Volkswagen, Uber, Mediaset, la papelera aragonesa Saica, el grupo Prisa o Enel y Acciona en su opa sobre Endesa. Son algunos de los clientes que ha tenido en su larga trayectoria en el despacho Cuatrecasas Cani Fernández, la prestigiosa jurista a la que, tras tres meses en Moncloa como asesora en Presidencia del Gobierno, el Consejo de Ministros prevé proponer este martes al Congreso como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Fernández fue fichada en febrero por Iván Redondo para asesorar al equipo más cercano al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, ha aceptado a sus 57 años el reto de encabezar la renovación de esta institución y poner fin a casi un año de interinidad en el pleno de un organismo clave para el funcionamiento de la economía española.
Junto a Fernández, y según avanzó El País, el Gobierno va a proponer para la vicepresidencia de la CNMC a Ángel Torres, que fue secretario general de Política Económica con Pedro Solbes y compañero de ministerio de Nadia Calviño cuando esta era directora general de Competencia; y como nuevos vocales, al experto en mercado audiovisual próximo a En Comú Podem Carlos Aguilar; Josep Sala (propuesto por ERC) y Pilar Sánchez Núñez, que ya fue vicepresidenta de la extinta Comisión Nacional de la Competencia (CNC), uno de los organismos que dieron lugar a la CNMC, desde 2010 hasta la creación del 'súperregulador' en 2013.
La función de este organismo, que el gobierno del PP decidió crear sin ningún consenso al fusionar la CNC con los antiguos reguladores sectoriales, va a cobrar si cabe mayor relevancia tras el tsunami del coronavirus. La historia demuestra que momentos de crisis económicas son especialmente propicios para despertar las tentaciones de algunas empresas para adoptar acuerdos ilícitos con los que repartirse el mercado.
Si la Cámara Baja da su visto bueno a los nombramientos, Fernández, murciana de corazón aragonés, con sensibilidad feminista y madre de dos hijos, aterrizará en la presidencia de un organismo al que se ha enfrentado desde el otro lado como socia del área de Competencia de Cuatrecasas. En el sector señalan como uno de los casos más importantes que ha dirigido en los últimos años el de la defensa de Volkswagen en el cártel de fabricantes de coches y concesionarios que la CNMC desmanteló en 2015 y por el que impuso la mayor multa de su historia, de 171 millones de euros, a 99 empresas del sector.
La ahora aspirante a presidir el organismo fue la artífice de la solicitud de clemencia que permitió al grupo Volkswagen denunciar los hechos y librarse de casi 40 millones en multas a sus filiales Seat, Volkswagen Audi España y Porsche Ibérica. Un movimiento que puso en pie de guerra contra la multinacional alemana al resto de integrantes del cártel, que se inició en el inicio de la anterior crisis, año 2008. El caso todavía está vivo en los tribunales, aunque el Tribunal Supremo ya ha empezado a confirmar las sanciones impuestas, en línea con el criterio de la Audiencia Nacional.
Otro caso que está pendiente de resolución en el Supremo es el de la multa de 59 millones que la CNMC impuso también en 2015 a varias papeleras por formar un cártel y que la Audiencia Nacional anuló a comienzos del año pasado por un defecto de forma. Una de las principales infractoras era la empresa aragonesa Saica, que es cliente de Cuatrecasas. Fue sancionada con 19 millones de euros. Fernández también dirigió la defensa de ese procedimiento.
Durante sus más de veinte años en las filas del bufete, en el que está en excedencia desde su llegada a Moncloa en febrero, Fernández participó también en operaciones de la envergadura de la venta de Canal+ a Prisa, la opa de Endesa por parte de Enel y Acciona o la venta de Agbar a Suez. Más recientemente, fue una de las asesoras legales de Uber ante la justicia europea.
Y, como contó El Español, el área que dirigía se encargó de la defensa de Mediaset durante la investigación que llevó a cabo la CNMC contra esta empresa y Antena 3 por conductas anticompetitivas en el mercado publicitario audiovisual. El caso se falló en noviembre pasado con una multa de 77,1 millones para ambas empresas, y podría obligar a Fernández a inhibirse en el desarrollo futuro del litigio en la vía contencioso-administrativa.
No obstante, fuentes del sector apuntan que en este procedimiento, Fernández estaba ya más centrada en la gestión del despacho que en el seguimiento de casos concretos, tras haber dejado de dirigir a petición propia a finales de 2018 la oficina de Cuatrecasas en Bruselas, desde donde había asesorado a clientes como Codorniú, Uber, Cepsa, Danone o Banco Popular ante las autoridades comunitarias.
Otras fuentes del sector ven muy plausible que, de salir adelante su nombramiento, Fernández se vea en el futuro obligada a inhibirse en procedimientos que afecten a empresas a las que ha asesorado en el pasado. Cuatrecasas es, junto a Uría y Garrigues, uno de los despachos más solicitados en España en la defensa de infractores y cartelistas.
El caso Albella
La propuesta de nombramiento de Fernández tiene ya el rechazo expreso del PP y trae a la memoria la reacción contraria del PSOE y Podemos en el Congreso en 2016, cuando estaban en la oposición, a la propuesta que pactaron PP y Ciudadanos para nombrar al actual presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, por su trayectoria previa en el bufete Linklaters.
Durante el debate para evaluar la idoneidad del candidato, el entonces portavoz socialista en el Congreso, Pedro Saura, avisó de que Albella iba a “verse inmerso en un conflicto de intereses muy a menudo, lo que podría hacer difícil la necesaria eficacia de la institución”. “Después de veinticinco años de ejercicio profesional en este campo, la posibilidad de que surjan conflictos de intereses podría ser tan grande que no se podría afrontar exclusivamente con la abstención”, dijo Saura, que advirtió de “una posible puerta giratoria al revés”.
“No dudamos de su capacidad, pero sí de su independencia”, dijo por su parte el portavoz de Podemos, Alberto Montero, que pidió una relación completa de las empresas para las que había trabajado Albella. “A lo mejor tiene usted que abstenerse o retirarse en más casos de los necesarios para la persona que va a presidir esa Comisión”.
Albella, cuyo mandato vence en noviembre de este año, ya se ha mostrado dispuesto a renovar en el cargo por otros cuatro años. El jurista, que desde hace tiempo tiene manos libres para tomar decisiones sobre empresas a las que asesoró, se abstuvo de participar durante sus dos primeros años de mandato en temas relacionados con el Banco Popular, Siemens, Tecnocom, Alantra y Link Securities.