En plena pugna en el sector del transporte entre colectivos de taxistas y plataformas de transporte con conductor sobre cómo debe regularse el sector, Uber ha encargado a la consultora Analistas Financieros Internacionales, AFI, un informe sobre el “Impacto socio-económico de la liberalización de las licencias VTC”. Un documento donde analizan el sector de las licencias de Vehículos Turismo con Conductor (las que se utilizan para los vehículos de transporte con conductor, es decir, las que utilizan plataformas como Uber o Cabify) y las consecuencias económicas y sociales que tendría su hipotética liberalización tal y como reclama la empresa estadounidense. Actualmente, la regulación fija el límite en una de estas licencias por cada 30 taxis.
Las conclusiones del informe señalan que “en un escenario de liberalización, la tarifa media ponderada de los servicios de taxi y de vehículos con conductor descendería en las ciudades de Madrid y Barcelona en un 35%”. Lo que se traduce en un sobrecoste de 4,9 euros por trayecto medio. Estas “rentas monopolísticas” hacen que la facturación que produce una licencia de taxi al año tenga una plusvalía de 20.357 euros, según señala el documento.
Carles Lloret, director de Uber para el Sur de Europa, señala que en el informe no se contempla una “liberalización del sector del taxi”, sino solo del sector de las licencias para coches con conductor. En este sentido, Lloret señala que eliminando el límite establecido para el sector de los coches con conductor se produciría una caída del precio de las licencias de los taxis que estiman de entre el 40% y el 50%.
El estudio, que se ha realizado con encuesta a 1.200 personas de Madrid y Barcelona, también hace referencia a la autorización del carpooling, anglicismo con el que hacen referencia a que estos vehículos con conductor puedan ser compartidos entre varios pasajeros. En un escenario de aprobación de este servicio, estiman que la bajada de tarifas se reduciría un 30% adicional, provocando una reducción media superior al 50% con respecto a la actual situación en la que existe un límite de licencias.
Lloret, en base al documento, explica que consideran que con la bajada de tarifas se produciría un incremento del mercado porque al bajar los precios más gente utilizaría estos servicios. Concretamente, apuntan que se produciría un trasvase de más de 79 millones de trayectos anuales en vehículos privados en Madrid y de 53 en Barcelona hacia los servicios de coches con conductor y taxi. Además, estiman que la reducción de tarifas y el aumento de la demanda de servicios aumentaría el número total de usuarios en 360 millones de euros en Madrid y 243 millones de euros en Barcelona. “Relativizando estas cifras por el número de desplazamientos, el excedente del consumidor podría aumentar en más de 3 euros por trayecto y usuario”, añade el texto.
Respecto al terreno laboral, en el documento consideran que habría un incremento de unos 7.000 puestos de trabajo en Madrid y otros 4.800 en Barcelona, pero siempre en el trabajo de las licencias VTC. En este sentido, no ven que se fuera a producir una destrucción de empleo en el sector sino más bien un trasvase de conductores que se dedican al taxi y se fueran hacia los coches con conductor.
Estiman en el documento que este incremento de usuarios y el trasvase del coche privado hacia estos medios de transporte también conllevaría una reducción de las emisiones de gases contaminantes por la “reducción de los tiempos de aparcamientos” y por la “reducción de vehículos particulares”. En términos numéricos, el estudio señala que con la eliminación de reestricciones 169 toneladas de dióxido de nitrógeno y 148 de carbono en Madrid mientras que en Barcelona supondría la reducción de 124 toneladas de dióxido de nitrógeno y 108 de carbono.
¿Cómo está el sector?
La presentación del informe se produce en un momento de tensión entre taxistas y plataformas. Por un lado, el colectivo taxista defiende la existencia de los contigentes de licencias y se manifiesta contra lo que consideran la “liberalización encubierta” del sector, que estiman que está compuesto por 70.000 licencias en toda España y que genera 100.000 puestos de trabajo directos (150.000 sumando los directos e indirectos) y más de 2.000 millones de euros en impuestos indirectos, así como también aporta 3.640 millones de euros a la Seguridad Social y 190 millones en IRPF e IVA. Por su parte, Uber defiende que se quiten las cuotas del sector de las licencias VTC puesto que esto permitiría hacer crecer el mercado con una bajada de precios para los usuarios y un aumento del valor agregado bruto.
En el mercado español, el sector del transporte de pasajeros está regulado por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre que se aprobó en 2013. En aquella normativa no se estipulaba ningún numerus clausus para restringir la concesión de licencias VTC. Sin embargo, el reglamento que desarrolla esta norma y que se aprobó casi en el último minuto de la anterior legislatura de Mariano Rajoy, en noviembre de 2015, blindó a los taxistas estipulando el contigente de una licencia VTC por cada 30 de taxis y establecía una flota mínima de siete vehículos para conseguir licencias de vehículos con conductor. Esta norma acabó siendo recurrida por Competencia ante la Audiencia Nacional.
Esta situación ha dado lugar a una situación paradójica en la que se están concediendo licencias por la vía judicial. Aquellas personas que solicitaron una licencia para este tipo de vehículos han ido obteniéndolas en los recursos presentados en los tribunales. De esta forma, se están incrementando el número de licencias que están entrando en la actualidad en el mercado para aquellos que la solicitaron antes de noviembre de 2015, cuando entró en funcionamiento el Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre.