- Documentación obtenida a través de filtrala.org revela las pretensiones estadounidenses: en el ámbito del comercio electrónico, ningún Estado podrá “otorgar preferencia a bienes producidos en su territorio, o a la compra de bienes de personas en su territorio”
Servicios jurídicos (abogados, procuradores notarios, registros) y servicios auxiliares de Justicia (funcionarios, secretarios judiciales y jueces); los servicios tecnológicos o de Internet, propiedad intelectual, transacciones electrónicas, firma digital, contabilidad, auditoría y teneduría de libros de cuentas, asesoría fiscal, arquitectura e ingeniería, consultoría en ciencia y técnicas de ensayos y análisis, servicios veterinarios y enseñanza.
Son las catorce grandes categorías de servicios cuya liberalización total ha propuesto Estados Unidos en el marco de las negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés) que negocia en secreto con la Unión Europea y una veintena de países, entre ellos Australia, Japón, México y Canadá.
eldiario.es ha tenido acceso, a través del buzón Fíltrala, que comparte con los medios La Marea, Diagonal y Mongolia, a dos de los documentos confidenciales que sirven de base a las negociaciones entre ese medio centenar de países. Estas discurren en paralelo al famoso tratado de libre comercio TTIP, que, como desveló en junio eldiario.es también gracias a Filtrala, pretende facilitar a EEUU la entrada en el negocio de los servicios públicos en Europa.
Los nuevos documentos son apenas seis páginas correspondientes a dos propuestas de acuerdo (una del 25 de abril y la otra, un “anexo” del 5 de septiembre) que recogen las pretensiones de EEUU y que suponen una parte muy pequeña de lo que está sobre la mesa: “Es como una partida de mus en la que sólo se han repartido dos cartas”, resume Pablo Sánchez Centellas, de la Federación Europea de Sindicatos (PSI, por sus siglas en inglés).
Para Rosa Pavanelli, secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, “los documentos filtrados confirman los peores miedos, de que el TISA está siendo utilizado para cumplir los intereses de las más grandes corporaciones”. Pavanelli considera “inaceptable que los ciudadanos deban basarse en documentos filtrados para enterarse de las leyes que sus gobiernos están negociando en su nombre.”
“El fin de la privacidad”
En lo relativo a “movimiento de información”, el documento señala que “ninguna parte podrá impedir a un proveedor de servicios de otra parte transferir, acceder, tratar o almacenar la información, incluyendo información personal, dentro o fuera del territorio” del país, “cuando esa actividad se lleva a cabo en relación con el ejercicio de la actividad comercial del prestador de servicios”.
Para el abogado Josep Jover, experto en propiedad intelectual, esto supone el “fin de la privacidad como la entendemos”. El consumidor “se convierte en la gasolina del proveedor de servicios e información”, lo que enmarca en la comercialización masiva del llamado Big Data (datos a gran escala en formato electrónico): “Los proveedores de información podrán tratar, recoger y vender sin cortapisa alguna los datos de los ciudadanos/clientes, propios y ajenos”, asegura Jover, para quien el TISA consagra la sujeción “al modelo americano de propiedad intelectual, donde ésta se compra y se vende” sin posibilidad de que se reconozca el arte, lo que podría implicar “la desaparición de las sociedades de autores y asimiladas” y de las ayudas a industrias culturales como el cine.
El denominado Big Data está de plena actualidad. Como señalaba hace unos días Julian Assange, fundador de Wikileaks, en una entrevista con Carne Cruda, “Google tiene más influencia que la que ha tenido nunca la Iglesia. Es como un confesionario global que guarda todos nuestros secretos y está conectado con el gobierno de Estados Unidos”.
En opinión de al abogado Josep Jover, que ha podido analizar la documentación obtenida a través de Fíltrala, el TISA equivale a imponer “una barrera que desprotege de una manera absoluta a los ciudadanos”. Por su parte, Rosa Pavanelli, de la federación de sindicatos PSI, considera que “la negociación irrestricta de flujo de información personal, neutralidad del Internet y firma eletrónicas puede ser usada para violar los derechos individuales. Los gobiernos deben ser claros sobre lo que están negociando en esos tratados secretos”.
En su artículo X-2, “Contenido local”, se propone que ninguno de los firmantes del tratado pueda, “para la prestación de un servicio”, imponer ni hacer cumplir al proveedor ningún requisito, obligación o compromiso. Tampoco cuando aquel requiera establecer presencia comercial en uno de los países firmantes. Se prohíbe así “cualquier tipo de modulación por parte del Estado para que el prestador de servicios venga obligado a adquirir bienes, servicios o mano de obra de carácter local”, resume Josep Jover.
También se propone que, en materia de comercio electrónico, ningún Estado pueda “otorgar preferencia a bienes producidos en su territorio, o a la compra de bienes de personas en su territorio”. Esta eliminación de cualquier tentativa proteccionista “no se aplica a los requisitos de calificación de los bienes y servicios con respecto a programas de promoción de la exportación y la ayuda exterior, o para requisitos impuestos por una Parte importadora con respecto al contenido de los bienes necesario para calificar para aranceles o cuotas preferenciales”. En otras palabras, según Jover, “básicamente este punto quiere decir que las limitaciones de subvenciones y facilidades” para los empresarios locales no regirán para las multinacionales, “que sí podrán agenciarse de todos los programas, preferencias y ayudas... siempre que sea para vender al exterior”.
Este tratado se negocia desde julio de 2013 en secreto en Ginebra (Suiza) por los autodenominados “muy buenos amigos de los Servicios”. Los documentos han sido calificados por el diario económico belga Le Echo (que adelantaba su existencia este martes en su edición impresa) como “un 'bazooka' contra la regulación del mercado de servicios” que persigue “liberalizar al máximo los mercados nacionales limitando en lo posible las posibilidades de regulación”.
Demandas contra empresas
Una primera filtración de las negociaciones, conocida a través de Wikileaks, permitió identificar a los servicios financieros como uno de los principales objetos de discusión. El nuevo documento establece que “ninguna parte podrá exigir al proveedor de servicios de otra parte, como condición para el suministro transfronterizo de un servicio en su territorio, que establezca o mantenga una presencia comercial o resida en el territorio de la parte”.
El resultado de esto es que cualquier ciudadano que quiera demandar a una empresa por un servicio mal prestado podría tener que iniciar acciones legales donde tenga su sede central, y conforme a sus leyes locales, ya que, explica Jover, de aplicarse las propuestas de EEUU, “desaparecerían los conceptos de jurisdicción y competencia” de ámbito nacional.
Para comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de Doha de la OMC intentó acabar, sin éxito, con todas las barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras los fracasos de estas negociaciones y del Tratado de Libre Comercio para las Américas (ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.
Todas estas negociaciones se llevan a cabo al margen de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Entre los grupos de presión que están impulsando actualmente el TISA y el TTIP están la US Coalition of Service Industries, que, fundamentalmente, defiende los intereses del lobby de los servicios financieros y tecnológicos de Estados Unidos, y el European Services Forum, donde están todos los sectores de servicios europeos.