luego, parece ser que no se hizo correctamente”, añade. “Puertos recurrió [a Hacienda] y se le empezó a pagar a cuenta”. Es decir, se le mantuvo la subida salarial. “Cuando llego, ella es cesada”.
Chacón también argumenta que, en el momento de hacer la liquidación por despido, esta se realizó con la subida retributiva. “Se liquidó de forma errónea”, añade. “Yo no tengo ni idea de nada más, me centré en la gestión de la empresa. Me enteré de que no se habían liquidado esas cantidades en 2021, cuando hay informe provisional de IGAE que dice que no se había hecho. Ese informe se convirtió en definitivo y ha llegado al Tribunal de Cuentas”.
Por su parte, Salvador de la Encina afirma que no conocía a la directiva. “A mí se me mete” en el procedimiento “porque había que haber reclamado la diferencia”. De la Encina asegura que se entera del tema porque, en septiembre de 2019, llega un informe provisional de Hacienda que indica que se tenía que haber reclamado ese dinero a la exdirectiva. También añade que al sucesor de Eva Miquel se le siguió pagando ese sobresueldo. “Yo escribo [a Eva Miquel] una carta diciendo que tiene que devolverlo. Ella contesta que ya ha pasado un año”, en referencia a que habría prescrito.
“Yo esgrimo al Tribunal de Cuentas que cuando llego me encuentro con que la persona que sustituyó a la directiva se le siguió pagando de más. Y se lo hago devolver. Se le fue deduciendo todos los meses”, añade.
“Resolví la crisis de la estiba, un problema crónico. Fueron muchas horas y mucho sacrificio. Ahora, verme envuelto en esto, alguien que ni pagué, ni contraté, ni conocí, ni cesé. Tener que hacer frente a una reclamación económica es desagradable e inapropiado. Las competencias no son de la presidencia, son de la Secretaría General [Técnica] o de Recursos Humanos”, concluye De la Encina.
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