Un tribunal arbitral de La Haya suspendió una audiencia que debía iniciar el próximo 20 de enero para analizar las supuestas violaciones del Estado ecuatoriano a un tratado de inversiones con Estados Unidos, demanda presentada por la petrolera Chevron.
Así lo informó hoy la Procuraduría General de Ecuador en un comunicado, en el que confirmó que el tribunal arbitral suspendió el calendario procesal y la audiencia sobre el fondo de la demanda, que se debía extender hasta el 7 de febrero en Washington.
El gigante petrolero exige que se endose al Estado ecuatoriano una multimillonaria multa medioambiental impuesta a ella en las cortes ecuatorianas, en el llamado juicio de Lago Agrio, interpuesto por indígenas y colonos de la Amazonía del país.
La Procuraduría de Ecuador, por su parte, ha solicitado al tribunal arbitral que suspenda el litigio, conocido como “Chevron III”, debido a que, entre otras cosas, la demanda fue planteada “de forma prematura y equivocada”.
Ecuador también pidió insistentemente al tribunal que suspendiera la audiencia de fondo prevista para este mes, debido a que, además, podía haberse afectado el debido proceso, ya que no concedía el tiempo suficiente para preparar adecuadamente la defensa.
El tribunal en una orden procesal emitida ayer, jueves, concluyó que mantener la audiencia de enero “conllevaría un significativo riesgo de 'inequidad procesal'”, por lo que “resolvió suspenderla, al igual que el resto del calendario”, precisa el escrito de la Procuraduría.
Además, señala que el tribunal arbitral convocó a las partes a una reunión el 20 de enero en Washington, para fijar “un nuevo calendario procesal”.
Sobre esa decisión, el procurador general del Estado ecuatoriano, Diego García, dijo que era “necesaria” ya que el caso no podía continuar debido a que el fallo final de la justicia ecuatoriana contra Chevron se produjo mucho después de que la petrolera presentara su demanda contra el Estado.
Chevron fue condenada por una corte de Ecuador en 2011 a pagar más de 19.000 millones de dólares por los daños medioambientales que colonos e indígenas de la Amazonía ecuatoriana le imputaron haber dejado en sus territorios durante el tiempo en que operó en esa zona entre 1964 y 1992.
En noviembre pasado, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, tras analizar un recurso de casación, resolvió reducir la cuantía de la condena a la mitad, 9.500 millones de dólares, aunque la petrolera se ha resistido a aceptar el fallo, por considerar que la sentencia obedece a una trama de fraude en su contra.
Chevron ha intentado involucrar al Gobierno ecuatoriano con la decisión judicial, extremo negado por el Ejecutivo de Quito al recordar que el juicio por daño medioambiental fue instaurado hace más de 20 años por personas naturales (indígenas y colonos) de manera privada, sin la intervención oficial.
A criterio de García, “es evidente que esta controversia no responde al ámbito de un arbitraje de inversión y que el Tribunal ha rebasado los límites del derecho internacional al asumir una competencia que no tiene, lo que afecta la validez de cualquier decisión que adopte en el futuro”.
Además, el procurador señaló que ese hecho genera la posibilidad de que el Estado ecuatoriano demande la nulidad del proceso en el tribunal arbitral.
De su lado, Chevron recordó, en un comunicado difundido hoy en Quito, que presentó la demanda de arbitraje por que considera que Ecuador violó las obligaciones que tenía bajo el Tratado Bilateral de Inversiones con Estados Unidos.
Para la petrolera, la suspensión de la audiencia por parte del tribunal arbitral responde, en cambio, a que reconoce que las acusaciones de Chevron contra la República de Ecuador son “extremadamente serias” y quiere “establecer nuevos plazos de procedimiento para enfrentar estas acusaciones”.